Fiscal general: “Cualquiera que cuestione la institucionalidad, socava la democracia”

(CRHoy.com) Carlo Díaz Sánchez, fiscal general, tiene claro que los ataques desde la clase política a las instituciones, debilitan las bases del sistema democrático.

Es por ello que el jefe del Ministerio Público opta por la mesura y el respeto al ser cuestionado sobre las arremetidas contra el Poder Judicial, provenientes de integrantes del Legislativo y del Ejecutivo.

Cualquier persona que cuestione la institucionalidad, obviamente, socava la democracia. En ese sentido, nosotros vamos a continuar haciendo nuestra labor.

Tenemos que enfocarnos en que nuestra labor sea objetiva, porque así nos lo pide la ley. Tenemos que enfocarnos en el cumplimiento de la ley y de la Constitución. La misma ley nos encarga el ejercicio de la acción penal. Nosotros de ninguna manera vamos a delegarla o a descuidarla en ningún punto de vista.

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general

En entrevista con CRHoy.com, el abogado de 49 años de edad fue consultado respecto a las acometidas por el presidente Rodrigo Chaves Robles y la jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros Gallo.

Díaz Sánchez se inclinó por bajarle el tono a manifestaciones que los políticos hicieron tanto antes como después de su nombramiento como fiscal general, el 31 de octubre pasado. Rechazó que las exposiciones hechas por estos en conferencias en la Casa Presidencial o en el corazón de la Asamblea Legislativa lo hayan presionado.

Nosotros somos respetuosos de las manifestaciones de cualquier persona y yo no lo tomo como ninguna presión indebida. Yo conozco mi rol, sé lo que tengo que hacer, sé la calidad del personal que tengo a mi cargo, también. Definitivamente, esas manifestaciones a mí, en lo personal, no me meten presión.

Somos absolutamente independientes y así vamos a continuar. El día que exista alguna injerencia indebida por parte de algún miembro de los Supremos Poderes tendré que iniciar, si corresponde así, alguna causa penal en contra de alguno de ellos

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general

El jefe del Ministerio Público garantizó que no se prestará "para ningún show político". Asimismo, insistió que, en caso de presiones indebidas, hará ejercer la acción penal que le otorga el artículo 16 del Código Procesal Penal.

De igual forma, adelantó que en todas sus relaciones con ministros, diputados, magistrados y el presidente, reinará un "absoluto respeto" de su parte. Sin embargo, recalcó que espera que reciba el mismo trato de estos.

Contra el acusador

El mandatario Rodrigo Chaves Robles protagonizó el 16 de junio de 2022 el primero de los momentos de tensión con el Ministerio Público, cuando se presentó su sede -sin ser citado- en busca de información de investigaciones penales seguidas en su contra; mismas de las que se enteró a partir de una consulta de este medio. Aquella tarde, el entonces fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, acabó mostrándole los expedientes que se le seguían y confirmándole los detalles que CRHoy.com le suministró en procura de un descargo. A su salida del recinto, el mandatario calificó de "frívolas" y "absurdas" las denuncias en su contra.

El gobernante acudió cuatro días más tarde a la sesión de Corte Plena y pidió a los altos jueces un proyecto de ley para castigar el "uso abusivo de procesos judiciales". Incluso recicló algunos de los calificativos que había empleado en las afueras de la Fiscalía: "Es momento de parar a los canallas que están llenando los tribunales de demandas absurdas y frívolas".

Chaves Robles además la emprendió contra la Sala Constitucional el 26 de octubre de 2022. En esta ocasión, por el fallo que condenó al Estado a raíz de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas a raíz del cierre del Parque Viva. El Ministerio de Salud, que dispuso la suspensión temporal del centro de eventos del Grupo Nación, con sede en la Guácima de Alajuela; fundamentó ese acto en las "enormes presas" que producían las actividades masivas en ese sitio.

La resolución de clausura fue anulada por el tribunal ante una "violación indirecta" a la libertad de prensa. Y, sin conocer la resolución completa, el presidente acusó a los altos jueces de una "contorsión" jurídica en favor de la empresa propietaria del diario La Nación.

El más reciente ataque ocurrió el 25 de enero de 2023, cuando el mandatario fue cuestionado sobre las razones por las cuales -una semana antes- su ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, anunció la denuncia de un "mega caso" de evasión en el que figuraba el socio mayoritario del banco BCT y presidente de CRHoy.com, Leonel Baruch Goldberg, a pesar de que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y de Propiedad Intelectual ya había pedido la desestimación. Ese día, incluso, llegó a aseverar que dejó de confiar en el Ministerio Público.

Un día antes, la diputada Pilar Cisneros Gallo usó su curul para señalar a la fiscala Criss González Ugalde; al cuestionar que esta remitió el requerimiento conclusivo al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública -que finalmente lo rechazó- a los 55 días de abierto el expediente 22-000070-0621-PE, además de que remitió el pedido el 2 de enero de 2023, cuando el Poder Judicial permanecía en cierre colectivo por las fiestas de fin y principio de año (aunque sí le tocaba laborar, por rol interno).

No obstante, la funcionaria -que fue apartada del caso tras las declaraciones del gobernante y la legisladora- explicó en un comunicado que la petición se sustentaba en la inviabilidad de recibir información requerida a Panamá para seguir con el caso, aunque a final de cuentas, el órgano jurisdiccional determinó la necesidad de un análisis del resto de pericias efectuadas y una fundamentación más completa.