Ejecutivo culpa a gobiernos PAC de inminente inclusión del país en lista negra de la UE
Posible inclusión en listado sería este martes 14 de febrero
(CRHoy.com) El Poder Ejecutivo advirtió que Costa Rica sería incluida, este martes 14 de febrero, en la lista negra de la Unión Europea (UE) de países y territorios no cooperantes en materia fiscal.
Por esta situación, desfavorable para el país y su economía, desde la Casa Presidencial se responsabiliza a los gobiernos de Acción Ciudadana (PAC), quienes fueron liderados por los expresidentes Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) y Luis Guillermo Solís (2014-2018).
Por medio de un comunicado de prensa emitido la mañana de este lunes, el gobierno comunicó que esta inclusión a esta lista se daría luego de que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), conformado por los ministros de finanzas de las naciones europeas, recomendara el ingreso del país a esa lista debido al incumplimiento con el compromiso adquirido por la anterior administración de reformar el sistema de imposición para gravar las rentas pasivas extraterritoriales antes del 31 de diciembre del 2022.
El Ejecutivo explicó que, según los lineamientos de la Unión Europea, las rentas pasivas que una persona o empresa genere en el extranjero deberían estar gravadas en Costa Rica, para así evitar que se dé una "competencia desleal" entre los regímenes tributarios de los países y que existan rentas libres de imposición.
Según dijo la Presidencia, durante la gestión de Sergio Alfaro Salas como ministro de la Presidencia durante la administración Solís Rivera y posteriormente como embajador costarricense ante la Unión Europea (UE), en Bruselas, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron excluidos de las conversaciones entre Costa Rica y el Código de Conducta de la UE.
El gobierno de Chaves acusó que los señalamientos de ese ente, en cuanto a las reformas tributarias requeridas para enmendar el sistema de imposición sobre la renta costarricense, fueron abordados por Alfaro Salas (entonces embajador ante UE), a título personal con el exministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde en el gobierno de Alvarado.
Añadieron que en abril de 2022, un mes antes del final del gobierno de Alvarado, Villegas Valverde se comprometió a presentar un proyecto de ley por el cual se establecería el gravamen de las rentas pasivas extraterritoriales al 30 de agosto de 2022, y a que este estuviese aprobado por la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre de 2022.
"Evidentemente, tales plazos no correspondían a la administración pasada y las autoridades de los ministerios atinentes nunca fueron notificadas de estas decisiones. Aunque este tipo de decisiones conlleva consultas con todas las partes interesadas, ni el sector empresarial ni la Asamblea Legislativa, fueron enterados de lo que sucedía, por lo que las acciones se limitaron a solo dos actores políticos. Las solicitudes de renegociación del compromiso y ampliación de plazos de cumplimiento fueron iniciadas por las autoridades de esta administración en agosto de 2022", dijo la Casa Presidencial.
El gobierno defendió que desde esa fecha, los jerarcas actuales de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores; Nogui Acosta Jaén, Manuel Tovar Rivera y Arnoldo André Tinoco, estuvieron en comunicación con autoridades europeas, pero que a pesar de sus diligencias "todas las solicitudes fueron rechazadas, al alegar esas autoridades que el gobierno anterior comprometió al país".
A raíz de ello, el Ejecutivo se liberó de cualquier responsabilidad y dijo que está en negociaciones con los Estados miembros de la UE y apresurando la presentación de un proyecto de ley de reforma integral al impuesto sobre la renta, para con ellos evitar medidas que golpeen la atracción de inversiones e imagen del país. La propuesta de ley se presentaría en marzo entrante.
Añadieron que trabajarán de cerca con el Código de Conducta para establecer un cronograma y un plan de acción que le permita al país salir de la lista en el próximo mes de octubre.
"La posición del ente internacional sería contundente: Mientras no se enmiende el régimen de rentas pasivas extraterritoriales por ley, Costa Rica se mantendría en la lista negra. Sin embargo, la UE tiene claro que nuestro país, está comprometido en promover las adaptaciones de legislación nacional para establecer el gravamen de las rentas pasivas extraterritoriales, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)", dice el comunicado.
La comunicación oficial añade que la Cancillería y las carteras de Hacienda y Comercio Exterior se reunieron con diputados y el sector empresarial para informarles sobre esta situación.
"Aunque no se puede asegurar que se evitarán las sanciones por parte de todos los Estados miembros de la UE, el Gobierno Chaves Robles sí está haciendo las coordinaciones para que el impacto sobre la inversión sea el menor posible", dijo el Ejecutivo.
