Empresarios advierten sobre convenio que afectaría a pymes
Plenario legislativo. (CRH).
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestó este viernes su preocupación por la eventual aprobación legislativa del Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque sostuvo que el sector empresarial condena de forma categórica toda manifestación de violencia y acoso laboral, y apoya firmemente las políticas de prevención, sanción y erradicación de estas conductas, advirtió sobre los riesgos que conlleva dicha normativa, principalmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Aseguró que el texto del convenio plantea obligaciones vagas e ilimitadas para los patronos, como responder por hechos ocurridos fuera del lugar de trabajo, durante desplazamientos, en espacios públicos o incluso por situaciones derivadas de la violencia doméstica. Esta ambigüedad genera inseguridad jurídica y abre la puerta a arbitrariedades.
También argumentó que las pequeñas y medianas empresas no cuentan con departamentos legales ni con estructuras de cumplimiento robustas.
"El cumplimiento estricto del Convenio 190 sería inalcanzable para muchas de ellas, exponiéndolas a sanciones o conflictos laborales y desincentivando la formalidad y el emprendimiento", expresó.
Además, señaló que la normativa impone al empleador una carga desmedida al involucrarlo en problemas de índole doméstica o personal de sus colaboradores, lo cual sobrepasa los límites razonables de la relación laboral y puede vulnerar derechos constitucionales, como el derecho a la intimidad.
"Costa Rica cuenta con un marco jurídico robusto, que incluye el Código de Trabajo, la Ley contra el Hostigamiento Sexual (Ley n.º 7476), la Reforma Procesal Laboral y múltiples convenios internacionales ya ratificados. El país tiene en vigor 47 convenios de la OIT, incluyendo los fundamentales. La aprobación del convenio podría generar choques normativos e inseguridad jurídica, debilitando el principio de legalidad y el rol exclusivo de la Asamblea Legislativa en la interpretación y creación normativa", indicó la Uccaep.
Subrayó que la prioridad nacional debe centrarse en generar empleo, fortalecer el diálogo social y asegurar que las regulaciones sean claras, razonables y aplicables a la realidad nacional, especialmente en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 97,5 % del tejido empresarial costarricense.