Contraloría advierte 5 riesgos en plan actual para ampliar ruta a San Ramón

(CRHoy.com). La Contraloría General de la República (CGR) advirtió 5 riesgos puntuales en el proyecto para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón, bajo la figura del fideicomiso Ruta Uno acordado entre el Banco de Costa Rica (BCR) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

En 2015, la Administración Solís Rivera (2014-2018) firmó la ley para modernizar el corredor vial entre la capital y el cantón alajuelense. Un año después, en 2016, el BCR se adjudicó el fideicomiso promovido para desarrollar el proyecto. Luego, en 2017 entró en funcionamiento bajo el nombre de Ruta Uno.

Ruta Uno, en su condición de fiduciario, conformó la Unidad Administradora del Proyecto (UAP). Esta entidad ha sido la responsable de diseñar y ejecutar el plan de obras impostergables (obis), el cual configura la etapa previa a la ampliación integral del corredor vial. También, se encargó de gestionar el estudio de factibilidad para el proyecto global que realizó la consultora IDOM. En tanto, el Conavi, en su rol como fideicomitente, constituyó la Unidad Ejecutora San José San Ramón (UERS).

El informe DFOE-CIU-IF-00010-2022, publicado este 2 de noviembre y elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la CGR, detectó algunas falencias en el proyecto, entre las cuales enumeró los siguientes 5 riesgos:

• En peajes:

Incremento en el costo de peajes por aumento de los costos administrativos del fiduciario (BCR).

Menor tiempo disponible para la recuperación de la inversión.

• Diseños:

Incompatibilidad del diseño de las ‘obis' con el diseño del corredor principal.

• "Obis":

Para el caso del lote 1 de "obis", se identificaron: problemas de calidad, incremento en los costos y reconocimiento de eventos compensables.

• Indefinición:

Indefinición de la viabilidad, costo final, fecha de entrada en operación y estructuración del proyecto integral.

• Mantenimiento:

Incertidumbre con respecto al mantenimiento de las obis, sin tener certeza de la fecha de entrada en operación del proyecto integral.

Hasta esta fecha, 4 de los 5 lotes de ‘obis', compuestos por un total de 17 proyectos, están en el limbo. Se trata del lote 2a (ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio con Circunvalación a la altura del Monumento al Agua), lote 2b (mejoras de las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo), lote 3 (ampliación de la radial de El Coyol) y el lote 4 (ampliación del Puente Juan Pablo II y construcción de nuevos intercambios a desnivel en Río Segundo, Grecia, Naranjo y San Ramón).

De estos, el lote 2a, cuenta con un contrato firmado con el consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios, pero está varado porque está pendiente la aprobación de los diseños por parte del Conavi y urge el trámite de expropiación de 1 terreno.

El plan de "obis" está estimado en un monto aproximado a los $116 millones, de los cuales $65.75 millones serían financiados por el Estado y $50 millones por un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Actualmente, el BCR y el Conavi negocian una adenda para modificar el contrato del fideicomiso. Con esto, Ruta Uno quedaría fuera del plan para la ampliación integral y su papel se limitaría a concluir el plan de "obis", los estudios previos y las expropiaciones.

El plan del gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) se centraría en desarrollar la ampliación bajo la figura de la concesión o mediante una Alianza Público-Privada (APP).

Conclusiones del informe de la CGR

• La gestión de las etapas que componen el proyecto no está guiada por un proceso secuencial que garantice que las obras se desarrollen bajo un enfoque sistemático, con base en el ciclo de vida del proyecto, de conformidad con el marco legal y técnico vigente.
• El proyecto se encuentra en la etapa de preinversión y que ha requerido un incremento de plazo aprobado de 950 días naturales y consecuentemente un incremento de los gastos en las obligaciones del fiduciario (BCR).
• No se han concluido los estudios necesarios para la definición del alcance, costo, tiempo y estructuración financiera del proyecto integral y su viabilidad técnica, social, ambiental y financiera.
• El Conavi y el BCR consensuaron y aprobaron la ejecución de actividades constructivas mediante el programa de ‘obis' privilegiando su ejecución respecto al corredor principal y asumiendo el riesgo de que dichas obras tengan que ser eventualmente sometidas a algún tipo de re-proceso por adaptaciones o modificaciones para ser integradas finalmente al corredor principal.
• Al evaluar el sistema de control implementado en el fideicomiso, se identificó que no se establecieron plazos máximos para las revisiones y cumplimiento de cada uno de los entregables de las fases del ciclo de vida del proyecto
• Las Herramientas de Gestión y Monitoreo (HGM) instauradas presentan limitaciones en su estructura y no se encuentran interrelacionadas entre ellas bajo un enfoque del ciclo de vida del proyecto integral.
• No se cuenta con indicadores de gestión, lo que ha ocasionado que Ruta Uno no disponga de un sistema de alertas tempranas que apoye a las Unidades en sus diferentes labores.
• El fideicomiso cuenta con un plazo de 30 años, por lo cual los retrasos evidenciados repercuten en el tiempo disponible para la recuperación de la inversión, máxime que aún no se conoce la estructuración financiera del proyecto integral ni las probables fuentes de financiamiento.
• Hay riesgos sobre la viabilidad financiera del proyecto, por cuanto disponer de menos tiempo para amortizar la inversión, podría provocar que algunas de las soluciones probables sean incrementar las tarifas de peajes o aumentar el aporte público.