ICE avaló que Racsa ocultara datos previos a contrato de ¢1.500 millones para escáneres

La empresa estatal Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) recibió el aval del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para declarar confidenciales los detalles que se discutieron sobre la elección de un consorcio para obtener un contrato por ¢1.500 millones, para la operación de los escáneres en las terminales portuarias y fronteras del país.

Así consta en el acta de la sesión ordinaria N.º 2461 de la junta directiva de la institución, celebrada el 16 de agosto del 2023, en los puntos de discusión de Asuntos de la Gerencia General.

El artículo 3° de ese apartado, menciona que el tema de discusión sería el "Subcontrato para la Prestación del Servicio Complementario de Escaneo de Contenedores en la Terminal de Contenedores de Moín (Proyecto SINI)".

Ese día se avaló dar un visto bueno para la declaratoria de confidencialidad "otorgada por el Consejo Directivo del ICE".

Posteriormente, el 25 de setiembre, el mismo ente, en la sesión N.º 6592, oficio de referencia 0012-650-2023 del 18 de setiembre del 2023, volvió a dejar bajo esa tutela de confidencialidad, lo discutido sobre el mismo tema durante el 18 de setiembre.

Se trata un concurso que sacó a licitación el 9 de noviembre, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), bajo número de procedimiento 2023PX-000007-0090100001.

La cartera se vio obligada a publicarlo en busca de oferentes, luego de que la Contraloría General de la República (CGR), por medio del oficio DFOE-DEC-1338, advirtiera el 13 de junio al presidente Rodrigo Chaves y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que no podía otorgar el contrato de forma directa, como pretendían.

Consultado al respecto, el ICE respondió que "el contrato señalado pertenece a RACSA, la Junta Directiva de esa empresa justificó –conforme a la Política Corporativa de la Confidencialidad de la Información–, la solicitud de declaratoria de confidencialidad ante el Consejo Directivo del ICE, órgano competente para declarar con ese carácter asuntos de Grupo ICE, siendo el fundamento el artículo 35 de la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.

Conforme a dicha solicitud, y a criterios técnicos y jurídicos, el Consejo Directivo del ICE declaró confidencial el contrato por acuerdo firme".

Requisitos que solo Racsa cumplía

A ese cartel, el único en adaptarse a la perfección fue Racsa, que con el consorcio Corp. Low Risk Costa Rica S.A., Distrivet S.A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S.A. asumirían la operación de los escáneres.

Por ejemplo, uno de los requisitos era demostrar que contaban con al menos un contrato vigente por el servicio de escaneo de cargas de contenedores en algún punto de entrada o salida del país, siendo que únicamente Racsa cuenta con esa "experiencia" que requiere el contrato, al estar operando actualmente en la Terminal de Contenedores de Moín, Limón.

Mediante el oficio DSFE-0702-2023, firmado por Nelson Morera Paniagua, Director Ejecutivo Servicio Fitosanitario del Estado, se le hizo saber a Glenda Ávila Isaac, Proveedora Institucional Servicio Fitosanitario del Estado, que solo Radiográfica encajaba en los parámetros establecidos.

"Finalmente, la entidad Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, quien también fue consultada, indica que cuenta con la capacidad y experiencia técnica y financiera requerida para el despliegue del proyecto y que la tarifa de $25 referida, es considerada factible. De igual manera, RACSA aborda lo concerniente a integración de múltiples tecnologías, software, seguridad, entre otros que permiten satisfacer y cumplir de manera integral requerido por el SFE. Asimismo, indica que actualmente cuenta con experiencia en este tipo de soluciones a nivel nacional", se lee en el documento.

Las otras instituciones de gobierno que estuvieron al margen del concurso fueron el ICE y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), pero debido a que no respondieron las tres preguntas que planteó el SFE fueron excluidos.

Dicho vínculo comercial otorgará la operación de los escáneres por 10 años. Este se definirá en los próximos días, debido a que el jueves 21 de diciembre es el día de cierre de para presentar la oferta final.

Pese a que en el consorcio figuran sociedades con antigüedad de apenas poco más de un año y capital limitado, según datos del Registro Nacional, Racsa optó por otorgarles la operación de los equipos de monitoreo.

Por ejemplo, Corp. Low Risk se inscribió ante la Dirección General de Tributación en mayo del 2022 y ese mismo año en octubre se consignó, que se dedicaban a la instalación de equipos de seguridad, por lo que su experiencia no llega ni a los 15 meses.

Descartaron oferta más barata

Las otras empresas que ofrecieron sus servicios y cumplieron con los primeros filtros son SPC Telecentinel, Grupo Geos Telecom y PBS, esta última ofertó con un monto más barato que los demás.

PBS propuso cobrar $24,16 con IVA incluido, cuando el precio de Racsa es de $25.

Con la tarifa de $25 que cobraría Racsa, se estarían embolsando $10,9 millones anuales, tomando como referencia los 435.691 contenedores que entraron al país el año pasado. El dato se adjuntó en un informe de volumen de movimiento de cargas que se mueven por las estaciones de monitoreo del país.

Si se hubiera valorado la oferta de PBS, se hubiera pagado 10,5 millones anuales, es decir, se hubieran ahorrado $400 mil con esa propuesta.

Esa compañía se comprometió a cumplir con la entrega de los equipos en un plazo de 8 a 10 semanas, condicionado a disponibilidad en stock. El resto de los puntos a cumplir fueron confirmados por la empresa, sin embargo, el 14 de diciembre en el oficio DSFE-0702-2023, firmado por Morera se expuso que pese a que el precio sugerido puede ser menor, no expresan dicha cuantía.

Esta última compañía tenía todos los requerimientos e incluso ofreció un precio más barato que Racsa por el servicio, sin embargo, la exclusión obedeció al requisito de tener al menos un contrato similar con operación de escáneres, cuando hasta el momento, en Costa Rica solo Radiográfica calza con ese parámetro.

Morera Paniagua planteó el 10 de octubre, en el oficio DSFE-0568-2023, a Marco Acuña, presidente del ICE, en el proceso de sondeo de mercado, que debido al interés del gobierno de la puesta en marcha del proyecto, el contratista tenía que contar con los equipos de escaneo disponibles en Costa Rica, por lo que en ese caso, también solo Racsa podía cumplir.

"(…) siendo que una vez que finalice el proceso de contratación, deberá ejecutarse de forma inmediata. Se estima que los sistemas estén funcionando al finalizar el mes de diciembre de 2023", indican el texto, sin embargo, evidentemente el plazo no podía cumplirse.

Burgos-Venegas y Caso Corona

El diario La Nación dio a conocer esta semana que Braulio Venegas, expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, fue la persona que habría hecho posible que el abogado Carlo Magno Burgos, presidente de Corp. Low Risk, tuviera una reunión con altos mandos de Racsa.

Fue por medio de la exdirectora de negocios de Radiográfica que se constató la información y ella reveló que el encuentro virtual fue para hablar sobre el proyecto de escáneres que el gobierno le había encomendado a la empresa estatal.

Venegas salió del gobierno en medio de la polémica que se generó luego de que el medio revelara que también había coordinado una reunión en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), junto al abogado Francisco Montes Fonseca, quien figura como imputado en el Caso Corona.

Este es uno de los escándalos mediáticos que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró concluir con allanamientos y detenciones el pasado mes de noviembre, cuando desarticuló una organización que presuntamente se dedicaba a enviar cocaína líquida a Europa y Asia.

Un informe de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos en el expediente 22-000088-0622-PE, del cual CRHoy.com tiene copia, revela que los presuntos integrantes del grupo narco, presumían en sus conversaciones de tener contactos que les permitía tener "gran poder de decisiones en temas referentes a contratos que estaría adjudicando la empresa Racsa a empresas privadas".

"Además la aparente sociedad que existe entre Herrera Soto (empresario de refrescos), Fonseca Vargas conocido como Ómar y Montes Fonseca, también cuenta con alianzas de personas con un gran poder de decisiones en temas referentes a contratos que estaría adjudicando la empresa Racsa a empresas privadas, que se encargarían de operar los nuevos escáneres que instalaría el Gobierno de Costa Rica en varios puertos y puestos fronterizos", señala el informe del Ministerio Público incluido en el expediente.

El análisis de las intervenciones telefónicas menciona que detrás de los contratos podría darse un tráfico de influencias, debido a que personas involucradas en el negocio de la droga, estarían manipulándolos por medio de sus contactos para tener beneficios a la hora de sacar su mercadería por el puerto limonense.

La misma secuencia 1530105, de intervención telefónica realizada el 16 de mayo, a varios de los imputados, revela que ellos buscaban adueñarse de esa licitación.

Pese a que nunca referencian a una persona en específico de Radiográfica, mencionan el nombre (sin apellidos) de un funcionario, con el que Montes y Herrera tendrían comunicación directa, a quien contactarían para intervenir en la contratación para el manejo de los escáneres.

Montes menciona en una de las conversaciones: "yo, voy a hablar con Braulio para que Braulio nos consiga una cita con esta empresa y con RACSA, que ellos son quienes definen lo de los contratos".

El informe del Ministerio Público relaciona esto directamente con el objetivo del grupo de que "Braulio" los incluyera como una de las empresas privadas que buscaba tener el manejo de los escáneres.