En sodas, barberías y centros comerciales: Ola de violencia pasa factura a personas inocentes

(CRHoy.com) La frase de que las organizaciones criminales o bandas se matan entre ellos, parece que va quedando en el pasado en nuestro país.

La ola de violencia que enfrenta Costa Rica, ha dejado decenas de familias en luto, por la muerte de víctimas colaterales en medio de la guerra entre pandillas.

Niños, mujeres y hombres que no tenían nada que ver entre los conflictos armados de los criminales de barrios, en los ajustes de cuentas o en el narcotráfico, se convirtieron en parte de las estadísticas de muertes violentas o heridos de gravedad de las últimas semanas en territorio costarricense.

"Estamos en una guerra, definitivamente en una guerra. El crimen organizado nos ha declarado la guerra en la sociedad civil", comentó Álvaro Ramos, exministro de Seguridad y experto en la materia.

Uno de los casos más recientes fue el del pequeño Samuel Arroyo, un niño de solo 8 años de edad fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego tras una balacera en Zapote, San José, cuando el menor se encontraba acostado en su propia cama, cerca de la medianoche del 27 de febrero anterior.

La bala ingresó por el techo de la casa y se alojó en el pecho del menor provocándole serias heridas en el corazón y en varias arterias que finalmente lo llevaron a la muerte. Según denunciaron sus padres, la balacera que le terminó cobrando la vida no fue atendida de forma correcta por la Fuerza Pública, quienes se fueron del lugar solo minutos después de haber asistido a la escena.

"Este es un caso que nos tiene que llamar la atención, en primer lugar por la pérdida extremadamente dolorosa de un niño inocente producto de la actividad criminal. Qué nos indica esto, que si un niño está durmiendo en su casa, al cobijo de su hogar, y con sus padres, y no está seguro ahí, nadie en el país está seguro.

No me imagino una mayor condición que debería tener una familia, que estar en su hogar a esas horas de la noche, resguardados y recibir el incremento evento de un asesinato por parte de los grupos criminales que disparan a mansalva", agregó el especialista.

Sin embargo, lamentablemente el caso de Samuel no es único. Solo en diciembre anterior se presentaron dos situaciones similares con víctimas inocentes.

El 9 de ese mes, un menor de 2 años fue herido de bala cuando se encontraba con su papá en una barbería donde unos sujetos en motocicleta armaron una balacera.

Solo 7 días más tarde, el 17 de diciembre del año pasado, tres víctimas colaterales se vieron afectadas por otra balacera a plena luz del día (3:00 p.m.) en Desamparados, San José.

En ese sitio, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon e hirieron de muerte a una señora de 80 años e impactaron a dos niñas de 5 y 7 años que se encontraban jugando en el balcón de su casa, en la comunidad de Dos Cercas.

Las menores resultaron heridas a nivel de tórax y tuvieron que ser llevadas de urgencia, en condición delicada, al Hospital Nacional de Niños (HNN).

En setiembre pasado, las balas alcanzaron a un niño de solo 4 años de edad que se encontraba en un centro comercial con un adulto que fue asesinado a manos de un sujeto que disparó desde una motocicleta.

El suceso ocurrió a las 8:00 p.m., en el parqueo de la plaza de comercios donde también se encontraban otras personas, que afortunadamente resultaron ilesas.

"Esto nos indica que está faltando una cobertura de presencia (policial) en algunas comunidades que haga que los grupos criminales no se sientan dueños. Hay un faltante de policías que debemos rápidamente suplir", manifestó Ramos.

¿Y la ruta de la seguridad?

Varios ciudadanos encontraron la muerte producto de la criminalidad mientras estaban en centros comerciales, desayunaban en sodas, transitaban por las principales vías nacionales, o simplemente esperaban su turno en una barbería.

Esto ha hecho que la inseguridad que afronta el país volviera a acaparar el primer lugar de las preocupaciones de los costarricenses, según una reciente encuesta de Borges & Asociados de finales de enero e inicios de febrero.

Por ahora no hay datos estadísticos de las víctimas inocentes, pero con la tendencia actual, el país se encamina a alcanzar las cifras de 2022, donde se rompió el récord del año con más víctimas colaterales de ataques armados.

Las estimaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyectan que el país cierre este 2023, con aproximadamente 800 homicidios, superando por mucho la -también- cifra récord de 657 asesinatos.

A todo esto, la principal duda es qué están haciendo las autoridades de Seguridad para mitigar este problema que impacta a la ciudadanía y provoca tensión entre los ciudadanos.

"Sin recursos no hay ninguna posibilidad tan siquiera de contener una guerra con en la que estamos (contra la criminalidad). Insto a las autoridades a que reversen su decisión de cortarle recursos al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia, y al OIJ; reasignarle esos recursos de inmediato, que no haya ningún atraso.

Devolverle a Seguridad Pública el impuesto de sociedades anónimas para que pueda arreglar sus motos, carros, patrullas, aviones, helicópteros y sus lanchas. Eso es lo primero; lo segundo es apoyar a los Tribunales de Crimen Organizado, rápidamente para que puedan atacar a las estructuras más peligrosas", apuntó el especialista en seguridad Álvaro Ramos.

Para Ramos, el tercer punto vital es que debe haber un cambio de actitud de las autoridades: "Particularmente del presidente (Rodrigo Chaves) que cambie, en lugar de estar atacando a la prensa y al Poder Judicial, que unifique él, porque es su obligación, al país contra el enemigo común, si no caeremos un caos y todos perdemos".

Al tiempo en el que ocurre todo esto, el pasado 2 de marzo, Jorge Torres, ministro de Seguridad, afirmó que entendía la preocupación de la ciudadanía y prometió que "pronto vamos a tener resultados muy buenos para Costa Rica y estamos luchando en un frente común".