Diputadas alertan que reforma a Japdeva del PUSC es “un jaguarcillo”

Las diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro Molina y la independiente, Gloria Navas Montero, cuestionaron que el plenario legislativo discuta un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), cuya propuesta en su único artículo fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  como parte de su pronunciamiento sobre el proyecto de ley Jaguar, impulsada por el Poder Ejecutivo.

La reforma a la ley de Japdeva que la semana pasada se empezó a discutir en el plenario es impulsada por la diputada limonense y jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce.  El plan se tramita bajo el expediente 24.259 y el pasado 19 de agosto 40 congresistas acordaron dispensarlo de todo trámite, por lo que su discusión se desarrolla directamente en el plenario.

Para las diputadas Alfaro Molina y Navas Montero, la iniciativa de la jefa del PUSC pretende revivir la utilización de alianzas estratégicas para evadir licitación de obras de infraestructura y sus respectivos controles, un concepto que la Sala Constitucional declaró ilegal.

La frenteamplista Alfaro aseguró que el proyecto de la jefa del PUSC insiste en una acción que los magistrados constitucionales declararon como inviable en su pronunciamiento sobre la ley Jaguar, la cual busca eludir procesos de licitación, mediante alianzas estratégicas.

"La figura de la alianza estratégica existe, pero está prohibida para obras de infraestructura, porque eso tiene su procedimiento. Para mí es incomprensible que se le diera dispensa de trámites a un proyecto que es una fracción del proyecto Jaguar, que la Sala Constitucional ya indicó que es inconstitucional;  es un jaguarcito, una parte del proyecto inicial que ahora se presenta en forma aislada. Pareciera que es la dinámica no solo del Gobierno, sino de sus aliados- en alusión al PUSC-, presentar un jaguar 1, jaguar 2  y jaguar 3, jaguar 4 a ver si nos cansamos o nos confundimos, pero la Sala Constitucional ya fue clara en que la propuesta era inconstitucional", dijo  la diputada Alfaro.

La diputada independiente, Gloria Navas Montero coincidió con Alfaro.

"Esto es un jaguarcillo, el jaguar que está muerto y que el Gobierno pretende revivir. Hay que estar alertas y creo que debemos analizar como Congreso la viabilidad y la manera en que vamos a discutir este expediente", dijo Navas.

"Lamento que una diputada del Frente Amplio le quiera dar la espalda al desarrollo de toda una provincia que clama por oportunidades de empleo. El proyecto de Japdeva para la construcción de la marina y la terminal de cruceros, es urgente y necesario. Es importante indicar que el texto presentado a nuestro parecer garantiza el cumplimiento constitucional y los parámetros de transparencia y uso eficiente de los recursos", dijo Carballo Arce.

¿Qué dijo la Sala IV sobre las alianzas estratégicas?

El pasado 1 de octubre la Sala Constitucional volvió a encontrar vicios de inconstitucionalidad a la segunda versión del proyecto de ley Jaguar.

Los magistrados constitucionales, quienes resolvieron la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Contraloría General de la República (CGR), determinaron que el proyecto del presidente, Rodrigo Chaves Robles tiene un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4, que plantea la reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.

Según la consulta, la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.

Pero, además, la Sala IV encontró otro vicio en el artículo 5 de la iniciativa, que pensaba modificar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva. La reforma planteada por el Gobierno pretendía que se permitiera la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.