Decreto flexibiliza condiciones para pago de servicios ambientales
¢41 mil millones del Banco Mundial se destinarán para fortalecer presupuesto
(CRHoy.com) El gobierno decidió flexibilizar las condiciones que están vigentes para el Pago de Servicios Ambientales (PSA).
El Poder Ejecutivo emitió un decreto por medio del cual se establece que no se le solicitará a las personas que se quieran ver beneficiadas de estos recursos de la respectiva escritura de la propiedad, como sucede actualmente.
El PSA arrancó en 1997, consiste en un incentivo por el cual se remunera a propietarios de bosques a cambio de protegerlos con distintos esquemas de preservación. Hasta este año el beneficio se ha otorgado a más de 19 mil familias y ha movido alrededor de $524 millones en proyectos de conservación, que se distribuyen en 1,3 millones de hectáreas.
Según confirmó el Poder Ejecutivo, el cambio en las reglas del juego será para que se puedan verse más beneficiadas las personas más vulnerables.
A su vez, se informó que se dedicarán ¢41 mil millones para el financiamiento de este programa por medio del Banco Mundial. Estos recursos se suman a los ¢210 mil millones que estaban presupuestados.
"Vamos a pagarles servicios ambientales a la gente más vulnerable del país. Nos dimos cuenta que los esfuerzos por proteger el medio ambiente que hacen personas muy vulnerables como las poblaciones indígenas en nuestros 24 territorios, como no tenían escritura, no podían recibir pagos. Los ocupantes legítimos sin escritura de propiedad de bosque, que no están ubicados en parques nacionales, gente que tiene 3-4 hectáreas de un bosque, lo cuida, lo protege, pero que no tiene la escritura, van recibir los pagos ambientales que corresponden, porque en Limón, Puntarenas, Coto Brus, es donde está la gente más vulnerable que hoy podrían beneficiarse de estos montos. Esto ayuda a la equidad, a la protección del ambiente y a la distribución del ingreso", dijo el presidente, Rodrigo Chaves tras la firma del decreto presidencial.
A pesar de ser reconocido y premiado internacionalmente como una política creativa y efectiva de Costa Rica para conservar el ambiente, el PSA sufrió en 2020 la peor caída en más de una década en hectáreas incorporadas a este modelo de preservación de bosques en territorios que no son del Estado, según el Estado de la Nación de 2021.
"En 2020 se contrataron 15.240 hectáreas menos que en 2019, lo que equivale a una reducción del 30%. Se trata de una de las cifras más bajas registradas desde 1997 (año en que inició el programa), únicamente por encima de las reportadas para 2000, 2001, 2002 y 2006", señaló dicho informe.