Fiscalía pedirá levantar secreto bancario de Marta Esquivel e imputados del caso Barrenador
Jerarca y 4 imputados más fueron suspendidos por 6 meses
El Ministerio Público tramitará el levantamiento del secreto bancario para revisar las cuentas de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel y los demás 7 imputados en el caso Barrenador, por un supuesto escándalo de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así consta en la resolución de medidas cautelares, en las cuales el juez a cargo enumeró algunas de las diligencias que están pendientes:
Aún faltan diligencias de investigación, como peritajes, apertura de teléfonos celulares y hasta levantamientos de secretos bancarios, así como todo el análisis de la documentación que fue decomisada en los allanamientos.
Este jueves se confirmó que tanto la jerarca como la gerente general interina, Marielos Gutiérrez y los tres directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas, fueron suspendidos por 6 meses de sus cargos.
Además, deberán cumplir con otras medidas cautelares, según lo dictó el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública esta tarde.
El juez les impuso la prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación número 2023LY-000002-0001101142, la cual es investigada dado que en apariencia, la junta directiva con Esquivel a la cabeza, ejerció presiones para adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año, para que varias cooperativas administren 138 ebais en el país.
Adicionalmente, se les ordenó no comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar de cualquier forma a a 11 testigos, dado que la Fiscalía tiene pruebas de qué al menos tres de ellos han recibido amenazas físicas y laborales.
Se trata de la directiva Martha Rodríguez; el auditor Olger Sánchez; al gerente de Logística, Esteban Vega; al gerente financiero, Gustavo Picado; al director financiero contable, Andrey Sánchez; al director jurídico, Gilbert Alfaro, a la directora de Aprovisionamiento, Adriana Chávez; a la jefa de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado; al analista de Contabilidad de Costos, Esteban Solís; y al coordinador de Administración para Áreas de Salud Tercerizadas, Víctor Calvo, así como otra persona de apellido Gómez.
El plazo de las medidas cautelares es de seis meses a partir de hoy 10 de octubre del 2024 y hasta el 6 de abril del 2025, plazo que el juez consideró proporcional para que el Ministerio Público pueda concluir con la investigación.
Libertad para salir del país
El Ministerio Público había solicitado el impedimento de salida del país y la entrega de pasaportes, como medidas cautelares. No obstante, el Juzgado no otorgó dicha medida.
Respecto al peligro de fuga, como se señaló, no se ordenó ninguna medida cautelar en contra de ninguno de los justiciables, siendo las únicas medidas impuestas, las anteriormente señaladas a los investigados (as) referidos respecto al peligro de obstaculización y continuidad delictiva, con la finalidad de asegurar los fines del proceso.
Las únicas medidas impuestas son para mitigar el peligro de obstaculización y continuidad delictiva, con la finalidad de asegurar los fines del proceso.
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos de contratos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la administración de Ebais, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".
Fueron 28 allanamientos ejecutados por las autoridades en oficinas centrales de la CCSS, casas de habitación y sedes de cooperativas contratadas. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.
En total, confiscaron ₡2 millones, $5.400 y €875, según confirmó la Oficina de Prensa de la Fiscalía ante la consulta de crhoy.com. Sin embargo, no se detallaron los montos por cada sospechoso.
Adicionalmente, los agentes judiciales decomisaron los celulares de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, así como los 7 funcionarios y exdirectivos que fueron arrestados.
Según la Fiscalía, también se incautó otra evidencia de interés para el caso, como documentos y prueba digital.
Oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José fueron el foco de los operativos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Oficina Anticorrupción del OIJ, para investigar los supuestos delitos en los cuales aparentemente incurrieron directivos de la entidad, al adjudicar contratos para la administración de Ebais.
La oficina de la presidenta ejecutiva, Esquivel Rodríguez, la gerencia general y la gerencia médica, las Direcciones de TI y Proyección de Servicios de Salud, así como una oficina en el hospital de San Ramón, eran parte de las locaciones allanadas.
También se realizaron diligencias en la sede principal de Coopesalud (cooperativa que administra dos clínicas del Área de Salud de Pavas y el Área de Salud de Desamparados 2); en las instalaciones de Coopesana (a cargo de los centros médicos de Escazú, Santa Ana y San Francisco); en Coopesiba (administrador de clínicas en San Pablo y Barva de Heredia); en Coopesain de Tibás; así como Asemeco, empresa encargad de los Ebais de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, según consta en la denuncia presentada por la Auditoría de la CCSS ante el Ministerio Público.
Adicionalmente, se allanó la residencia donde vive Marta Esquivel en una torre de apartamentos en Barrio Escalante y 11 viviendas más en San José, Alajuela, Cartago y Heredia.