Fiscal general: contrato avalado por Marta Esquivel y directivos de la Caja causaba perjuicio de ¢12.400 millones al año
Investigan posible comisión de delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (Angie Bravo CRH)
El contrato avalado por Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros funcionarios que son o fueron directivos de la institución, provocarían un perjuicio anual de ¢12.400 millones anuales al Estado.
Así lo confirmó Carlo Díaz, fiscal general de la República, quien sostuvo que la investigación contra estas personas, la cual se tramita en el expediente 24-000267-1218-PE, se abrió por una denuncia que presentó la Auditoría de la CCSS.
El Ministerio Público confirmó que se investigan los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, por la adjudicación mediante concurso público de la administración de 138 Ebais por parte de una empresa que resultó favorecida.
Por ese motivo detuvieron a los imputados de apellidos Rojas (mujer), Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez (mujer) y Quirós.
Díaz, aseveró que se pactaron sumas excesivas a la hora de cerrar el contrato, perjudicando así el bolsillo de los costarricenses y los servicios que reciben en la institución.
"Se investiga la contratación de prestación de servicios de salud en 138 Ebais con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la junta directiva de la Caja en detrimento de una que llevaba más de 2 años de estar en curso, con la nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la auditoría de la Caja que hizo presentó la denuncia pero también de la CGR que hizo las observaciones e informes en la misma, también ha sido analizada por cada uno de los fiscales que llevan el caso y consideramos que el mismo tiene el sustento probatorio necesario para continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos que se han endilgado", explicó el fiscal.
Según el Ministerio Público, los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a las empresas beneficiadas.
"Esto pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio y esto no se apega al Principio de Menor Costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud", refirió el OIJ.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.