Empresario tuvo reunión con Gobierno sobre arreglo de pista del Oduber un mes antes de que se abriera licitación

Ingenieros de la empresa Grupo Pedregal y el propio director de operaciones, Rafael Ángel Zamora, sostuvieron reuniones y comunicaciones con funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para hablar sobre detalles de la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), un mes antes de que se publicara el cartel para licitar la obra.

Pese a que finalmente la obra fue adjudicada a la constructora MECO S.A., el exministro Luis Amador Jiménez declaró ante la Fiscalía General, en su condición de imputado en el expediente 24‑000454‑1218‑PE, por el caso Pista Oscura, que el presidente Rodrigo Chaves Robles se enfureció cuando se enteró de que Pedregal había perdido el concurso, y señaló al entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como responsable.

CRHoy tuvo acceso a correos de 2023 intercambiados entre Fernando Naranjo Elizondo, exdirector de la DGAC, y Zamora, en los cuales el empresario agradece al jerarca de esa institución la ayuda para "optimizar recursos para solventar temas urgentes del aeropuerto Daniel Oduber".

Esa comunicación se dio el 19 de septiembre a las 10:07 a. m. y hace referencia a la reunión que sostuvieron el día anterior.

Pero el correo no se limitó al agradecimiento, pues Zamora le solicitó directamente a Naranjo que le facilitara detalles específicos de la pista que se pretendía reparar, pese a que el cartel ni siquiera se había publicado. Para esa fecha, aún estaba en proceso de elaboración.

El empresario pidió que le enviaran "las curvas de nivel del aeropuerto para poder hacer un cálculo preliminar y presentarle una propuesta más ajustada a las ideas comentadas el día anterior".

Es decir, el 18 de septiembre, Zamora presentó varias ideas sobre los posibles trabajos que se ejecutarían en la terminal aérea, poco más de un mes antes de que el cartel se hiciera público en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

De inmediato, Naranjo redireccionó la solicitud a otros dos funcionarios, de apellidos Sánchez y Jiménez, para que el primero aportara la información solicitada.

El propio Zamora envió un nuevo correo a Sánchez, pidiendo la información de las curvas de nivel de la pista para calcular volúmenes y estructura, trabajo que estaban realizando dos ingenieros de la empresa Pedregal, a quienes copió en la cadena de comunicación.

La adjudicación de este contrato motivó a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) a abrir una causa penal contra 15 personas. Contra Chaves Robles se tramita un expediente independiente, en el que solo se le investiga a él como imputado. Por ser miembro de un supremo poder de la República, la investigación está a cargo de la Fiscalía General.

La FAPTA sigue una causa contra Amador, Naranjo; Marcos Castillo, actual director de Aviación Civil; Mauricio Batalla Otárola, exministro; y otros funcionarios de la DGAC, así como personeros de MECO.

La causa se tramita por la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos: primero, por la presunta manipulación para que se otorgara el contrato mediante el proceso de excepción por emergencia, y luego, por la modificación del contrato cuando ya se encontraban en curso las obras, justo al tiempo que se detectaron incumplimientos sancionables por parte de la constructora.

Chaves presionó para contratar a Pedregal

Amador declaró ante la Fiscalía que el presidente Rodrigo Chaves presionó para que se adjudicara el proyecto a Pedregal y no a MECO.

El exministro reveló que en diciembre de 2023 recibió una llamada telefónica de Chaves, compartida con Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), y Eduardo Mora, entonces asesor legal de esa entidad y actual abogado del despacho de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República.

En la llamada, Chaves preguntó a Amador a qué empresa se iba a adjudicar el contrato, y fue Picado quien le explicó que Constructora MECO S.A. era la mejor posicionada en el concurso, por encima de Pedregal y H. Solís. Al final, la licitación se adjudicó a MECO por 40 millones de dólares.

Picado y Mora, supuestamente a petición de Chaves, fueron quienes en junio de 2023 promovieron la ampliación del decreto ejecutivo de emergencia (publicado en junio de 2022) para incluir al cantón de Liberia entre las zonas afectadas por la tormenta tropical Bonnie, y así contratar de emergencia las obras de rehabilitación de la pista del AIDOQ.

"En diciembre de 2023, recibí una llamada del presidente Rodrigo Chaves Robles. Era una llamada compartida en la que estaban Alejandro Picado y Eduardo Mora, y el presidente preguntó a qué empresa se iba a adjudicar. Yo le aclaré que no lo sabía, porque es la CNE la que hace las valoraciones y puede contestar esa pregunta. Alejandro Picado le dijo que MECO era la empresa que estaba obteniendo el mayor puntaje en ese momento. También preguntó con base en qué criterios se recomendaría a MECO. Luego, el presidente reenvió un WhatsApp en el que se decía que se estaba favoreciendo a MECO por el tema de la experiencia; alguien se lo había enviado a él.

"Uno o dos días después, el presidente hizo otra llamada compartida. Estaba furioso, diciendo que por qué se iba a adjudicar a MECO y no a Pedregal. Le respondí que a mí no me correspondía recomendar ni adjudicar, que eso era competencia de la CNE. En esa llamada también estuvieron Picado y Mora. Entonces, el presidente les pidió que hicieran una revisión exhaustiva para ver si había alguna forma de que no se adjudicara a MECO, sino a Pedregal", reveló Amador en su declaración.

El exministro también recordó que meses antes de esa situación fue citado a una reunión en Casa Presidencial con los propietarios de la empresa Pedregal. En esa cita, según lo dicho por Amador, Chaves cuestionó por qué en las licitaciones promovidas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para conservación vial "no se le estaba adjudicando nada a Pedregal".

"En esa reunión creo que estaba Mauricio Batalla, porque era director del Conavi. Sospecho que el WhatsApp que el presidente había reenviado fue de Pedregal; no estoy seguro, pero creo que es una posibilidad. Ese mensaje enviado por el presidente creo que está en mi chat con él. A partir de enero de 2024, después de la reunión de diciembre, cada vez que había una reunión con el presidente, este estaba furioso, molesto y siempre decía que alguien tenía que pagar el costo político por haberse adjudicado a MECO. Me achacó a mí ese costo político, y eso provocó mi despido", relató el exministro.

El presidente Chaves y Natalia Díaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, firmaron el 23 de junio de 2023 una ampliación del decreto de emergencia de la tormenta Bonnie (rubricado el 12 de julio de 2022) para incluir —un año después— la pista entre la infraestructura afectada por ese evento.

Esa decisión permitió que la CNE promoviera una contratación de urgencia (sin pasar por el filtro de la Contraloría General de la República, CGR), que resultó adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A. por ₡21.889 millones, pese a que existían estudios técnicos que negaban un nexo causal entre la pista y los fenómenos naturales de 2023.

Los estudios recomendaban contratar la reparación bajo los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación costarricense, pero Amador y Naranjo omitieron esa recomendación técnica y optaron por el decreto de emergencia. y también fue conocido por Luis Amador Jiménez, quien entonces era el ministro de Obras Públicas y Transportes. Ambos desoyeron los señalamientos y optaron por continuar con el proceso de licitación al amparo del decreto de emergencia.

La licitación de emergencia motivó el cese de Amador y de Naranjo como jerarcas el pasado 12 de marzo de 2024.

En esa oportunidad, ambos habrían sido omisos al no percatarse de que las especificaciones técnicas del cartel para la obra habrían sido un supuesto "traje a la medida" para beneficiar a la empresa que resultó adjudicada y los destituyó alegando una "responsabilidad política" por eso.