Diputado oficialista cuestiona a magistrados por señalar afectación en proyecto de Pilar Cisneros
Diputado oficialista Daniel Vargas.
(CRHoy.com) El pasado 26 de junio los magistrados que integran la Corte Plena tomaron el acuerdo por unanimidad de señalar que el proyecto de ley 23.733, de la diputada Pilar Cisneros, para equiparar la contribución Estatal en los regímenes básicos de pensiones, afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
La decisión de la Corte obliga al Congreso a tener que aprobar este proyecto de ley con mayoría calificada, es decir 38 votos.
Esto porque así lo dispone el artículo 167 de la Constitución Política, siento la medida obligatoria cuando la Asamblea Legislativa quiere sobrepasar una decisión de la Corte.
La propuesta de ley busca disminuir la tasa de aportación del Estado a los regímenes de pensiones del Poder Judicial del 14,36% al 5,75%, como en el IVM.
¿Abuso?
Ante esto, varios diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se analiza este expediente, aprobaron una moción para llamar a comparecer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre y a la directora ejecutiva del Poder Judicial Ana Eugenia Romero Jenkins.
El subjefe de fracción del oficialismo, Daniel Vargas cuestionó si los señalamientos de la Corte a que los proyectos de ley afectan al Poder Judicial, obligando a una votación calificada podría ser un "abuso" de este Poder de la República.
Nos parece que puede estarse dando, y no de ahora, sino desde hace algún tiempo, algún grado de abuso de estas declaratorias, para entorpecer la aprobación de leyes importantes y necesarias para restablecer el orden, la equidad y la justicia en este país, afirmó el diputado Vargas.
La también oficialista Paola Nájera, cuestionó las explicaciones que dio el director interino del Fondo Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, Oslean Mora Valdez, cuando en la comisión expuso las razones para rechazar la iniciativa de ley.
Según Nájera varias de las afirmaciones de Mora se basaron en prejuicios al comparar las pensiones del Poder Judicial con el IVM.
Insisten en que no hay razones de por qué el Estado le debe aportar más recursos a un régimen que a otro.
La Corte Plena consideró que el proyecto de ley carece de estudios actuariales que puedan determinar el impacto en las finanzas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial a largo plazo.