Fiscalía pedirá más prisión preventiva contra extesorero del BNCR

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) pedirá que se prorrogue la prisión preventiva contra el extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de apellidos Olivas Valle, imputado por la presunta sustracción de ₡3.239 millones de las bóvedas bancarias ubicadas en la sede central de la entidad.

Así lo confirmó la entidad a través de un correo electrónico en el cual señalaron que la acusación contra Olivas Valle por 33 presuntos delitos de peculado ya se presentó y que se hizo acompañada de la petición para prorrogar la medida cautelar contra el exfuncionario.

Pese a que el Ministerio Público informó sobre la acusación el 2 de mayo, la defensa del imputado, ejercida por el abogado Carlos Manuel Rivera, cuestionó que, al lunes 5 de mayo, en horas de la mañana, el juzgado penal no había recibido ninguna documentación de este tipo.

Este medio solicitó a la Fapta la fecha en que se presentó la acusación, pero indicaron que el dato debía ser solicitado al juzgado penal a través del departamento de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

El viernes 2 de mayo, la Fapta emitió un comunicado de prensa en el que detalló que Olivas Valle fue acusado (con solicitud de apertura a juicio) de 33 presuntos delitos de peculado al considerar que existía suficiente prueba para vincularlo con la sustracción de ₡3.239 millones de las bóvedas de la sede central del BNCR, en San José, que trascendió a finales de 2023.

El peculado es la sustracción (o desviación) de dinero o de bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada a un funcionario público debido a su cargo. Según el Código Penal, se castiga con penas de prisión que van de los 3 a los 12 años.

Rivera apuntó que conocieron sobre la acusación a través de los medios de prensa y consideró que se trata de una "movida" del Ministerio Público para prorrogar la prisión preventiva contra el exfuncionario.

El representante adelantó que plantearán que Olivas cumpla otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por mientras se agenda el juicio. Según detalló, se basarán en lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para apelar la intención del Ministerio Público.

"El imputado también tiene derecho a enfrentar el proceso penal en libertad. Olivas Valle no es un presunto delincuente común. No es un peligro para la sociedad. No es un homicida, un sicario o un narcotraficante. Estamos hablando de supuestos delitos que ocurrieron en el ejercicio de la función pública. Ya 18 meses privado de libertad, me parece que es momento suficiente para que el tribunal de apelación le conceda a él una de las medidas cautelares que están establecidas en el Código Penal, que puede ser arresto domiciliario, monitoreo electrónico o impedimento de salida del país", citó el abogado, el pasado lunes 5 de mayo.

El abogado explicó que Olivas "nunca ha salido del país" y que ante esto no se puede presumir que, con una medida diferente a la prisión preventiva, se fugará. Por eso, apelarán la intención de que se mantenga privado de libertad.

Olivas Valle, de 37 años, fue detenido el 8 de noviembre de 2023 y desde entonces está en prisión preventiva.

Otras 7 personas (empleadas del banco) fueron detenidas en noviembre de 2023 en las acciones desplegadas por el Ministerio Público y el OIJ, pero solo Olivas cumple prisión preventiva. Contra ella, la Fapta abrió un testimonio de piezas (expediente penal aparte por los mismos hechos bajo investigación).

En principio, al tesorero le imputaron los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Tras el avance de las pesquisas, la fiscalía también abrió un expediente aparte contra el sujeto por aparente lavado de dinero.

Olivas Valle era funcionario del BNCR desde 2014 y es vecino de Ipís de Goicoechea.