Contraloría: Gobierno planea regalar ₡2.800 millones a arroceros “sin un propósito claro”

(CRHoy.com) Un planteamiento realizado por el gobierno de Rodrigo Chaves para regalarle ₡2.800 millones a 490 arroceros costarricenses, no tiene un propósito claro y carece de sustento sobre el uso que se le dará a los recursos. Además, ni siquiera se sabe de dónde se obtendría el dinero, lo cual podría generar un problema para el erario público.

Esta fue la principal conclusión emitida por la Contraloría General de la República respecto al proyecto de ley 23.238, planteado por la actual administración, y que consiste en una autorización al gobierno para otorgar ese subsidio por una única vez a los productores de arroz.

El proyecto de ley establece que en Costa Rica el arroz es un alimento de alta importancia, con un consumo per cápita anual de 46,83 kg y que para los últimos 5 años el componente importado de arroz pilado y en granza es de alrededor del 60%, debido a la disminución del área sembrada y la cantidad de productores nacionales en años recientes.

Debido a ello, se establece en la ruta del arroz del Ejecutivo la necesidad de darle un subsidio a los productores que posean menos de 100 hectáreas sembradas y con al menos tres periodos consecutivos de cosechas.

Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría el proyecto de ley carece de sustento desde su misma fundamentación, pues no posee estudios técnicos que analicen la problemática real que afecta a los arroceros nacionales, tampoco diagnostica con base en datos la cantidad de productores nacionales de arroz afectados y sus condiciones socioeconómicas, la cuantía de las afectaciones de estos productores y los beneficios que se suscitarán por la implementación del subsidio propuesto.

Además, aunque se menciona en la exposición de motivos una fuente de financiamiento, esta no está calculada ni consta en el articulado.

Se señala que los recursos que se requieren se obtendrán de los derechos arancelarios a la importación de arroz en granza y de arroz pilado sin tratamiento preferencial (nación más favorecida). Esto supondría que el beneficio iría a cargo del presupuesto de la República, por lo que la aprobación de este beneficio, mediante esa fuente de ingresos para su financiamiento, implicaría una afectación al cumplimiento de otros fines y objetivos o generaría mayor presión fiscal a la que actualmente afronta el Gobierno.

La Contraloría también señala que desde el punto de vista constitucional, el proyecto estaría afectando el cumplimiento del principio de sostenibilidad, estipulado en el artículo 176 de la Constitución Política.

El Ente Contralor cuestiona que el proyecto de ley no establece el fin del subsidio, ni hace un análisis de la estimación del monto total a transferir, que permita demostrar que la vía del subsidio directo, por una única vez, es la mejor forma de lograr solventar la problemática señalada.

Se plantea otorgar subsidios sin un propósito claro; en otras palabras, este proyecto de ley no dice para qué son los fondos públicos que se pretenden trasladar a las personas privadas.

El sector arrocero costarricense ha venido presionando al Ejecutivo por considerar que la Ruta del Arroz los afecta directamente. Esta iniciativa ya redujo los aranceles para liberar la importación del grano y eliminó algunas barreras de comercialización internas.