Director no podrá entrar a oficinas de Aviación Civil ni tocar temas de infraestructura, ordenó Juzgado

El director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo Masís, no podrá ingresar a las instalaciones principales de la institución durante un año, hasta el próximo 19 de mayo de 2026.

Así lo ordenó el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en la resolución sobre las medidas cautelares del caso Pista Oscura, que estalló la semana pasada con la detención de cuatro personas señaladas como sospechosas de una serie de presuntas irregularidades en torno a la reparación del campo de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Guanacaste.

Entre las restricciones impuestas a Castillo figura la prohibición de ingresar a las oficinas centrales de la DGAC, por lo cual el funcionario deberá tomar las medidas necesarias para atender el resto de sus funciones en otras sedes.

Adicionalmente, se le prohibió tramitar cualquier asunto relacionado con la Unidad de Infraestructura de Aviación, donde laboran los antiguos miembros de la unidad ejecutora del proyecto de reparación de la pista del aeródromo en Liberia, el cual se encuentra bajo la lupa judicial.

A Castillo también se le prohibió conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de licitación 2023PX-000239-0006500001, mediante el cual se adjudicaron las obras, así como cualquier situación laboral de los testigos del caso.

José Pablo Venegas, abogado codefensor del director de Aviación junto a Rafael Gullock, se mostró satisfecho con las medidas cautelares que lograron evitar y consideró que resolución está ajustada a derecho. 

"Las otras medidas nos parecen adecuadas para el avance de la causa, sobre todo porque don Marco no ha realizado ninguna actividad delictiva, le permiten trabajar.

No se puede presentar a las instalaciones centrales, pero sí puede realizar su trabajo de forma remota", indicó el jurista.

Además, cuestionó el despliegue y la detención de los involucrados, al indicar que Castillo ya se había puesto a disposición de la Fiscalía respecto a los hechos investigados.

Contra el ingeniero Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, se ordenó la reubicación en otro puesto, por lo que deberá ser trasladado a una oficina afín a su perfil profesional.

También se le prohibió involucrarse en cualquier aspecto del proceso de licitación que se encuentra bajo investigación.

Por su parte, al exministro Mauricio Batalla se le impuso la prohibición de ingresar a las instituciones públicas involucradas en el caso —Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Aviación Civil y la CNE—, así como la prohibición de comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar, de manera directa, por terceras personas o mediante medios electrónicos, redes sociales, llamadas o mensajes, a los testigos de la causa.

Estas son la totalidad de medidas cautelares impuestas a los funcionarios por la jueza a cargo de analizar la solicitud presentada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual había solicitado suspensiones de cargo, impedimentos de salida del país y la obligación de firmar mensualmente ante una autoridad judicial.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, quedó sin ningún tipo de restricción y podrá regresar a su cargo. Diego Maroto, el fiscal del caso, apeló de inmediato la resolución e insistirá en interponer las medidas que fueron rechazadas.

"Claramente la Fiscalía no comparte estos argumentos, considera que la investigación y los peligros procesales daban para que estas medidas cautelares fueran otorgadas y en razón de ello se formuló un recurso de apelación correspondiente", confirmó el fiscal del caso, Diego Maroto.

El fiscal también aclaró que la jueza, en ningún momento, cuestionó los hechos investigados y considera que sí existen posibles delitos imputados por la Fiscalía, pero mantuvo dudas sobre la influencia que pudieron haber ejercido algunos de los involucrados.

Caso Pista Oscura

El pasado martes, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con la Fiscalía Anticorrupción, intervino las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde además procedieron con sus arrestos, dado que figuran como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia en contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Esta causa está relacionada con una serie de anomalías supuestamente orquestadas para desviar unos $40 millones y realizar una reparación parcial de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Liberia.

Las acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación. La primera está vinculada con la preparación del contrato para las obras y la modificación de un decreto de emergencia emitido meses después de varias tormentas, con el objetivo de incluir a Liberia —y por ende, a la terminal aérea— en dicha declaratoria.

Según el órgano acusador, la emergencia se justificó de forma falsa, pues se atribuyeron los daños que presentaba la pista a la tormenta tropical Bonnie y a otras ondas tropicales ocurridas en 2022. No obstante, los perjuicios se habían presentado con anterioridad a esos fenómenos naturales.

Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, lo que habilitó una contratación por $39,9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S. A.

Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para ejecutar las obras se simplifican, ya que se requiere realizarlas en el menor tiempo posible. Esto implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere el refrendo previo de la Contraloría General de la República.

La segunda línea de investigación recae sobre la ejecución de las obras, dado que, al parecer, en medio de irregularidades, se redujo la cantidad de trabajos en la pista y el valor del contrato solo bajó en $4 millones.

Además de los capturados, en la causa se investiga a otras diez personas, entre ellas el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo Elizondo; el exministro del MOPT Luis Amador Jiménez (ya indagado por la Fiscalía General); la exministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana.

También están otras personas de apellidos Marín Fallas (jefe de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado del mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro de la Junta Directiva de Conavi), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).