Gloriana López deja el PANI con tres casos en el aire y en medio de la polémica

(CRHoy.com) La salida de la abogada Gloriana López Fuscaldo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deja en el aire -cuando menos- tres casos que generaron cuestionamientos sobre su labor.

El abordaje de la familia de Keibril Amira García Amador y los más de dos meses que esta bebé tiene desaparecida, las supuestas torturas que sufrieron 25 menores en un albergue que mantenía un convenio con la institución, así como la denuncia de una diputada por nueve muertes ocurridas en otro refugio, son parte de los temas que mayor presión metieron a la ahora exministra de Niñez y Adolescencia.

Si bien su renuncia responde a "asuntos personales", según un comunicado publicado la noche del lunes por la Presidencia de la República, lo cierto es que en la Asamblea Legislativa eran cada vez más los que exigían su dimisión. La más vehemente, tal vez, fue la congresista Daniela Rojas Salas.

Apenas el 14 de junio pasado, la parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dio a conocer que nueve niños murieron en un centro de cuido administrado por una organización no gubernamental en Alajuela y alegó que el Patronato de la Infancia no había hecho nada al respecto. La diputada no detalló en qué periodo se dieron esos fallecimientos, únicamente precisó que se trataba de un albergue que velaba por menores de edad "con condiciones médicas especiales".

De seguido, durante su control político, la legisladora expuso otro caso en un refugio en Pérez Zeledón, en el que se presume que un cuidador le mordía las orejas a los niños.

Tras investigar el caso, la entidad descartó que aquella situación constituyera un abuso sexual y, luego de haber separado al personero durante la pesquisa, se ordenó que el mismo fuera reinstalado. Rojas Salas adujo que en este caso debió primar la seguridad de los menores sobre la inocencia.

Aquellos ejemplos de supuesta negligencia de la institución que dirigió por López Fuscaldo fueron revelados por la congresista tan solo horas más tarde de que CRHoy.com diera a conocer un allanamiento efectuado por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por aparentes torturas ocurridas en perjuicio de por lo menos 25 adolescentes del albergue San Agustín, en Vázquez de Coronado.

En ese operativo fue capturado un trabajador social de apellidos Padilla González, quien según la hipótesis acusadora, tenía asignado por lo menos un expediente de las aparentes agresiones que sufrían los menores de entre 12 y 17 años en ese refugio.

La entonces presidenta ejecutiva del Patronato de la Infancia se presentó al centro de cuido intervenido a la hora de los noticieros y aseguró que había sido citada, pero la Policía Judicial le impidió el acceso hasta avanzada la tarde, cuando se le permitió coordinar el traslado de los muchachos a un espacio seguro.

Inicialmente, la jurista dio declaraciones a los medios que dieron cobertura a las diligencias -incluido el que usted consulta- y enfatizó que se enteró del caso por lo que había visto en diferentes notas. Resaltó que su prioridad en ese momento era sacar del lugar a los jóvenes.

"Hay un departamento que se encarga de la supervisión de estas oenegés. Hay convenios de cooperación que se firman una vez al año", explicó la abogada al referirse a cuál es el seguimiento que se le da a los albergues enmarcados en 122 pactos suscritos por la entidad.

Unas horas después, el Organismo de Investigación informó de la aprehensión de Padilla González. Cuando los reporteros buscaron una reacción, se indicó que al final del día se haría llegar un video refiriéndose a esa y otras inquietudes. Cuando se disponía a retirarse, el abordaje escaló y López Fuscaldo alcanzó a decir: "Del señor este no sé quién es. Usted me está contando. Vea, me tengo que ir porque los tengo que acompañar (a los menores), perdón".

Ante una repregunta agregó: "Lo primero es lo primero. Y lo primero es que estos chicos estén bien. Tengo que acompañarlos a hacer una diligencia, tengo que asegurarme de que almuercen y necesito definir el lugar en el que van a dormir. Ese es mi énfasis hoy. Lo otro del Patronato lo veo, pero lo primero son los muchachos".

Esa fue una de las mayores críticas que hizo Rojas Salas, que la jerarca únicamente reaccionaba ante la presencia de los medios, ya que en reuniones -aseguró la congresista- se dejaba decir que los niños de la organización no gubernamental no eran responsabilidad del Patronato de la Infancia.

"La ministra no contesta nada de esto, pero sí corre hoy (14 de junio) a salir en cámaras con cara de indignación y de dolida, ofendiéndonos así a todo el país. Pero sobre todo sale ofendiendo la memoria de esos niños que hoy nos faltan", aseveró la socialcristiana.

Y aunque lo definió como una prioridad, la exministra no encontró lugar para colocar a los muchachos, toda vez que -como lo reveló CRHoy.com– estos acabaron pasando la noche en el auditorio del Centro de Cultura de Derechos de Niñez y Adolescencia, en San José. Las condiciones en las que lo hicieron nunca trascendieron, pero sí fueron constatadas de primera mano por la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive Angermüller.

Tampoco se tienen pronunciamientos de López Fuscaldo sobre los casos denunciados por Rojas Salas, ni sobre la detención del trabajador social o sobre las razones por las cuales las víctimas de tortura debieron dormir fuera de albergues, pese a lo que habían vivido.

Pero el origen de la presión contra la otrora presidenta ejecutiva se remonta a dos meses atrás. Fue el 9 de abril que trascendió que una bebé le fue arrebatada de los brazos a su madre, una adolescente de 13 años de edad. Aquel trágico evento -todavía en investigación- puso sobre la palestra una cadena de omisiones en la respuesta que distintas instituciones -entre ellas, el Patronato de la Infancia- dieron a la joven.

A partir de nuevas pesquisas, la Policía Judicial logró determinar que -presuntamente- fue el padre de la menor quien la sustrajo, en un intento por evitar una prueba de paternidad; misma que acabó confirmando que el sujeto de apellidos Casasola Salas violó a la hija de quien en ese momento era su pareja. Mientras el individuo descuenta prisión preventiva y Keibril Amira continúa sin aparecer, López Fuscaldo ordenó la suspensión con goce de salario de cuatro funcionarios, al tiempo que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una causa por aparente incumplimiento de deberes en la institución.