Diputados acuerdan desempolvar proyectos para prohibir explotación de gas

Los diputados tienen interés de retomar en las próximas semanas la discusión de 3 proyectos de ley que pretenden prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas en Costa Rica.

Esta discusión estuvo detenida durante los últimos  3 meses en la Asamblea Legislativa, pues el Poder Ejecutivo no convocó ninguna de las 3  iniciativas de ley para impulsar esta prohibición durante el pasado período de Sesiones Extraordinarias en el Congreso. Este período legislativo, en el cual la Presidencia domina la agenda de los congresistas, culminó el pasado 31 de julio.

Ahora en agosto, los diputados de distintas fracciones legislativas mostraron su anuencia para que los  proyectos presentados sean retomados para su discusión. A partir de este mes los congresistas retomaron el control de su agenda.

Las 3 iniciativas de ley que están sobre la mesa acerca de esta discusión fueron propuestas por el diputado oficialista, Manuel Morales Díaz, por la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) y otro más por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP).

Las propuestas del diputado Morales Díaz y del PLN se encuentran en la Comisión de Ambiente. Entre tanto, la del PLP está en la Comisión de Reforma del Estado (ver nota abajo).

En el país, la exploración y explotación de petróleo se encuentra vetada hasta 2050 por medio de un decreto y de moratorias firmadas desde el 2002 por los gobiernos de Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada. Sin embargo, este podría ser revocado por cualquier mandatario que lo considere oportuno.

Las 3 propuestas de ley buscan que la prohibición queda firme mediante una ley de la República. Los diputados impulsores consideran que el país debe seguir apostando a su modelo de desarrollo sostenible y en armonía con el medio ambiente y que debería apuntar a seguir desarrollando su matriz energética mediante fuentes de energía renovable.

El diputado Morales Díaz dijo que se siente optimista del avance de su propuesta en las próximas semanas, esto tras conversaciones que tuvo recientemente con el jefe de fracción del PLN y presidente de la Comisión de Ambiente, Óscar Izquierdo Sandí. Explicó que su proyecto tiene todavía por delante más de un centenar de mociones presentadas por la bancada de Nueva República, mientras que al texto del PLN aún le restan por discutir cerca de 500 mociones.

Morales dijo que en la Comisión de Ambiente se estará valorando sesionar de manera extraordinaria para avanzar con la discusión. "Llevamos 24 años haciendo moratorias porque los gobiernos saben la importancia de reconocer el liderazgo ambiental de Costa Rica. Muchas organizaciones  y países tienen sus ojos sobre Costa Rica por la decisión que vayamos a tomar", dijo el oficialista.

Por su parte Izquierdo dijo que esta discusión es importante para "defender los principios básicos de protección del medio ambiente" que ha promovido el país.

El frenteamplista, Ariel Robles Barrantes, dijo que la fracción ve con buenos ojos la propuesta del diputado Morales.  "Estamos de acuerdo con el proyecto, puede avanzar y tiene los votos afirmativos del Frente Amplio", comentó.

Gobierno no esconde interés en cuestionada práctica

En reiteradas ocasiones el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se refirió al interés del gobierno en obtener datos e insumos que allanen el camino hacia la discusión sobre si Costa Rica pudiese aprovechar eventuales fuentes petroleras y de gas.

Incluso, el 4 de octubre de 2023 reveló que el gobierno solicitó ayuda a Noruega para la posible utilización de métodos "no intrusivos" que ayudarían a determinar las posibles fuentes de petróleo y gas, así como el valor estimado que tendrían estos recursos.

"La posición del gobierno ha sido clarísima: nosotros queremos hacer una evaluación seria del valor de las reservas de gas que tiene Costa Rica (…) Le pedimos al gobierno de Noruega que nos ayude determinar si ahí hay 6 reales de gas o miles, de miles, de miles de millones de gas. Entonces, sobre una base empírica, sólida, con números, tener la discusión nacional de si vale la pena sacar ese gas", expuso Chaves en enero anterior.

Los proyectos de ley

El proyecto que impulsa el diputado  Morales lleva por nombre "Ley para declarar a Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas". Su expediente es el 23.579.

Este proyecto consta solamente de 2 artículos, pero recibió 126 mociones en contra por parte del partido Nueva República, cuyo líder es el excandidato presidencial y ahora diputado Fabricio Alvarado.

En la pasada campaña electoral Alvarado y el PNR dijeron estar de acuerdo con la exploración de petróleo y gas.

El expediente del PLP es el 24.139, el cual está en la Comisión de Modernización y Reforma del Estado, y tiene una diferencia importante con respecto a la propuesta de Morales.

La iniciativa busca que se cierre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y que, al mismo tiempo, se prohíba la exploración y explotación de gas natural y petróleo.

"Si vamos a prohibir la exploración y explotación, ¿para qué dejar Recope abierto? Queremos cerrar la posibilidad de que a algún gobierno se le ocurra venir a repartir el territorio nacional para que empresas extranjeras vengan a explotar el petróleo", justificó Eliecer Feinzaig, diputado de esta agrupación.

Entre tanto, el expediente del PLN fue uno que dejó la exdiputada de esa agrupación,  María José Corrales.

El proyecto se llama "Ley para eliminar el uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de explotación y explotación de carbón, petróleo y gas natural" y se discute  bajo el expediente 22.819.

En el documento se establece que el objetivo es contribuir al proceso de transformación de la matriz eléctrica. Además, busca descarbonizar la economía mediante el uso de combustibles alternativos y reduciendo el uso de combustibles fósiles.

El artículo 3 de este proyecto es el que declara a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas natural. Se aclara que, tanto a nivel continental como marino, no se podría llevar a cabo esta práctica y que el Estado sería dueño de cualquier fuente o reserva de sustancias hidrocarburadas.