Fiscalía impugna levantamiento de arresto domiciliario a Carlos Cerdas y Mélida Solís
Ministerio Público alega fundamentación errónea y contradictoria de juez
(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción apeló el levantamiento del arresto domiciliario con monitoreo electrónico que recaía sobre los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas por el caso policialmente conocido como Cochinilla.
Dicha impugnación se realizó en forma oral la noche del 26 de setiembre, poco antes de que finalizara la audiencia de medidas cautelares, en la que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública modificó las disposiciones impuestas a los sospechosos en el escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública.
Los abogados intervinientes, Érick Gatgens Gómez, Francisco Campos Aguilar y Federico Gutiérrez Madrigal, confirmaron a CRHoy.com que el Ministerio Público alegó una fundamentación errónea y contradictoria de parte del juez Félix Castellón Ruiz.
Ambos sospechosos deberán cumplir por los próximos seis meses impedimento de salida del país, entrega obligatoria del pasaporte y prohibición de acercarse a testigos, así como la inhabilitación de hangares y la prohibición para emitir nuevos pasaportes.
En el caso del primero se le mantuvo una caución real -suerte de fianza- de $10 millones, mientras que a la segunda una de $5 millones.
Además se les levantó el impedimento de comunicarse con otros imputados en la causa 19-000025-1218-PE.
La Fiscalía también apeló el cambio de disposiciones otorgado sobre el empleado de la constructora MECO, Tobías Arce Alpízar, quien pasó de tener arresto domiciliario con monitoreo electrónico a firmar una vez al mes en sede judicial. Además mantiene impedimento de salida del país, entrega obligatoria del pasaporte y prohibición para acercarse a testigos de la investigación.
El Ministerio Público no apeló el resto de medidas contra el resto de encartados que, en el caso de los gerentes de MECO, Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar, incluyen impedimento de salida del territorio nacional y entrega obligatoria del pasaporte; mientras que en el de los funcionarios investigados se les levantó la suspensión que recaía desde hace año y tres meses, pero se ordenó su reubicación en otras instituciones públicas.
La Fiscalía pretendía que todas las medidas que se tenían hasta antes de la audiencia se prorrogaran por nueve meses. A las mismas se opuso la barra de la defensa, algunos de ellos por la supuesta derogatoria de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y otro tanto se basó en el nulo avance que tiene la pesquisa tramitada bajo el expediente 19-000025-1218-PE, asignado al escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública.