Defensoría investiga decreto que traslada 3.000 kilómetros de vías a municipios

La Defensoría de los Habitantes investiga el decreto ejecutivo que trasladará 3.000 kilómetros de ruta nacional a las municipalidades.

La intervención del órgano defensor se une a las preocupaciones existentes por parte del régimen municipal porque ese movimiento de vías se hace "sin contenido presupuestario", por lo cual el caso se encuentra en la Sala Constitucional y próximamente en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

CRHoy.com publicó el 27 de junio que el máximo Tribunal Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad que interpuso Javier Bogantes, alcalde de Abangares ante la decisión gubernamental.

El líder local alegó que el proceso de transferencia es reserva de ley y debería darse un proceso de concentración con los gobiernos locales para el fortalecimiento de la descentralización a nivel municipal.

Carlos León, representante del área de Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes, indicó que la intención es conocer la procedencia técnica y jurídica de la medida para que la misma no perjudique la conservación y el mejoramiento de los caminos públicos.

León añadió que dentro de las consultas planteadas se encuentra si en las acciones participaron los ayuntamientos o si fue una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

El funcionario detalló que se planteó la interrogante acerca de la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades y si los mismos se encuentran reservados a nivel presupuestario.

"Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales", sostuvo León.

Otra de las consultas realizadas es sobre si la transferencia de la responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales y la consideración que merecen que los establecidos en las Leyes 8114 y 9329 se destinen al mantenimiento de la red vial cantonal.

La Defensoría planteó consultar acerca del plazo por el cual se trasladaría esa responsabilidad a los municipios y que si al momento de publicar el decreto se valoró la preparación de las municipalidades en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos para asumir esa responsabilidad a partir de este mes.

El MOPT tendrá 5 días hábiles para responder esas interrogantes al órgano defensor, según detalló el funcionario del área de Gobernanza Pública.