Falta de reglamento tiene varada Agencia de Gobierno Digital

(CRHoy.com).-La ausencia de un reglamento -que le corresponde emitir al Poder Ejecutivo- a la ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital (ANGD) es una traba que impide el despegue de la iniciativa.

Así lo hizo saber la Contraloría General de la República (CGR) en su Informe de Auditoría sobre la Planificación de la Transformación Digital del Sector Público.

"A la fecha no se ha elaborado el reglamento que permita el funcionamiento de la Agencia Nacional de Gobierno Digital como encargada de ejecutar los servicios y proyectos transversales o estratégicos en materia de gobierno digital, lo cual impide la constitución de su Junta Directiva y el traslado de los proyectos por parte del Ministerio para que sean ejecutados y administrados por dicha Agencia", señaló el órgano contralor en el Informe N° DFOE-CAP-IAD-00004-202 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades.

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), respondió a la auditoría señalando que "con respecto al reglamento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, hemos sido transparentes en todo momento y nos hemos abocado a tener claridad con respecto a la figura jurídica de la agencia, así como de la fuente del presupuesto que se tendrá disponible, elementos que la ley publicada no precisa.

Emitir un reglamento en este momento no es una acción responsable".

Sin embargo, la CGR dispuso a la ministra del ramo, Paula Bogantes, elaborar, oficializar, e implementar a más tardar el 31 de octubre, una hoja de ruta que permita la remisión de la propuesta de reglamento ante el Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia de la República, que incluya al menos: actividades, plazos y responsables.

Proyecto truncado

En la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital se define la transformación digital como la adopción integral de tecnologías digitales alineada con un cambio organizacional y cultural en todas las áreas operativas desafiando constructivamente el estado actual de los procesos, con el objetivo de cambiar fundamentalmente la forma en que opera y se brinda valor a los ciudadanos.

Sin embargo, a la fecha el proyecto se ha quedado en el papel y no ha pasado de las buenas intenciones.

Según la legislación, la ANGD será el órgano encargado de implementar y ejecutar los servicios y los proyectos transversales o estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de gobierno digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones.

En la teoría, esta entidad propondrá los proyectos y servicios, que deberán estar alineados con la política pública que emita el ente rector; a su vez, estos serán incluidos en los planes de acción de la política pública y en un catálogo de proyectos y servicios transversales.

De hecho, la ley emitida el 10 de mayo del 2021, estableció en el transitorio I que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la Ley N° 9943 en un plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigencia de dicha legislación; y posteriormente, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del reglamento, la Junta Directiva se constituiría y realizaría su primera sesión. Además, el ente rector, en un plazo máximo de 6 meses luego de iniciar operaciones la ANGD, trasladaría todos los proyectos en materia de gobierno digital para que sean ejecutados y administrados por esta.

Pero, la realidad es otra.

"Si bien el Micitt en diciembre de 2022 convocó a las instituciones relacionadas con la Junta Directiva de la ANGD para que brindaran realimentación a la propuesta del Reglamento que permita el funcionamiento de dicha Agencia, como encargada de ejecutar los servicios y proyectos transversales o estratégicos en materia de gobierno digital, se determinó que a la fecha no se ha finalizado con el proceso de oficialización de dicho reglamento, lo cual impide la constitución de la Junta Directiva y el traslado de los proyectos en materia de Gobierno Digital para que sean ejecutados y administrados por la Agencia", determina el informe de la CGR.

De acuerdo con la Contraloría, la situación se debe -según lo señalado por la Administración- a que los esfuerzos de la Dirección de Gobernanza Digital del Micitt han estado enfocados en el proceso de ejecución del Plan General de la Emergencia, en razón de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el sector público, debido a los cibercrímenes que han afectado la estructura de los sistemas de información.

Por lo cual, el recurso humano disponible se ha orientado a mitigar y prevenir las situaciones de riesgo que provocaron el estado de emergencia.

Además, el retraso señalado obedece, de acuerdo con lo indicado por la Administración, a que existe una falta de claridad en la naturaleza jurídica de la Agencia y en sus fuentes de financiamiento, de conformidad con lo señalado en enero de 2023 por el Ministerio de Planificación en el proceso de revisión del reglamento.

Por tal motivo, en mayo de 2023 solicitaron a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Micitt la emisión de un criterio al respecto, el cual está en proceso de elaboración. Así mismo, se solicitó en junio de 2023 criterio al Ministerio de Hacienda, respecto a las fuentes de financiamiento de dicha Agencia, el cual se encuentra pendiente de respuesta.

"La Agencia Nacional de Gobierno Digital no está en funcionamiento, debido a que no se ha reglamentado su ley de creación, lo cual podría generar atrasos en la ejecución de las intervenciones públicas de la transformación digital del país, afectando la mejora de los servicios públicos que se pretende a través de dichas intervenciones.

Por lo anterior, el Micitt debe realizar esfuerzos para mitigar las situaciones identificadas en el proceso de la planificación de la transformación digital del sector público, mediante el fortalecimiento de las características señaladas, de manera que le permitan contar con una visión sistémica y prospectiva, con procesos flexibles y espacios para la realimentación, así como con un enfoque estratégico y orientado a resultados, en pro de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y la generación de valor público", finaliza el documento de la Contraloría.