Diputada Ramírez: “¿Qué pretende ser el Banco Central, la nueva UPAD?”
La diputada del PLN, Paulina Ramírez Portuguez (CRH)
(CRHoy.com).-La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez arremetió en su espacio de control político este miércoles, contra la solicitud de datos personales que el Banco Central insiste en pedir a las entidades financieras del país.
Ramírez señaló que no hace mucho el país se estremeció con lo sucedido en la pasada administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) cuando se creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que el 17 de agosto del 2022, la Sala IV declaró inconstitucional.
En ese momento los magistrados determinaron que la UPAD, que se quiso crear vía decreto ejecutivo, infringió el derecho a la autodeterminación informativa y el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales.
"Pues la solicitud que hizo el Banco Central días atrás se parece bastante a lo que estuvo haciendo la UPAD por mucho tiempo y a escondidas de la ciudadanía", comentó la verdiblanca.
La diputada agregó que en la conferencia de prensa que el Central hizo ayer martes, se confirmó que tienen bases de datos con información de los costarricenses facilitadas por la Dirección General de Tributación y la Caja Costarricense del Seguro Social, relacionadas con temas tributarios, transacciones de las personas trabajadoras y las características de sus empleos.
Esto es sumamente grave, porque dichas instituciones ni siquiera se cuestionaron la legalidad de lo actuado. ¿Qué pretende ser el Banco Central? ¿La nueva UPAD? ¿Cuáles son las intenciones que tienen con estos datos?, se cuestionó Ramírez.
Agregó que si bien es cierto que los datos se pueden solicitar de forma agregada y sin nombres y apellidos, enfatizó que no es cierto que una solicitud de este tipo esté fundamentada en la Ley del Sistema de Estadística Nacional, ni en la Ley Orgánica del Banco Central, ni mucho menos es parte de los requerimientos de la OCDE para producir estadísticas monetarias, crediticias y de finanzas públicas.
"Es improcedente solicitar información detallada; es decir, con nombres, números de cédula o montos de las operaciones crediticias de cada cliente, que exceda los fines y límites que establecen los derechos a la intimidad y a la autodeterminación informativa, establecidos en el artículo 24 de la Constitución Política y de forma integral en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales", insistió Ramírez.