Empresarios urgen aprobar reforma para sacar al país de la lista negra
De izquierda a derecha, Jorge Luis Araya y José Álvaro Jenkins, director ejecutivo y presidente de Uccaep. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com).-La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) hicieron un vehemente llamado a los diputados para que agilicen la aprobación de una reforma a la legislación tributaria del país orientada a excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).
El sector empresarial aseguró que el proyecto de ley dictaminado afirmativamente por una comisión legislativa especial, bajo el expediente 23.581, cumple con los requerimientos solicitados por el Grupo del Código de Conducta de la UE.
Así lo indicaron los representantes de la Unión Europea en una sesión de ese órgano del Congreso el 27 de julio anterior.
En la misma, hicieron énfasis en la urgencia de eliminar la discrecionalidad administrativa en la determinación de la renta a gravar, así como a implementar requerimientos de sustancia adecuados para excluir rentas pasivas empresariales del exterior. Ambas debilidades en la legislación tributaria costarricense quedarían resueltas con la aprobación del proyecto de ley por parte del Plenario Legislativo.
"Uccaep llama la atención para no dilatar la discusión, aprobación y vigencia de esta reforma puntual a la ley, ya que la Unión Europea debe ser notificada sobre la misma a más tardar en la segunda semana de setiembre, tal como trascendió en la audiencia legislativa con los voceros de dicha organización", dijo Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la organización.
El sector empresarial advirtió que en caso contrario, Costa Rica, además de formar ya parte de la lista negra de la Unión Europea, se expone a ser incluida también en las listas específicas de paraísos fiscales de cada uno de los estados miembros de la UE, con la consecuente repercusión en materia de inversión extranjera y seguridad jurídica para las empresas instaladas en el territorio nacional.
El 14 de febrero pasado, los ministros de Finanzas de la UE acordaron incluir al país en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal porque su legislación tributaria permite la doble no imposición a las rentas pasivas extraterritoriales.