Diputados rechazaron proyecto de Fabricio Alvarado para sancionar introducción de celulares a cárceles
Congresistas de Comisión de Seguridad y Narcotráfico cuestionan que no contempla penas de cárcel y solo multas
La mañana de este jueves, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa rechazaron el proyecto de ley, presentado por el legislador de Nueva República; Fabricio Alvarado Muñoz, que pretendía penalizar la introducción de celulares a las cárceles.
Los congresistas de la Comisión de Seguridad rechazaron el proyecto de Alvarado porque cuestionan que la propuesta solo contempla sanciones de multas económicas.
Además, cuestionaron que el plan de Alvarado se contrapone al proyecto ya dictaminado por esta misma Comisión, que sí impone penas entre 2 y 4 años de cárcel para quienes metan celulares a las cárceles (ver nota abajo).
El proyecto del diputado Alvarado dictaminado de manera negativa es el 24.323. Entre otros temas, pretendía castigar el ingreso de estos dispositivos con multas de 10 salarios base y la prohibición de visitar centros penitenciarios por un año.
A pesar de la insistencia del diputado Alvarado de que le aprobaran su propuesta y que esta se corrigiera en su etapa de presentación de mociones de fondo, la mayoría de congresistas optó por dictaminarlo de manera negativa.
El proyecto que está dictaminado
El pasado 24 de octubre los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso dictaminaron de manera afirmativa el proyecto 24.162.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en febrero anterior, fija entre 2 y 4 años las penas de prisión por esta práctica; sin embargo, no se descarta endurecer la pena con más años de cárcel.
Tras el dictamen de los legisladores en octubre, ahora el plan está en discusión en el plenario legislativo, en donde los diputados podrán presentar mociones de fondo a la propuesta.
La iniciativa de ley 24.162 busca adicionar el artículo 257 quáter al Código Penal para procesar a aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares y otros aparatos de comunicación a las prisiones.
Celulares y chips introducidos ilegalmente en las prisiones permite a los reclusos coordinar actividades criminales fuera de las instalaciones, tales como tráfico de drogas, extorsiones, estafas informáticas y homicidios.
Estadísticas oficiales arrojan que durante 2023 la Policía Penitenciaria consiguió interceptar el ingreso de 2.683 teléfonos celulares a las cárceles del país. Además, incautaron 3.592 chips o tarjetas SIM, así como unos 4.954 artículos electrónicos como cargadores, cables de cargador y artefactos similares.