“Es igual de grave que UPAD”, advierte diputada sobre petición de datos personales a operadoras
La diputada independiente Johana Obando Bonilla, envió un oficio al director nacional de la Dirección General de Tributación (DGT), Mario Ramos, solicitando explicaciones sobre el requerimiento masivo de datos personales de usuarios de las operadoras Claro, Liberty y Kölbi, realizado por el Ministerio de Hacienda.
La legisladora asegura que esta solicitud es tan grave como el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), durante la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), cuando se intentó acceder de forma irrestricta a información personal y confidencial de los ciudadanos.
"¿Cuál es la base jurídica para esta solicitud? ¿Se tomaron medidas de anonimización o estamos ante otro caso como la UPAD? Tenemos que actuar ya, porque se trata de una situación igual de grave. El gobierno no puede pasar por encima de los derechos que tenemos los costarricenses sobre nuestros datos personales", afirmó Obando Bonilla.
La diputada hizo además un llamado a la oposición a actuar con mayor firmeza frente a este tema.
"Al expresidente Alvarado se le acusó penalmente y fue llamado a comparecer ante la Asamblea Legislativa por el atropello que significó el acceso a cientos de miles de datos personales. ¿Por qué a Rodrigo Chaves y a su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les estamos aguantando tanto?", añadió.
El pasado 12 de marzo, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección de Inteligencia Tributaria, solicitó a los operadores de telecomunicaciones información detallada de sus clientes, incluyendo la base completa de suscriptores a los que se brindan servicios de telefonía, llamadas, internet y televisión digital.
En el documento, firmado por Julieta Abarca Robles, de la Dirección General de Tributación, se establece que los archivos deben entregarse mensualmente. Entre los datos solicitados figuran el nombre completo, número de cédula o pasaporte, número de teléfono fijo y celular, número de servicio, tipo de contrato y correo electrónico de cada abonado.
También se requiere información geográfica como la dirección exacta (provincia, cantón y distrito) y datos georreferenciados precisos.
Sin embargo, abogados especializados en telecomunicaciones y protección de datos consideran que la solicitud de la cartera tributaria carece de fundamento legal y, por el contrario, podría contravenir diversas leyes y principios constitucionales.
