Estudio financiero de CCSS halló excesos en puestos y alquileres a cooperativas
Dirección Financiera: cooperativa incluyó cobro del alquiler de edificio que es de su propiedad
Ebais en Barva de Heredia. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Un análisis realizado por la Dirección Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detectó excesos, rubros innecesarios o alquileres elevados en las ofertas planteadas por 5 cooperativas para asumir la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) de 10 áreas de salud de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Esa dependencia efectuó el estudio a partir del informe elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la Dirección Financiera, la cual advirtió que con las ofertas presentadas por las cooperativas la entidad pasaría a pagar un 65% más de lo que ya paga en la contratación vigente para la gestión de los Ebais.
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan que la cúpula de la CCSS, encabezada por la abogada Marta Eugenia Esquivel, habría contratado a las cooperativas en detrimento de otra licitación que estaba en curso desde 2021. Con la decisión, avalaron contrataciones por un plazo de 10 años y un monto total inicial de ₡471.555 millones, los cuales representarían sobreprecios de hasta ₡12.400 millones anuales.
El estudio hecho por la Dirección Financiera estuvo a cargo de Andrey Sánchez Duarte, quien se desempeña como director de esa dependencia. Según consta en el expediente del caso "Barrenador", la revisión fue solicitada por Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS, para ser remitida a la junta de adquisiciones y a la junta directiva de la institución.
En este caso puntual, la junta directiva tomó la decisión de asumir el acto de adjudicación del contrato.
La revisión hecha por Sánchez Duarte detectó un "crecimiento importante de los posibles gastos asociados a la contratación respecto a la condición actual y pese a que no existían elementos sustanciales de una nueva oferta de servicios de salud (nuevos Ebais, mayor población o cambios de la complejidad de las áreas de salud)".
Con base en los análisis realizados, la junta de adquisiciones de la CCSS recomendó en al menos 2 ocasiones declarar infructuosa la licitación debido a que las ofertas de las cooperativas no cumplían con la razonabilidad de precios adecuada. No obstante, la junta directiva liderada por Esquivel Rodríguez insistió en continuar con el proceso licitatorio y se apoyó en un documento de análisis cuantitativo presentado por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, entonces directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, para adjudicar la contratación a las cooperativas.
El estudio de razonabilidad de precios hecho por el Área de Contabilidad de Costos de la Dirección Financiera de la CCSS (único ente técnico válido para hacer este tipo de análisis en la licitación) advirtió que los montos ofertados por las cooperativas en la licitación "implicarían en promedio un incremento mensual del 33% respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud (en igualdad de condiciones técnicas)". Es decir, un incremento mensual de ₡1.033.357.539,98 y un incremento anual de ₡12.400.290.479,76.
Instalaciones de Ebais manejado por Coopesiba. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
Excesos advertidos
El funcionario Sánchez Duarte determinó la existencia de "limitaciones importantes" en la información solicitada por los proveedores en aspectos propios del cartel que quedaron sin definirse y en los criterios técnicos que avalaron las partes. Así las cosas, los criterios técnicos estipulados en el cartel no fueron contundentes.
Sánchez encontró que los perfiles profesionales requeridos por la CCSS en las ofertas presentadas por los proveedores eran superiores a la necesidad institucional. Por ejemplo, la necesidad de la CCSS era de una plaza de Enfermero 2, pero el oferente propuso un Enfermero 4, lo cual implicaba un mayor costo.
Otro ejemplo citado por Sánchez fueron los perfiles administrativos, pues del todo no fueron analizados sobre su pertinencia. Así ocurrió con una oferta de gerente general en las propuestas de Coopesiba para las líneas 9 y 10 (áreas de salud de San Pablo de Heredia y de Barva), lo cual implicaba un mayor costo sin justificar la necesidad de contratación por parte de la CCSS.
El estudio hecho por el funcionario también detectó que en el caso de Coopesana (que resultó adjudicada en 3 áreas de salud: Escazú, Santa Ana, San Francisco-San Antonio) se halló el cobro de un alquiler de edificaciones propias de ese proveedor, el cual anteriormente no se generaba con una línea independiente y que no se cobraba de forma directa.
Según Sánchez, en este caso, esto implica que a Coopesana se les contrata para dar el servicio y adicionalmente cobran el alquiler del edificio (propio de la cooperativa), "partiendo de un gasto excesivo ya que, si el valor del inmueble es de ₡1.700 millones, con el monto que ellos cobran a la CCSS por concepto de alquiler, duplican el precio del edificio en una proyección de 10 años (período de la contratación)".
En este estudio también se evidenció que había una serie de puestos cuyo salario estaba por encima del que se pagaría por la CCSS. Sin embargo, hay un criterio de la Contraloría General de la República (CGR) que detalla que no se puede contratar por precios superiores a los institucionales, cuando existen condiciones similares de la prestación de servicio.
Sánchez Duarte tardó entre 3 y 4 meses en elaborar el análisis sobre las ofertas planteadas por las cooperativas.
La Dirección Financiera de la CCSS nunca tuvo chance de exponer de manera formal, ante la junta directiva, los análisis de la razonabilidad de costos y la fundamentación sobre los "excesos" detectados en las ofertas.
Al final, el 6 de julio de 2024, la cúpula de la CCSS decidió adjudicar el contrato a las cooperativas tomando como único insumo válido el documento "Análisis cuantitativo para la gestión de las Áreas de Salud contratadas a terceros", elaborado por María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, en el rol de directora de Proyección de los Servicios de Salud, pese a que este -como lo advirtió la CGR- no obedece a un análisis de razonabilidad de precios.
Gutiérrez Brenes fue nombrada el 5 de setiembre como gerente general de la CCSS con un salario de ₡5.4 millones. Incluso, la designación fue avalada por Marta Eugenia Esquivel el pasado 25 de setiembre (24 horas después de que ambas fueran puestas en libertad tras ser detenidas como parte de la investigación preliminar del caso "Barrenador").
Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con altos mandos de las cooperativas interesadas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco), previo a la adjudicación definitiva el 6 de julio, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.
Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.
Las áreas de salud donde se ubican los 138 Ebais son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.