Fiscalía acusa a exministro Méndez Mata por influir en cierre de 4 plantas asfálticas de ₡3.900 millones

Rodolfo Méndez Mata. Archivo CRH

Rodolfo Méndez Mata, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la administración Alvarado Quesada (2018-2022) fue acusado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Público señaló a Méndez, al exdirector de Obra Pública, Ariel Vega León, y el oficial mayor de la cartera durante ese gobierno, de apellidos Cheves Ramírez, por el cierre de cuatro plantas productoras de asfalto que fueron cerradas en esa administración, en las que se había invertido ₡3.900 millones

Según la Fiscalía, los imputados fueron los encargados de dirigir el proceso de cierre "con órdenes que carecieron de sustento técnico y jurídico" de cuatro plantas adquiridas entre el 2008 y el 2017.

Por esa razón se les investiga "por eliminar los recursos que fueron asignados a las plantas para provocar en el tiempo el estado de desuso, abandono, precarización y cierre, que permitiera enajenar las mismas como bienes del MOPT".

"A los imputados Vega y Cheves también se les atribuye la influencia ejercida sobre otros funcionarios para el cierre de las plantas, pese a que estas eran rentables bajo un escenario ideal de producción, con gran interés público para la realización de obra pública vial", detalló el ente acusador.

Añadieron que como consecuencia de dichas acciones hubo afectación a la Hacienda Pública porque se dejó perder la inversión realizada para la compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas, provocando que el ministerio tuviera que invertir más dinero para comprar asfalto a productores privados.

"Las plantas fueron instaladas en Tajo El Chopo, en Cañas, Guanacaste; en Siquirres, Limón; Colima, Santo Domingo de Heredia; y Paso Real, en Buenos Aires de Puntarenas. Esta última, que se adquirió poco antes del proceso de cierre técnico acusado, representó para el Estado una inversión de más de ₡1.700 millones", notificó la Fiscalía.

Este caso se sigue en el expediente 19-000028-0033-PE y la semana pasada se comunicó a las partes el avance del proceso para que se determine si la Procuraduría General de la República presentará querella y acción civil resarcitoria.

Una vez cumplidos estos pasos, la Fiscalía planteará una solicitud de apertura de juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, órgano que debe señalar una audiencia preliminar en la que se definirá si la causa se eleva a juicio y en caso de que se dictamine positivo el pasar a esa instancia, el expediente pasará al Tribunal Penal, para que se señale fecha de inicio.