Congreso archiva solicitud de sanción a diputado Gilberth Jiménez
Los diputados acordaron archivar la sanción contra Gilberth Jiménez. (Foto: Minor Solís)
(CRHoy.com) El Congreso acordó este lunes archivar una solicitud de sanción que pidió la Contraloría General de la República (CGR) contra el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilberth Jiménez.
Esto después que un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), el abogado del Estado, señaló que no existe normativa para aplicarle un castigo.
El pasado 6 de julio, la Procuraduría respondió una consulta que le hizo el presidente del Congreso Rodrigo Arias, sobre la ruta a seguir con el caso de Jiménez, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) trasladó un expediente sobre el caso a la Asamblea Legislativa con una solicitud de la CGR para sancionar al legislador.
"Con base en los considerandos esgrimidos, fundamentalmente debido a la inexistencia de norma constitucional, legal o reglamentaria que permita, en este momento, la aplicación de algún tipo de sanción administrativa que involucre a un diputado de la República, esta Presidencia recomienda al Plenario Legislativo el archivo del expediente", concluye la resolución del presidente Arias.
La acción de Jiménez se dio cuando él era alcalde de Desamparados y según la PGR, no existe una norma para aplicar un castigo siendo que ahora el infractor es diputado.
La sanción que acordó la Contraloría a Jiménez fue de 25 días sin goce de trabajo.
Larga discusión
El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, lamentó que existan reglas para algunos funcionarios y otras para los diputados.
Insistió que ya está en la corriente un proyecto de ley para solventar este vacío legal, y que espera que el Gobierno lo convoque para el periodo de sesiones extraordinarias que inicia en noviembre.
"Que no nos deje cómodos esta votación, sino que nos sirva como movida de piso y que no pasen los meses y meses sin que los diputados tengamos un régimen determinado por las faltas al deber de probidad", enfatizó.
Su compañero de bancada, Ariel Robles, hizo un llamado al resto de las fracciones para buscar cambiar la realidad, ya que no es posible solicitar transparencia al Poder Ejecutivo y a otras instituciones públicas, cuando el Congreso no tiene regulación en esta materia.
"Con qué cara es que le decimos al pueblo que se puede trabajar en la transparencia, que se puede creer en la clase política", se cuestionó el frenteamplista.
La oficialista Pilar Cisneros, insistió que su bancada está a favor de sancionar a los diputados y señaló que presentaron un texto sustitutivo al proyecto del FA (expediente 21.515) para esa normativa, que calificó como "mucho mejor".
Luego la también frenteamplista, Sofía Guillén, recordó que ellos le pidieron al Gobierno convocar dicha iniciativa desde mayo de este año (en el primer periodo de sesiones extraordinarias donde es Casa Presidencial quien maneja la agenda), pero nunca se convocó.
"Hace mucho escándalo el oficialismo diciendo que va a combatir la corrupción, pero cuando les toca accionar no convoca los proyectos", afirmó Guillén.
La iniciativa, en referencia, está casi lista para discutirse por el fondo en el plenario, pero dependerá del Gobierno en los próximos tres meses si lo convoca.
"Por eso le pregunto señor Presidente, ¿lo va convocar o no? Hoy iremos a Casa Presidencial donde vamos a exigir la convocatoria", enfatizó la legisladora.
La también frenteamplista, Rocío Alfaro, afirmó que no votaría la resolución de la presidencia del Congreso, que recomienda el archivo, porque ella no piensa "ensuciarse las manos" que interpreta la inmunidad como impunidad.
La diputada de Nueva República, Gloria Navas, rechazó los argumentos del FA, y enfatizó que este es un país de derecho y de respeto, pero que votar a favor de la resolución no significa que ellos estén alcahueteando la corrupción o la impunidad.
De igual forma la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, coincidió con el criterio de Navas e insistió en que ellos apoyan el proyecto de ley para cerrar ese vacío jurídico, pero que en estas circunstancias, no hay otro camino.
La discusión por este tema abarcó casi dos horas en el plenario.
El presidente Arias explicó que él presentó una recomendación al plenario, en vista que la PGR señala que deben ser ellos quienes tomen la decisión.
Tras esa larga discusión se sometió a votación la resolución que quedó con 48 votos a favor y tres en contra.
En contra votaron la frenteamplista Alfaro, y los oficialistas Waldo Agüero y Manuel Morales.
Con esto quedó cerrado el primer periodo de sesiones ordinarias.