Contraloría confirma investigación por contrato que derivó en arresto de Marta Esquivel

La Contraloría General de la República (CGR) mantiene abierta una investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación que adjudicó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a 5 cooperativas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) en 10 áreas de salud.

Dicha licitación, promovida desde 2023 y adjudicada el 17 de julio de 2024 por un plazo de 10 años, propició una serie allanamientos y la detención de Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS. Además, la imputación recayó también contra otros 7 altos mandos de la entidad.

Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, y Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicaron que la junta directiva de la CCSS, encabezada por Esquivel, habría ejercido una injerencia directa para adjudicar la licitación a las cooperativas en detrimento de otra que estaba en curso desde 2 años antes (2021).

Díaz detalló que la adjudicación hecha a las cooperativas representaría un perjuicio económico por sobreprecio de hasta ₡12.400 millones (más de $23,8 millones, según el tipo de cambio vigente a este 25 de setiembre de 2024).

La CCSS alegó en julio que la contratación tendría un costo mensual cercano a los ₡4.000 millones. Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el costo total de la contratación (a esta fecha) superaría los ₡471.000 millones.

La CGR confirmó a crhoy.com que el Área para la Investigación de la Denuncia Ciudadana tramita una investigación por este caso. Por razones de confidencialidad, no fue posible establecer los denunciados o los denunciantes.

"Adicionalmente, en el marco de la investigación que realiza la Contraloría General de la República se remitió a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) una relación de hechos y una nota técnica.  Debido a la confidencialidad del proceso de investigación, no es posible brindar más información al respecto", puntualizó la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.

La Auditoría Interna de la CCSS emitió varios informes en los que advirtió que las ofertas presentadas por las 5 cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) adjudicadas eran excesivas, representando el incremento anual ya expuesto de los ₡12.400 millones de colones, respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas. Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.

La contratación contempla los servicios de administración de 138 Ebais existentes en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

El 6 de julio, a través de un comunicado de prensa, la CCSS alegó que a esta fecha la inversión anual con esta contratación rondaría los ₡4.000 millones. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) denunció que al transcurso de los 10 años el monto total superaría los ₡471.555 millones.

"Esta investigación reviste mucha importancia, sobre todo porque se están disponiendo de muchos recursos públicos. Más de ₡12.400 millones al año. Esto va a afectar, tanto el bolsillo de los costarricenses, como el sistema de salud, donde definitivamente va a haber un detrimento al pagar precios excesivos", indicó Carlo Díaz Sánchez, fiscal general del Ministerio Público.

Lenín Hernández Navas, secretario general del sindicato Sinae, hizo la comparación de la magnitud de este caso con el CCSS-Fischel, que involucró la erogación de ₡5.000 millones de colones sin justificación y fue contundente.

"No hay punto de comparación entre los ₡5.000 millones a estos los ₡200.000 millones de colones que pagará la CCSS en sobreprecios",puntualizó Hernández.

La fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.

También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.

Entre los jerarcas detenidos este lunes, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Todos fueron puestos a las órdenes de la FAPTA e indagados durante el transcurso del lunes. Desde este martes enfrentan una audiencia solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Este lunes se realizaron en total 27 allanamientos, en distintos puntos del país, como parte de la investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

La FAPTA explicó que durante este martes continuaba el registro en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS.

En los 27 allanamientos concluidos el lunes se decomisó evidencia de interés para el caso, como los celulares de los investigados, prueba documental y digital, y dinero (más de ₡5.3 millones).