Fiscalía pide 346 años de cárcel contra célula de Diablo que tenía tráficos y funcionarios en planilla
16 personas entre ellos funcionarios públicos, integraban una célula narco que operaba bajo las órdenes de alias Diablo, el capo más buscado del país
La Fiscalía Adjunta de San Carlos solicitó 346 años de prisión contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Al menos nueve miembros fueron acusados de cometer homicidios, infracciones a la Ley de Psicotrópicos, portación ilegal de armas y asociación ilícita.
Los hechos acusados ocurrieron entre el 1.º de junio de 2018 y el 12 de octubre de 2022, cuando, al parecer, los sospechosos se asociaron para conformar una banda delictiva que se encargaba de la venta, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de diversos estupefacientes.
En su "catálogo" tenían cocaína, marihuana y la droga conocida como MDMA, éxtasis o XTC. Según la Fiscalía, como parte de sus actividades ilícitas, el grupo también cometió el homicidio de un hombre de apellido Vallejos, ocurrido el 17 de mayo en Santa Gertrudis de Grecia, Alajuela.
También se les imputa el presunto delito de posesión y comercialización de armas. En la causa se acusó además el delito de peculado de uso, ya que, al parecer, oficiales de Tránsito de La Fortuna hicieron uso indebido de los equipos oficiales que tenían asignados para apoyar a este grupo narco.
Esta red criminal sería una ramificación de las operaciones dirigidas por Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el criminal más buscado de Costa Rica, por quien actualmente el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $500.000.
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Persona imputada
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Pena solicitada
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Zambrana Esquivel
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58 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópico, homicidio calificado, asociación ilícita, posesión y tenencia ilegal de arma permitida y peculado.
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Bravo Quesada
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60 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, homicidio calificado, asociación ilícita, comercialización de armas, peculado y falsedad ideológica.
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Arce Ávila
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21 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos y asociación ilícita.
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Matamoros Quirós
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49 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, homicidio calificado, asociación ilícita, posesión y tenencia ilegal de arma permitida, y peculado
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Artavia Angulo
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48 años de cárcel por infracción a la Ley de Psicotrópicos, homicidio calificado, asociación ilícita y posesión y tenencia ilegal de arma permitida.
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Salas Gutiérrez
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48 años y 3 meses de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, homicidio calificado, asociación ilícita, falsedad ideológica y peculado.
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López Quesada
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33 años y 6 meses de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos,
asociación ilícita, comercialización de armas, peculado y falsedad ideológica.
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Porras Cruz y Rodríguez Zelaya
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17 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos y asociación ilícita.
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Ulate Vásquez
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12 años de cárcel por los delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, asociación ilícita y peculado
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A mediados de enero, 6 de los sospechosos se sometieron a un proceso abreviado, un procedimiento especial en el cual los acusados aceptan los hechos que se le imputan a cambio de que se solicite una pena reducida.
Los acusados apellidos Badilla Elizondo, Sancho Méndez, Ruiz Delgadillo, Salas Marín, Chiroldes Vargas y Carvajal Molina, aceptaron la pena al arranque el juicio. Ellos eran imputados de los delitos de infracción a la ley de psicotrópicos, asociación ilícita; portación y tenencia de armas de fuego.
Cinco de ellos acordaron penas de siete años de cárcel cada uno, mientras que el sexto negoció seis años y medio de castigo con el Ministerio Público.
Este caso destacó principalmente por la participación de oficiales de la Policía de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como un enfermero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otro miembro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La célula de la organización criminal de "Diablo" operaba en la Zona Norte y estaba conformada por al menos 16 miembros que fueron detenidos en diciembre de 2023, utilizaba al menos 2 centros turísticos para almacenar droga y esconderse.
La Fiscalía presume que era alias Diablo quien giraba órdenes a otros integrantes de la agrupación con la finalidad de asegurar la comercialización de la droga y obtener las ganancias ilícitas, en colaboración con uno de los hoy acusados quien actuaba como cabecilla, quien planificó y dirigió las acciones del negocio, además de contar con hombres de confianza.
Los colaboradores de la empresa criminal se dedicaban a diferentes tareas, como distribución y cobro de dineros producto de la venta de drogas, realizar pagos, identificar nuevos puntos de comercialización y reclutar vendedores a cargo de la entrega directa de los estupefacientes a los compradores.
Según la Fiscalía, los integrantes de la agrupación fungían como socios comerciales y uno de ellos había facilitado la finca "El Encanto" en Coopevega de Cutris, una propiedad ubicada estratégicamente a la par del río San Carlos, que les permitía ocultar y almacenar las drogas.
Esta finca también funcionó como residencia de varios integrantes de la agrupación criminal, donde no solo vivían, sino que también almacenaban y ocultaban armas de fuego, dinero y cualquier otro activo, proveniente de la narco actividad.
Por ejemplo, en una ocasión los sospechosos tenían almacenados allí 20 paquetes de marihuana, resguardados con al menos 2 pistolas calibre 9 mm con sus municiones.
Otro de los lugares utilizados por la banda para trasegar drogas, era el centro Turístico Los Tucanes, en el Castillo de Peñas Blancas de San Ramón.
Según el Ministerio Público, varios integrantes de la agrupación se presentaron allí para tomar 20 paquetes de marihuana para transportarlos hasta la otra propiedad de "El Encanto", en Cutris. Esto ocurrió en julio del 2022.
Ellos fueron sorprendidos en Muelle de San Carlos por la Dirección de Inteligencia Policial de la Fuerza Pública, donde se les decomisó la marihuana. Otras comunidades donde operaron fue en Cerro Cortés de Aguas Zarcas y Guatuso.
La organización criminal tenía unos imputados encargados de llevar el control de las cuentas de los clientes, uno ordenaba pagos y el otro los ejecutaba, otro transportaba armas, droga y mantenía controles de los vehículos de la agrupación, que además eran alquilados para ser utilizados como taxis informales.
La investigación arrojó que los oficiales de policía que conformaban la agrupación criminal, brindó información sobre la presencia policial en las zonas donde tenían inconvenientes entre los vendedores de droga. Además, habrían prestado sus propiedades para guardar el producto ilícito.
Gracias a seguimientos, vigilancias e inclusive ventas controladas a informantes policiales, el OIJ consiguió consolidar la investigación contra esta agrupación.
Las autoridades judiciales incorporaron al expediente al menos 3 denuncias, diferentes reportes confidenciales brindados al OIJ de La Fortuna y al OIJ de San Carlos, bitácoras de rastreos, informes de transacciones bancarias, reportes al 9-1-1, múltiples oficios y dictámenes policiales, así como actas de allanamientos, contenidos de teléfonos abiertos e inspecciones de llamadas intervenidas, como parte de las 134 evidencias contra la célula de alias Diablo.








