Impulsan abrir investigación legislativa contra el Banco Central
Comisión de Ingreso y Gasto votaría propuesta este jueves
Banco Central de Costa Rica. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -Una propuesta busca que la Asamblea Legislativa investigue al Banco Central de Costa Rica (BCCR) por su interés de tener acceso a datos privados de los ticos.
La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una moción para que la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa abra un expediente con ese propósito.
"Para que de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se acuerde la apertura de un expediente que investigue cualquier petición que haya hecho el Banco Central de Costa Rica a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), así como a cualquier otra entidad regulada o no regulada para tener acceso a datos integrales de operaciones de crédito y/o inversiones, incluyendo el número de identificación de las personas", plantea Álvarez en la iniciativa.
En la moción, la congresista refiere al hecho de que la Junta Directiva del BCCR solicitó el 23 de noviembre de 2022 a la SUGEF el acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona que los intermediarios financieros supervisados le remiten respecto de sus deudores a la Superintendencia para el desarrollo de sus labores de supervisión.
También hace mención a que la asesoría jurídica de la SUGEF consideró "que la solicitud es contraria a los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que declaran la confidencialidad de la información, documentos y operaciones de las entidades supervisadas a que tiene acceso la Superintendencia y que almacena en sus bases de datos y sistemas; y en los que se prohíbe al Superintendente, Intendente, funcionarios y miembros del Conassif, suministrar información a terceros, salvo en aquellos casos de excepción que la misma ley ha definido taxativamente.
La infracción a tal obligación especial de confidencialidad acarrea a quien no la observe responsabilidad laboral, además, una pena de prisión de cuatro a seis años, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, de conformidad con el artículo 203 del Código Penal".
Datos confidenciales
Andrea Álvarez, diputada del PLN. (Archivo/CRH).
Además, la liberacionista argumenta que la SUGEF ha manifestado que "la información solicitada por el Banco Central corresponde a datos privados y confidenciales de los clientes, los cuales no pertenecen ni a las entidades financieras ni a la Superintendencia y se encuentran sujetos al régimen especial de protección tutelado en el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N°8968".
"Que si bien el BCCR ha fundamentado su inusual petición con base en su interés de generar datos estadísticos, lo cierto es que, por ley, a dicha institución le corresponde preparar los indicadores económicos del país, con un carácter macro, y es cuestionable que requiera conocer para ello el detalle con nombre y apellido de las personas deudoras de cada operación crediticia. Las entidades financieras supervisadas y la propia SUGEF si cuentan con dicha información, es precisamente porque el ciudadano previamente les ha autorizado", sostiene la diputada.
Álvarez agrega que la pretensión del BCCR de obtener datos crediticios, con nombres y apellidos, no resulta necesaria, ya que puede trabajar con información agregada o individual anonimizada.
"Razón por la cual, sobre dicha petición y acciones ulteriores al respecto, debe esa entidad rendir cuentas. Lo anterior, en el marco de la protección de los datos personales de las y los costarricenses", concluye.
La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos del Congreso sometería a votación la propuesta en su próxima sesión el jueves entrante.
Ese órgano legislativo aprobó el jueves pasado otra moción de la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), para llamar a comparecer a las autoridades del BCCR por haber solicitado datos personales de los costarricenses a la SUGEF.