Directiva del BCR declaró confidencial informe sobre alternativas para la salida del Parque del Pacífico

La junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR) sigue declarando confidenciales cada uno de los temas que tienen relación con la compra o futuros movimientos del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), adquirido por el Fondo de Inversión Inmobiliario no Diversificado (FIIND) de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

El último caso del que se tiene registro se puede constatar en el acta de la sesión ordinaria 65-24 del lunes 26 de diciembre del 2024, en la que se acordó que la discusión del "Informe sobre valoración de posibles alternativas para la salida del Parque Empresarial del Pacífico" no podía quedar registrado en el acta pública, sin que se especificaran los motivos.

Previamente, en las sesiones 50-24 del 14 de octubre del 2024 y 55-24 del 4 de noviembre del 2024, se había establecido la misma condición de discutir temas del parque bajo la sombra confidencial que les faculta la normativa interna a los directivos, por lo que se apegaron a eso para extenderla para la última reunión que tuvieron en diciembre.

"Es importante aclarar que en las actas publicadas, se excluyeron los artículos declarados confidenciales, de conformidad con el artículo 24, de la Constitución Política y las regulaciones establecidas en el marco legal vigente", advierte el sitio del BCR en el apartado de actas.

Esta no es la primera vez que se toma esa consideración para hablar en la junta sobre el PEP, es algo recurrente, como lo ha informado en varias ocasiones crhoy.

En abril del año pasado habían hecho lo mismo cuando se declaró confidencial y se aplazó la discusión de 3 asuntos clave del Parque, relacionados con los problemas estructurales (falencias en suministro de agua y en cumplimiento de normativas ante incendios) que tiene el PEP desde su adquisición en el 2020.

También sucedió en junio del 2023 cuando se declaró bajo la misma figura el informe de auditoría que revelaba decenas de anomalías que se habrían cometido durante el proceso de adquisición. Este documento posteriormente fue remitido al Ministerio Público para que formara parte del expediente penal 21-000209-1218-PE, en el que se investiga la posible comisión de los delitos: compra con sobreprecio, administración fraudulenta y destrucción de documentos.

Como ya era costumbre, en acatamiento de la resolución SGV-R-167-2024, emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), Mahity Flores Flores, quien fungió como presidenta de esta junta. Además se excluyó de la participación a Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico y el exgerente general Douglas Soto Leitón.

Los inversionistas del fondo habían mostrado interés en vender el PEP a razón de poder recuperar parte del dinero que se perdió luego de conocer que el valor real de la propiedad era mucho menor a la que se pagó.

Fernando Mayorga, representante de los accionistas, explicó en el Comité de Vigilancia que planean hacer una reunión con todos los afectados para valorar si la venta podría ser algo viable en razón de las futuras inversiones que se puedan hacer al cuestionado inmueble.

"(…) si (la venta) implicaría años sin recibir rendimientos para los inversionistas o no y muy ligado a esto está cualquier inversión que se haga en el PEP, que lo que va a hacer es aumentar las pérdidas que está dejando ese inmueble", expuso.

Además de la causa penal que se lleva en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la Sugeval mantiene en curso una investigación por presuntas irregularidades en el proceso de aprobación y compra del PEP, mismo en el que participaron varios comités y juntas directivas.

Dicho parque fue comprado por la SAFI por $70 millones a una sociedad anónima ligada con el exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales (2018-2022).

Posteriormente se determinó que su valor real era de $35 millones, incluso el último avalúo anual presentado ante Sugeval se expone que el valor actual es de $28 millones.