Incumplimiento del 8% del PIB para educación compromete el futuro de toda la población

(CRHoy.com) El noveno informe del Estado de la Educación demostró varios retrocesos en el sistema educativo, que han contribuido de forma real a la crisis, siendo algunos de estos, la disminución del presupuesto asignado para la educación y el deterioro de las condiciones para el desarrollo profesional de los docentes.

Dicho informe reveló que uno de los problemas más graves y que compromete el futuro educativo, se encuentra la disminución del presupuesto para la educación que se ha convertido en el más bajo en los últimos 9 años.

Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el presupuesto asignado para educación en 2023 ha sido el más bajo de los últimos nueve años, lo cual impacta fuertemente en las políticas que buscan la permanencia de poblaciones vulnerables en el sistema educativo, por ejemplo, mediante incentivos como becas, transporte o el servicio de comedor, comentó el investigador del programa, Dagoberto Murillo.

En términos referentes al Producto Interno Bruto (PIB), este presupuesto representa tan solo el 6% del PIB, una cifra que impacta negativamente en las políticas destinadas a ayudar a las poblaciones más vulnerables a permanecer en el sistema educativo.

La Contraloría General de la República reporta que el presupuesto educativo para 2023 es de aproximadamente 2.780 millones de colones, lo que equivale a una reducción del 1,2% con respecto al presupuesto inicial de 2022.

Esta disminución constituye a un incumplimiento constitucional, ya que la Constitución Política establece que al menos el 8% del PIB debe destinarse a la educación.

Asimismo, el sector sindical rechazó la postura de la ministra Anna Katharina Müller, en sus cuestionamientos al 8% para educación.

"La posición de Ande a las últimas declaraciones de la ministra es totalmente en contra. No podemos compartir un discurso donde se quiera invisibilizar lo fundamental en la Constitución Política del 8% en Educación", señaló la presidenta del ANDE, Gilda Montero.

Müller, durante un foro al que fue invitada en la universidad privada Ulacit, cuestionó la asignación de tal porcentaje, el cual está establecido en el Artículo 78 de la Constitución Política.

¿Quién se inventó el 8%?, ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica de que tiene que ser 8%? Costa Rica es el país en América Latina que más invierte en educación, pero los resultados no son los que queremos.

Yo estoy más preocupada con lograr una planificación y una presupuestación por resultados que estar peleando por más presupuesto, señaló la ministra en dicho foro.

Por su parte, según el informe, esta reducción del presupuesto ha tenido un impacto muy significativo en los programas que buscan promover el acceso y la permanencia de estudiantes en situación de pobreza en el sistema educativo.

También revela que la inversión social en educación por habitante ha caído un 6,4% en el período 2017-2021.

Los programas han perdido una cuarta parte de su poder adquisitivo, lo que significa una amenaza a la reducción de la igualdad de oportunidades en la educación.

"En el 2015, el país invirtió 181 mil millones de colones en programas de equidad; en 2019, alcanzó su punto más alto, 268 mil millones; y, actualmente, el monto estimado es de 197 mil millones.

Es decir, en cuatro años estos programas habrían perdido cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo", añadió el investigador.

Desafíos en el desarrollo profesional docente

Además de la disminución en el presupuesto educativo, se ha producido un debilitamiento drástico en el desarrollo profesional de los docentes.

El presupuesto destinado a este propósito se ha reducido significativamente, y la cantidad de cursos y talleres disponibles para el personal docente también ha disminuido considerablemente.

La falta de incentivos para la capacitación ha llevado a una disminución del 79% en la tasa de participación docente en cursos disponibles en los últimos años.

Entre 2019 y 2023, el presupuesto destinado a este fin se redujo drásticamente, pasando de aproximadamente 4.100 millones de colones a 551 millones, lo que representa una disminución significativa en la inversión en la capacitación de los educadores.

"Ante la falta de incentivos para capacitarse, se observa un descenso de 79 puntos porcentuales en la tasa de participación docente en los cursos disponibles en el período 2018-2022", agregó Murillo Delgado.

Además de la reducción presupuestaria, se ha observado una caída del 63% en la cantidad de cursos y un 78% en la cantidad de talleres disponibles para el personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante el período 2019-2022.

"El desarrollo profesional docente en el sistema educativo es un desafío permanente para el MEP y es un elemento fundamental para garantizar la educación de calidad.

Especialmente después de la pandemia, es necesario atender los rezagos estudiantiles en aprendizajes y habilidades básicas", detalló el investigador.

Esta falta de oportunidades de desarrollo profesional, esto compromete la calidad de la educación, especialmente en un contexto posterior a la pandemia del COVID-19, donde se deben abordar las brechas en el aprendizaje y las habilidades básicas.

Impacto en las Poblaciones Vulnerables

Los retrocesos en el sistema educativo colocan a nuestro país muy lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo necesarios para ofrecer oportunidades equitativas de progreso a la comunidad estudiantil.

Esto impactará en mayor medida a las poblaciones más vulnerables del país, que ya enfrentan dificultades económicas y sociales.

Asimismo, el IX Informe del Estado de la Educación sugiere al Ministerio de Educación Pública (MEP) tomar medidas urgentes para abordar la crisis.

También recomienda la elaboración de una política de desarrollo profesional docente que incluya programas de mentoría, capacitaciones novedosas y presenciales en zonas rurales, así como cursos que fomenten el intercambio de experiencias entre profesionales.

Además, se insta al país a avanzar hacia el cumplimiento de la inversión del 8% del PIB en la educación pública, mientras se consideran reformas necesarias para mejorar esta inversión.