Disputa entre el AyA y Municipalidad de Paraíso por cobro del agua ya llegó a la Sala IV

La disputa entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Paraíso de Cartago, por una deuda superior a los ₡3.418 millones por el servicio de agua potable, ya fue elevada a la Sala Constitucional.

Según confirmó la oficina de prensa de la Sala IV, a la fecha se han presentado 2 recursos de amparo, ambos admitidos para su estudio y actualmente en proceso de tramitación.

El primero corresponde al expediente 25-012671-0007-CO, interpuesto por un grupo de vecinos de Paraíso, quienes alegan que el alcalde de ese cantón emitió un comunicado en redes sociales explicando que el AyA está realizando un cobro retroactivo multimillonario a la Municipalidad. Esto se originaría por un conflicto en la aplicación de las tarifas aprobadas en 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Según los recurrentes, el AyA advirtió a la Municipalidad que el incumplimiento del pago provocaría la suspensión del servicio de agua, lo cual afectaría a al menos 20.000 personas, de acuerdo con lo señalado en los oficios N.° GG-2025-01114 y GG-2025-01151.

También señalaron que el AyA otorgó un primer plazo de 3  días hábiles y luego otro de 10 días naturales como fechas límite antes de ejecutar el corte.

Los ciudadanos indicaron haber solicitado explicaciones al alcalde Michael Álvarez, quien afirmó que el conflicto se origina en un informe de Aresep, el cual señalaba deficiencias del AyA en la fijación de tarifas para el cobro del servicio. Por ello, dicha autoridad reguladora ordenó al Instituto aplicar las tarifas definidas desde 2017.

Para los vecinos afectados, independientemente de qué institución tenga la razón, ellos han cumplido puntualmente con el pago del servicio. Por tanto, consideran que la amenaza de suspensión es ilegal y atenta contra sus derechos fundamentales de acceso al agua, la continuidad del servicio público y la eficiencia en su prestación.

Sostienen que se vulnera su derecho al agua potable (artículo 50 de la Constitución Política) y al derecho a la vida (artículo 21), ya que sin acceso al agua no existen condiciones mínimas para la supervivencia. Por ello, solicitan que se ordene al AyA la suspensión inmediata de cualquier acción tendiente a interrumpir el servicio en el cantón.

El segundo recurso de amparo, el expediente 25-012581-0007-CO, expone argumentos similares. En él, se insiste en que el conflicto entre instituciones debe resolverse por la vía legal, pero recalca que los ciudadanos no tienen responsabilidad en el incumplimiento, ya que han pagado sus recibos.

Los firmantes también piden que se ordene al AyA cesar cualquier amenaza o actuación que implique interrumpir el suministro de agua potable.

AyA dio aviso de corte

El lunes 2 de junio, el AyA informó que procederá con el corte del servicio de agua a 4.200 hogares en Paraíso.

Aunque la suspensión estaba prevista para ese mismo lunes, la institución decidió dar plazo hasta el miércoles 4 de junio, en horas de la tarde, para que los vecinos puedan prepararse. El corte solo se detendría si la deuda es saldada antes de esa fecha.

"Esta decisión se toma con el interés de que la gente no pase penurias y pueda prepararse, recoger el agua que necesite e, incluso, ir donde su alcalde a pedirle cuentas del porqué los está sometiendo a esta injusticia", declaró Juan Manuel Quesada, presidente del AyA.

Según Quesada, el Instituto ha intentado durante más de un año resolver la situación sin afectar a los consumidores. Se ofrecieron prórrogas y arreglos de pago, pero no se obtuvo respuesta. El último recibo, con vencimiento el 20 de mayo, tampoco fue cancelado.

"El agua es un derecho, pero eso no exime del deber de pagar por el servicio", recalcó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades locales:

"El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, piensa que puede recibir gratis un servicio que pagamos todos los costarricenses (…) Hacemos un llamado respetuoso a la Municipalidad y a los regidores del cantón para que cumplan con su deber legal y no expongan a su gente a esta situación injusta. El AyA ha sido flexible y ha mostrado voluntad de diálogo, pero también tiene la obligación de velar por el uso responsable de los recursos públicos", concluyó.