CTP enfrenta denuncia por presunto incumplimiento contractual con “app” para taxistas

(CRHoy.com). Lo que surgió como la apuesta estatal para que los taxistas formales compitieran en un mismo escenario con los choferes de las plataformas, como Uber o DiDi, se convirtió en un gran lunar en el Consejo de Transporte Público (CTP).

La empresa Trustnet Information Security S.A., que desarrolló la aplicación Batsë (nombre comercial) para este fin, acudió al Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) e instauró un proceso contra el CTP por presunto incumplimiento contractual.

El contrato entre el consejo, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y la compañía se firmó el 25 de noviembre de 2020. Se acordó por un monto anual de ₡13.5 millones por el lapso de 1 año, con 3 prórrogas facultativas de hasta 4 años.

Esa cantidad de recursos anuales se debían pagar a la empresa para la gestión de los datos que arrojaría mensualmente el uso de la "app".

Batsë inició operaciones formalmente el 29 de abril de ese año. De aproximadamente 10.300 concesiones registradas al 30 de noviembre de 2022, el CTP explicó a CRHoy.com que contaban con 6.640 inscripciones a la "app" (entre choferes y concesionarios).

Para los concesionarios es obligatorio inscribirse, pero no para los conductores que trabajan en la calle.

¿Dónde se origina el presunto incumplimiento denunciado por la empresa? Precisamente, es en este último aspecto señalado.

Contrario a lo acordado inicialmente, la entidad estatal optó por poner en marcha la plataforma a través de un "plan piloto" en el que el uso de Batsë no resultó obligatorio para los taxistas.

Este cambio sobre la marcha provocó que la oferta de servicios a través de la "app" fuera escasa. Es decir, pocos choferes se conectaban para captar clientes vía Batsë.

La "no obligatoriedad" y el uso casi nulo impidieron conseguir el 10% de comisión por cada servicio, del cual el 2% iría destinado a la empresa por la gestión y la operación de la "app".

En este aspecto, según el reclamo de la empresa, está el incumplimiento contractual debido a que la Administración contrató una plataforma cuyo uso no se incentivó a través de una obligatoriedad.

Trustnet Information Security S.A. sí cumplió a cabalidad con todos los requisitos estipulados en el cartel de licitación y en el contrato firmado. Incluso, creó la funcionalidad equivalente al taxímetro (maría) para fijar los precios de los viajes según las tarifas vigentes.

En febrero de 2021, Manuel Vega, entonces director ejecutivo a.i. del CTP, recalcó que el uso de Batsë sería obligatorio para los choferes.

Antes de esto, la Contraloría General de la República (CGR) urgió obligatoriamente al consejo crear una plataforma tecnológica para que los taxistas captaran clientes. Ahí es donde surge la necesidad de contar con una herramienta como Batsë.

"Va a ser obligatorio. No porque lo diga Manuel Vega, la junta directiva del CTP o la CGR. Lo dice la ley (la 7969 que regula el servicio de taxi). Una ley que nos ha protegido durante 20 años, porque la institución no ha tenido el suficiente ímpetu y no teníamos lo que hoy un sistema tecnológico nos puede dar. Las herramientas para hacerlo. Es obligatoria. Lleva un proceso. La obligatoriedad no significa dejar a la intemperie a adultos mayores", dijo el funcionario, en ese entonces.

Esto al final no sucedió y, en abril de 2021, la "app" comenzó a operar a través de un plan piloto que estaba previsto para efectuarse durante 1 año.

En ningún espacio del contrato suscrito entre la empresa y el CTP se señala que se operaría bajo un "plan piloto".

Pese a que la denuncia contra el consejo se interpuso en febrero de 2022, fue hasta el 8 de noviembre de ese mismo año que la junta directiva del CTP analizó el tema y que, también, trascendió a la esfera pública.

Ese día, el ministro Luis Amador, presidente del CTP, cuestionó "si tenía sentido continuar con el contrato suscrito". Sin embargo, los funcionarios Pablo Rosales (departamento de regionales) y Arturo Aguilar (de Tecnologías de la Información) alegaron que si los taxistas no la utilizaban, "no tenía ningún sentido".

En la sesión de junta directiva del 8 de noviembre pasado, Gilbert Ureña, representante de los taxistas en la cúpula institucional, alegó que hay 9.200 concesionarios del servicio y el 50% "trabajan en zonas donde no hay suficiente cobertura celular" y reiteró la oposición a que la plataforma sea de uso obligatorio.

"(…) Ante la pretendida obligatoriedad de uso de esta, lo que sucedería es acelerar la desaparición de los taxis rojos. Indica que el sector nunca se ha negado a la existencia de una aplicación, pero el hecho de implementar una plataforma requiere primeramente que se traten los taxis rojos con los demás de tú a tú. Es decir, que se igualen las condiciones para todos, porque solo en ese momento sería rentable para toda la utilización de estas. Reitera que la plataforma fue sólo para cumplirle a la CGR, no a los usuarios y no a los concesionarios", insistió Ureña, según el acta de la sesión de ese día.

Al final, el CTP optó por solicitar a la dirección ejecutiva un criterio sobre la posibilidad de terminación contractual con la empresa. En tanto, el proceso judicial se mantiene en marcha.

Batsë, ofrece un sistema similar al de las plataformas extranjeras. Por ejemplo, permite que el usuario marque su destino y se calcula la tarifa según el recorrido. Se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Además, al final del viaje, el cliente puede calificar el servicio.

La aplicación Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019.

En el caso de Uber, de capital estadounidense, contaba con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.

Actualmente, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa siguen sin propuestas contundentes para regular el funcionamiento de este tipo de plataformas.