Estilo presidencial de Chaves contribuye a parálisis política

El estilo confrontativo y discurso incendiario del presidente Rodrigo Chaves, donde ataca generalmente al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, está generando una parálisis política e impacta negativamente el modelo democrático.

Esa es una de las conclusiones a las que se puede llegar tras el análisis que hace el último informe del Estado de la Nación, dado a conocer este jueves, en su capítulo cinco.

El estudio indica que la gobernanza democrática de Costa Rica es propensa al entrabamiento de los asuntos públicos debido a la poca cooperación entre los actores políticos del país.

"Esta situación reduce la capacidad del sistema político para responder a las necesidades y demandas ciudadanas", agrega el documento.

El Informe señala que el sistema político costarricense está diseñado para ejercer el poder de manera descentralizada y equilibrada entre múltiples actores y fuerzas políticas, entre los que destacan los poderes Ejecutivo y Legislativo.

"Sin embargo, cuando los actores del sistema político no cooperan entre sí, se anulan entre ellos. Por eso, trabajar juntos para responder a las demandas ciudadanas es fundamental para la gestión de los asuntos públicos", afirma el investigador del Estado de la Nación, Ronald Alfaro Redondo.

Las investigaciones del equipo que construyó el informe generaron hallazgos que permiten concluir que la incapacidad de negociar y cooperar por parte de los actores del sistema político supone un riesgo para la democracia del país.

Dice el Informe que a diferencia de la mayoría de los sistemas presidenciales en América Latina, el Poder Ejecutivo en Costa Rica fue diseñado para ser un actor central, pero no dominante.

"Quien ocupa la presidencia y cargos ministeriales se encuentran sometidos a una red de múltiples controles, esto implica constantes negociaciones y un escrutinio público de cómo y por qué se toman las decisiones sobre los asuntos públicos", amplía el investigador Alfaro.

Parálisis

Entonces, en palabras del analista político Gustavo Araya, cuando Chaves ataca constantemente a la Asamblea y deslegitima el Poder Judicial, pone en riesgo el sistema democrático.

"El Gobierno de la República depende, en gran medida, de sus relaciones con la Asamblea Legislativa para materializar la agenda con la que ganó las elecciones. Y, en aquellos temas en los que no depende del Congreso, está sometido al control de constitucionalidad que ejecuta el Poder Judicial", remarca el informe.

Araya recuerda que Costa Rica está acostumbrada a procesos de diálogo, de comunicación y de resolución de conflictos entre las partes, pero este Gobierno carece de esas vías de solución.

Ejemplos de esa postura sobran:

• La eliminación de los aranceles a la importación del arroz, "va para adelante", sin importar quién se oponga.
• Eliminar la relación con la Fundación Omar Dengo, sin importar si 700 mil niños quedaron fuera de la informática educativa.
• Se rompe la relación con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), sin importar que las empresas que venían con ese proceso les va bien o mal.

Y el caso más reciente, la renuncia del mandatario a su responsabilidad para emitir políticas públicas en materia de seguridad y arrojar esa responsabilidad a los diputados, como una reacción por la molestia generada a raíz que los legisladores señalaron serios problemas en los proyectos presentados por el Gobierno.

Esto en momentos donde el país registra la cifra récord de 824 homicidios.

Bien lo señala el diputado del Frente Amplio (FA) Jonathan Acuña:

Gobernar no es cosa de montar espectáculos, pegar gritos, quitarse responsabilidades, tomarle el pelo a la gente mintiendo reiteradamente, y desvivirse por las encuestas de opinión. El problema es que mientras dejan de Gobernar, la inacción afecta a la ciudadanía.

"Este es un Gobierno que se ha encargado de generar conflictos, la prensa no es la única, es quizás la cara más visible, pero el Gobierno ha logrado alejar a diferentes sectores, sociales y productivos, que no solo no los toma en cuenta, sino que los trata mal, los agrede", agregó Araya.

Entonces, una menor participación de los sectores genera que las políticas públicas no sean beneficiosas para la mayoría.

"Lo que no se debe perder de vista es que el objetivo fundamental del sistema político es garantizar la toma de decisiones equilibradas para gestionar las demandas y necesidades ciudadanas. Pero, en un contexto donde nadie coopera, básicamente lo que hay es falta de toma de decisiones", señala Alfaro.

La parálisis política, que genera los choques con otros poderes y aplicar políticas públicas que dejan por fuera a otros sectores, tiene repercusiones económicas.

"Hay una baja, como lo señala el informe, en la efectividad y productividad legislativa, hay menos leyes, nos ponemos menos al día con lo que tenemos qué hacer, este país requiere leyes nuevas, y otras que se eliminen, porque los países cambian", explica Araya.

El informe entrega un dato revelador, que indica que la administración Chaves Robles es la segunda en desde 1990 con la peor tasa de éxito en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, solo por debajo del Gobierno de Luis Guillermo Solís.

Las sesiones extraordinarias son los meses (seis al año) donde es el Poder Ejecutivo que maneja la agenda de los proyectos que se ven en el Congreso.

La administración actual no apuesta por agendas multipartidistas.

El informe señala que durante su primer año de Gobierno, la administración Chaves Robles ha optado por promover proyectos de ley propios o heredados de gobiernos anteriores, en lugar de incluir iniciativas de agrupaciones opositoras.

Este comportamiento contrasta con la dinámica vista durante el periodo 2018-2022.

"Durante el primer año de la administración Alvarado Quesada, el 39% de las iniciativas de ley convocadas por el Gobierno en las sesiones extraordinarias, eran proyectos de una alianza opositora y el 28% fueron iniciativas del Ejecutivo. Durante el mismo periodo de la administración Chaves Robles, estos porcentajes fueron del 15% y 39%, respectivamente", dice el documento.

El investigador del Estado de la Nación explica que la falta de decisiones se traduce en una parálisis de la democracia, que aleja a la población de participar de la gobernanza y profundiza la crisis de representación política que atraviesa el país desde hace más de 20 años.

"Esta parálisis mina la confianza de la ciudadanía en que el Gobierno y las instituciones atenderán sus demandas, lo cual reduce la probabilidad de que la democracia logre acuerdos políticos y genere bienestar a la población. Es un problema estructural que, de no atenderse, continuará debilitando los fundamentos de la gobernanza democrática",
concluye Alfaro.

Araya agrega que el país se vuelve menos eficiente, y aunque se proyecte un crecimiento económico del 5%, hay que tener presente que ese crecimiento se sustenta el sector producto externo, como las Zonas Francas, que crecen al 16%, y que no dependen necesariamente de la legislación para su productividad, mientras que el resto de la economía local apenas crece un 1%.