Congreso insistirá en que exdiputada Acuña devuelva ¢3.2 millones

(CRHoy.com) La Administración de la Asamblea Legislativa rechazó dos recursos presentados por la exdiputada Ivonne Acuña Cabrera, quien busca evitar devolver poco más de ¢3.2 millones del beneficio del combustible que reciben los legisladores.

Acuña primero interpuso un recurso de revocatoria tras un correo electrónico de enero de este año donde se le recordó la deuda pendiente y ella misma indicó que si esa apelación no era acogida se diera trámite a un recurso de apelación en subsidio, sobre el mismo tema.

Según dos criterios del Departamento Legal del Congreso emitidos en abril de este año, ambos recursos fueron rechazados en primera instancia por haber sido presentados de manera extemporánea.

Y el alegato más relevante, es que se rechazó la tesis de la exdiputada que se aferró a una resolución de la Sala III sobre el uso discrecional de la gasolina de los legisladores, precisamente porque Acuña abandonó sus labores como diputada.

Alegato

Acuña señaló que cuando se le hizo la notificación del cobro, tras una acuerdo del actual Directorio Legislativo, ella lo desconocía, lo que la dejaba en una situación de indefensión.

Al respecto, esta Asesoría Legal debe indicar que en el apercibimiento efectuado por el Director de la División Administrativa, en el oficio AL-DVAD-OFI-0001-2023 del 13 de enero de 2023, se señala, de manera expresa, que el cobro se hace conforme con lo ordenado por el Directorio Legislativo, según la comunicación efectuada a la exdiputada Acuña Cabrera, por medio del oficio AL-DRLE-OFI-0334-2022 del 3 de mayo del 2022, respondió el Departamento Legal.

Agregan que debe ser rechazados por la ex temporalidad de su presentación, ya que la exdiputada fue debidamente notificada, el 3 de mayo de 2022. De ahí que, era contra ese acuerdo contra el cual procedía interponer los recursos administrativos, en caso de no compartir lo ahí dispuesto.

Acuerdo contra el cual la exdiputada Acuña Cabrera no presentó recurso alguno, con lo cual ese acto administrativo adquirió firmeza.

"Por ello, no procede impugnar la mera ejecución del cobro; pero incluso, si fuera el caso, también lo hace de manera extemporánea, pues el apercibimiento de cobro se efectuó el 13 de enero de 2023 y el recurso lo presentó el 25 de enero; sea ocho días hábiles después, en vez 'dentro del término de tres días' que prevé el artículo 346 de la Ley General de la Administración Pública", indica la resolución.

Abandonó su cargo

El argumento de peso que usó la exdiputada fueron dos resoluciones de la Sala III (resolución 415-2022 y la resolución 1554-2020) a favor de 32 exdiputados a quienes la Fiscalía General pidió levantar el secretario bancario por un supuesto uso ilegal del combustible.

"Además, estima la sala que esta remuneración otorgada a los y las diputadas al amparo de la Ley 7532 Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa y del artículo 13 de la Constitución Política, puede ser utilizada para asuntos ajenos a sus funciones sin que ello constituya un delito", señala una de las resoluciones.

La administración reconoce lo dicho por la Sala Penal, pero hace una excepción con el caso de Acuña, primero en que ella no estuvo dentro de los 32 exdiputados que se beneficiaron de esa resolución de la Sala III, pero además que ella misma indicó mediante oficios, que ya no iba a ejercer más su cargo como diputada.

Explica la Administración que la recuperación de dineros ordenada por el Directorio Legislativo, no estaba dirigida, de manera general, contra un grupo de diputadas y diputados, sino de manera específica y única, contra la entonces diputada Acuña Cabrera, debido, precisamente, a acontecimientos propios de ella, especialmente a finales del año 2021 (diciembre) y que se extendieron por lo que le restaba de su periodo constitucional en el año 2022 (enero, febrero, marzo y abril).

Lapso, donde prácticamente dejó de ejercer su cargo de legisladora, al punto que se comprometió a devolver los montos de dietas, gastos de representación y de combustible, e incluso solicitó que ya no se le depositaran más esos dineros.

Asimismo, y como una materialización del no ejercicio de su cargo, es que, de manera anticipada, hizo devolución del aparato telefónico, computadora portátil, tarjeta de débito asignada para el combustible, tarjeta de acceso al edificio, placas oficiales del vehículo y sticker de ingreso al parqueo.

Ella misma así lo indicó en correo electrónico de las 20:59 horas del 15 de marzo de 2022, dirigido a la entonces Presidenta de la Asamblea Legislativa y al Director Ejecutivo de la institución.

Agrega la resolución de Legal que: Si a la anterior comunicación se le suma la información que circula en los medios de prensa, de que se encuentra fuera del país desde el 11 de diciembre de 2021; todo pareciera indicar que dicha legisladora no piensa hacer acto de presencia o incorporación a la Asamblea Legislativa, en lo que resta de su periodo constitucional, que concluye el próximo 30 de abril de 2022.

Recuerda además la Administración que Acuña por su propia voluntad y desde el pasado 15 de marzo del 2022, devolvió la totalidad de las ayudas administrativas que se fueron suministradas para el ejercicio de sus funciones; cerca de ¢2.9 millones, así como le indicó a la Administración, que tampoco se le deposite la cuota mensual de combustible en lo que restaba del periodo constitucional.

Entonces, del detalle de esas circunstancias particulares, se deduce, a nuestro entender, la duda razonable de cómo la entonces legisladora Acuña Cabrera pudo haber gastado la suma de ¢3.251.632,97 de combustible, durante lo que le restaba de su periodo constitucional, si, como se informó en medios de prensa, se encontraba fuera del país desde el 11 de diciembre de 2021; a lo que se suma el hecho de que, por las razones que fuese, dejó de asistir a la Asamblea Legislativa desde ese entonces, al punto de que se comprometió a hacer devolución de dietas y gastos de representación y del combustible mismo; e incluso comunicó a nuestras autoridades que devolvería una serie de bienes y acreditaciones en su poder, pues todo lo descrito anteriormente no se ha utilizado desde el mes de diciembre 2021, resalta la resolución.

El caso de Acuña sigue además en investigación en la Fiscalía General.