Diputados piden política clara en seguridad cuando gobierno asuma control de la agenda
(CRHoy.com) Los diputados no ocultan la preocupación que les genera que en menos de una semana el Poder Ejecutivo vuelva a tomar control de la agenda de proyectos que se podrán discutir en la Asamblea Legislativa, pero que hasta el momento se desconozca el rumbo y la estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
A partir del 1 de noviembre el Congreso entrará en Sesiones Extraordinarias por un espacio de 3 meses – hasta el 31 de enero de 2024- y será la Presidencia la que defina la agenda de los congresistas tanto en comisiones como en el plenario.
Si bien desde la Casa Presidencial se habla de que la prioridad en esos meses serán proyectos para combatir el crimen y la inseguridad, a los diputados les preocupa que el Gobierno no haya presentado a estas alturas de su Administración su política de seguridad.
Según dijo el Gobierno semanas atrás, la política para combatir el narcotráfico y la inseguridad se presentaría en noviembre entrante, es decir, un año y medio después del arranque de esta Administración.
Para los legisladores, la agenda de proyectos que convoque el Ejecutivo en materia de seguridad resultaría "inútil", si antes no hay una ruta clara en esta materia.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, dijo que es necesaria la ruta del Ejecutivo en materia de seguridad para que los esfuerzos no se dispersen. El líder de los verdiblancos exigió al Gobierno mayor coordinación y comunicación con el Congreso en los próximos 3 meses.
"Lo primero que se debe definir es la política pública en seguridad, porque no tenemos, no hay ruta. Puede haber proyectos, pero sin esa ruta clara, nada vamos a hacer", comentó Izquierdo.
Horacio Alvarado Bogantes, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dijo que con una política clara de seguridad se pueden definir los programas, proyectos y presupuestos para combatir el crimen.
"Hace falta una política clara de seguridad para definir los proyectos y presupuestos para que se lleve a cabo. Eso es lo que hace falta, por eso el Gobierno anda echando culpas a otros, porque no tienen un plan ni estrategia", dijo el socialcristiano.
Eliecer Feinzaig Mintz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) dijo que ante la falta de esta ruta en materia de seguridad los diputados no tendrán una tarea fácil en los meses en que el Ejecutivo domine su agenda.
El legislador exigió al Ejecutivo que, ante la falta de su política de seguridad, convoque para su discusión en el Congreso a partir de noviembre iniciativas que han propuesto las fracciones legislativas y las autoridades del Poder Judicial.
Preocupación por roces constitucionales
La semana pasada los diputados decidieron solicitar explicaciones al Poder Ejecutivo acerca de sus 5 proyectos de ley con los que busca combatir la inseguridad y combatir la criminalidad, esto luego de que trascendiera de que al menos 3 de esas iniciativas de ley redactadas por el Gobierno tienen falencias y enfrentan choques con otras leyes o bien tienen roces con la Constitución Política.
A raíz de esto, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción para llamar en audiencia a la ministra y viceministro de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y Freddy Morera Blanco.
Los congresistas quieren que los jerarcas de la Presidencia se refieran a sus propuestas y a los señalamientos sobre aparentes choques con otras leyes y la Constitución que fueron evidenciados por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo presentó las iniciativas el pasado 19 de abril, en el marco del plan "Costa Rica Segura", y los proyectos ingresaron a la corriente legislativa por medio de los diputados oficialistas. Sobre las deficiencias de estos proyectos, el Ejecutivo ya está enterado, pues la propia ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que para eso a la Asamblea Legislativa le correspondía hacerles las correcciones necesarias.
Los 3 expedientes sobre los que existen cuestionamientos de roces con otras leyes y la Constitución son los que tienen los numerales 23.690, 23.691 y 23.692, los cuales pretenden ampliar las escuchas telefónicas en casos de femicidios y homicidios, endurecer las penas para menores de edad involucrados con el crimen organizado y sobre la ampliación de criterios para imponer la prisión preventiva.
CRHoy.com intentó constatar la versión de la ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, acerca de las prioridades del Ejecutivo a partir de noviembre en materia de seguridad y las consideraciones de los diputados. A la hora de esta publicación no se había recibido una respuesta.