Gobierno intenta quebrar modelo que garantiza autonomía de entes independientes
Intervención en la Junta Directiva del Banco Nacional es el caso más reciente
(Casa Presidencial).
La reciente intervención del Gobierno en la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) apunta a una intención del Poder Ejecutivo de quebrar el modelo institucional que garantiza la autonomía de entidades técnicas, ya sean públicas o privadas.
Así lo reconocen los analistas Sergio Araya, coordinador de proyectos del Área Política para Costa Rica de la Fundación Konrad Adenauer, y Gustavo Araya, de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La destitución de los directivos en pleno, comunicada por Casa Presidencial el miércoles y motivada por el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del BNCR —quien llegó a ese puesto sin contar con la venia de Zapote, pero como resultado de un concurso para el puesto—, se suma a casos anteriores que han evidenciado el interés del Poder Ejecutivo en ejercer amplio control, pese a tratarse de entes técnicos de naturaleza pública o privada.
Según reconoció un exdirectivo a este medio, la remoción de la Junta Directiva del Banco Nacional, ordenada por el presidente Rodrigo Chaves, fue la consecuencia directa de la negativa de ese órgano a designar en la Gerencia General de la entidad a un candidato afín al Gobierno, y de mantener el nombramiento de Ulloa, una decisión amparada en un proceso técnico llevado a cabo por la empresa Doris Peters & Asociados.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha demostrado con justificaciones técnicas su decisión de remover a la Junta Directiva del BNCR ni de nombrar a otros directivos en cuestión de minutos.
Meter manos
Instalaciones de CINDE. (CRH).
Un intento similar a lo sucedido en el BNCR ocurrió a principios de 2023, cuando el Gobierno trató de influir en el proceso de selección y nombramiento del director de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), una agencia privada de promoción de inversión extranjera directa (IED) en el país.
Casa Presidencial ejerció presiones para que fuera designada una figura de su círculo cercano y ligada a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), en vez de Marianella Urgellés, quien finalmente fue escogida en un concurso en el que participaron unos 200 candidatos realizado por la firma PWC.
El rechazo de CINDE significó que el 3 de mayo de ese año el Gobierno rescindiera de manera unilateral el convenio de cooperación que mantenía con esa entidad y le cortara el financiamiento para su trabajo en la atracción de nuevos proyectos de IED.
En 2024, la Presidencia también extendió su control sobre la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), una entidad pública no estatal, como ya lo venía haciendo desde un año antes.
En enero de 2024, el Poder Ejecutivo no ratificó a los cuatro representantes propietarios elegidos por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en la Junta Directiva y mantuvo a otras personas nombradas temporalmente.
Los otros tres directivos, incluido el presidente del BPDC, Jorge Eduardo Sánchez, fueron nombrados por Casa Presidencial, a pesar de los cuestionamientos sobre su idoneidad hechos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Concentración de poder
Banco Popular. (CRH).
Sergio Araya confirmó que existe una clara intención, por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, de lograr una mayor concentración de poder sobre entidades técnicas, lo cual contraviene el diseño institucional del Estado, que ha privilegiado la existencia de entes con autonomía en distintos ámbitos.
"Pareciera, al menos por parte de esta administración, que hay una intención de buscar una mayor concentración que, de alguna forma, vaya en concordancia con ese lineamiento del Ejecutivo de tratar de centralizar la toma de decisiones y armonizar el quehacer de las instituciones con las líneas estratégicas derivadas del Poder Ejecutivo, y particularmente de la Presidencia de la República", comentó.
Por su parte, Gustavo Araya aseguró que el Gobierno ha tenido una etapa importante de "expansión", en la que se ha evidenciado que, de manera directa —como en las juntas directivas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el BNCR—, así como en otras instancias como CINDE, ha querido imponer sus propias figuras.
"Ni en la época del bipartidismo se vio un deseo irregular tan marcado, pues en ese entonces se respetaba que, para que existiera continuidad y no se entorpecieran los planes de largo plazo que beneficiaban a la población, se hacían cambios de tres o cuatro personas, pero no de toda la junta directiva", explicó.
Este politólogo afirmó que se trata de un comportamiento irregular del Gobierno, tendiente a la corrupción, por querer imponer a la fuerza —y sin argumentos basados en ciencia ni técnica, ni en ningún informe o estudio— a figuras que le resulten convenientes.
"Hay lo que podría interpretarse como un evidente interés en infiltrar intereses personales y políticos por encima de los de la ciudadanía y de los institucionales", añadió.