Diputados corrigieron riesgos en información de víctimas y testigos

La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa concluyó con la corrección del proyecto de ley de reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) que fue vetado semanas atrás parcialmente por el Poder Ejecutivo por poner, en su versión original, en riesgo la información de las personas que están en el programa de víctimas y testigos del Poder Judicial. 

Se trata del expediente 23.111, iniciativa que fue presentada por la diputada liberacionista, Katherine Moreira.

En agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre pidió al gobierno vetar de forma parcial la ley. El presidente, Rodrigo Chaves vetó un artículo de la nueva ley que modifica la Ley General de Contratación Pública, para eximir de la aplicación de esa normativa a los sujetos beneficiarios del SBD.

Pero en marzo anterior ya se había aprobado otra ley que exonera a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público de los alcances de la contratación pública.

La reforma al SBD obligaría a dicha Oficina del Ministerio Público a realizar todas sus compras a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). El magistrado Aguirre señaló que no aplicar la corrección permitiría acceso a información sensible, como la ubicación y los servicios contratados para la protección de estas personas.

Con esta corrección, el proyecto sigue su trámite en el plenario para convertirse en ley de la República.