Fiscalía investiga a Canciller por administración fraudulenta de $4 millones con fideicomiso
Canciller Arnoldo André
La Fiscalía General de la República investiga a Arnoldo André Tinoco, canciller de la República, por el presunto delito de administración fraudulenta en la gestión de $4 millones que una empresaria hondureña le confió a la compañía, ATA Trust S.A., para administrar mediante la figura del fideicomiso.
ATA Trust S.A. fue fundada por el actual canciller en 2006.
El Ministerio Público confirmó, ante consulta de CR Hoy, que también se abrió un expediente paralelo para investigar la participación de su hijo, Phillip André Sánchez, y del secretario y representante legal de ATA Trust S.A., Alonso Vargas Araya, en el manejo del dinero.
Según la denuncia, la víctima Dulce María Mejía Cosco, quien es dueña de la empresa SMG Comercial S.A., domiciliada en Honduras, entregó el dinero en custodia en septiembre de 2021 y, cuando solicitó la devolución, no se le reintegró la totalidad. Por ello, en agosto de 2022, pidió una auditoría para conocer qué sucedió con los fondos, pero asegura que le negaron esa información.
Debido a que hasta la fecha no le han devuelto todo el dinero, acudió al Ministerio Público para denunciar los hechos.
"En respuesta a su solicitud, la Fiscalía General confirmó que, bajo la causa 25-000040-0030-PE, investiga al señor André Tinoco, quien fue denunciado por un presunto delito de administración fraudulenta.
El despacho confeccionó un testimonio de piezas (un expediente paralelo), en contra de dos personas más, apellidadas André y Vargas, el cual fue remitido ayer, a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea, donde continuarán con el trámite correspondiente"
La denunciante expuso ante el Ministerio Público que el 13 de septiembre de 2021, la empresa hondureña, a través de su contralor general, John Héctor Keller Pérez, contrató los servicios de la empresa fiduciaria costarricense.
El 4 de octubre de 2021, Keller solicitó el desembolso y pago de 113 mil dólares, "destinando $100,000.00 al pago de honorarios anuales a favor de ATA TRUST COMPANY, S.A. y $13,000.00 para cubrir el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a dichos honorarios".
Ante la negativa de la devolución de la totalidad del dinero, Mejía —dueña de SMG— se presentó personalmente en las oficinas de Lexincorp Central America Law Firm, donde opera ATA Trust, junto al notario Fernando Mora Rojas, el 1 de septiembre de 2022.
Ese día, Phillip André Sánchez y Alonso Vargas Araya se negaron a entregar los 3,8 millones de dólares de la empresa de Mejía, que tenían bajo custodia en el fideicomiso.
"(…) argumentando que existía una tercera empresa que, aunque no figuraba en el contrato, era su criterio que para entregar el dinero requerían una autorización o instrucción conjunta entre SMG COMERCIAL, S.A. y esa tercera empresa, o bien una orden de autoridad judicial que les ordenara entregar el dinero a su propietario, SMG COMERCIAL, S.A", dice el documento.
Pese a que el contrato de manejo de los fondos estaba próximo a vencerse y ya se habían cancelado los honorarios, se debía entregar el dinero, pero André y Vargas insistieron en que no había fecha de vencimiento y se negaron a entregar la millonaria suma.
"Desde ese momento, los representantes de ATA TRUST COMPANY, S.A., a pesar de haber acordado únicamente con SMG COMERCIAL, S.A. que utilizarían su dinero según sus instrucciones, no respetaron este acuerdo y se han apropiado indebidamente de $3,809,197.28.
Los mismos funcionarios de ATA que figura como custodio fiduciario, figuran también como abogados de un supuesto beneficiario no autorizado por la dueña del dinero. Lo que no es posible ni legal porque un fiduciario no puede representar a ninguna de las partes contratantes, y menos aún si el beneficiario es inexistente en el contrato", añade la denuncia.
Intentamos contactar al canciller André, para conocer su posición por medio de WhatsApp, pero al cierre de esta nota no habíamos tenía una respuesta. El funcionario se encuentra en Niza, Francia, como parte de la delegación que acompaña al Rodrigo Chaves Robles en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos (UNOC3, por las siglas en inglés).
ATA Trust remitió a este medio una posición sobre el caso, alegando que no conocen de ninguna denuncia en contra de la sociedad anónima, pero analizarán lo expuesto para tomar acciones al respecto.
Hasta el momento no tenemos conocimiento de que exista alguna denuncia presentada en contra de ATA Trust, ni de que se esté llevando a cabo algún tipo de investigación en curso contra la compañía. Sin embargo, en atención a su consulta, revisaremos el caso con nuestro equipo legal para contar con plena certeza sobre cualquier situación que pudiera estar relacionada con nuestra organización.
ATA Trust es una empresa que se ha caracterizado desde su fundación por actuar con estricto apego a la ley y por mantener una conducta ética en todas sus operaciones. Contamos con sólidos controles internos y mecanismos de cumplimiento que garantizan la transparencia y la correcta administración de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
Nuestro compromiso es siempre con la legalidad, la integridad y la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes, colaboradores y aliados. Por ello, reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de que así se requiera, con la finalidad de aclarar cualquier duda o información que se relacione con nuestra actividad.
Creemos firmemente en que la transparencia y el cumplimiento son las bases sobre la cual hemos construido nuestra reputación y seguiremos trabajando con responsabilidad y profesionalismo para mantener ese compromiso.
¿Qué es ATA Trust S.A.?
La empresa ATA Trust S.A. es la misma que administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles, actual presidente de la República, por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Según el sitio web de la compañía, la firma ofrece servicios de constitución de fideicomisos, administración, custodia de bienes, depositaría, mandataria y fiduciaria testamentaria.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señaló que el fideicomiso Costa Rica Próspera no fue utilizado para financiar las operaciones y actividades políticas de la agrupación, la cual, en principio, alegó que su propósito era "generar un espacio para el análisis de las políticas públicas y la realidad nacional".
Costa Rica Próspera, constituido el 25 de febrero de 2021 por Chaves Robles y el empresario Jack Loeb Casanova como fideicomitentes y fideicomisarios, en asocio con ATA Trust Company S.A. —representada por Alonso Vargas Araya, en calidad de fiduciaria— surgió, en realidad, con la supuesta intención de recaudar y gestionar fondos para las aspiraciones políticas del hoy mandatario, y habría operado como una estructura paralela de financiamiento, al margen de la tesorería oficial del PPSD.
Las estructuras paralelas de financiamiento son personas o grupos que, al margen del partido político, recaudan contribuciones, donaciones o aportes mediante mecanismos no autorizados por el Comité Ejecutivo Superior de una agrupación política, con el objetivo de beneficiar la acción política del partido, sus tendencias, candidatos o precandidatos oficializados. Todo esto se realiza al margen de lo que establece el Código Electoral.
El informe final de investigación sobre presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña del presidente, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que, durante la investigación preliminar, no se lograron identificar productos tangibles que respaldaran la versión de los fideicomitentes (como informes, reportes, propuestas, minutas de reunión, etc.) sobre el supuesto interés de analizar políticas públicas o temas de la realidad nacional.
El informe del TSE fue secuestrado por la Fiscalía General como parte de una investigación por presuntos delitos electorales cometidos durante la campaña del mandatario y André Tinoco.