Banco Central en el ojo de la tormenta por interés en datos privados de los ticos

(CRHoy.com) -El interés por tener acceso a datos privados de los costarricenses, sin una explicación hasta ahora convincente, mantiene al Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el ojo de una tormenta que cumple más de tres semanas.

En ese lapso de tiempo, la autoridad de la política monetaria en el país y rectora del sistema financiero nacional, logró acumular críticas y sospechas, la imposición de medidas cautelares, dos acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo en su contra presentados en la Sala Constitucional, y movió a la Asamblea Legislativa para pedirle explicaciones.

Hasta ahora se conoce que el BCCR pidió datos privados, calificados como información sensible por expertos y sectores, a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), al Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. También solicitó información a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Banco Central ha sostenido que la información solicitada es para ser utilizada con fines estadísticos y que se amparó en su Ley Orgánica y en la Ley del Sistema de Estadística Nacional, pero este argumento ha sido desacreditado por quienes afirman que no tiene sustento legal para pedir información que identifica a un individuo.

De las solicitudes que hizo para tener acceso a las bases de datos de esas entidades se sabe que la SUGEF y el BN se negaron a entregar la información. Lo contrario sucedió con el Banco Popular, Tributación y la CCSS. Con respecto al BCR, se desconoce si le transfirió datos.

¿Qué pidió y qué se entregó?

El 23 de noviembre de 2022, el BCCR solicitó a la SUGEF tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada deudor, que las entidades financieras reguladas le remiten a la Superintendencia para sus labores de supervisión.

La SUGEF se negó a entregar la información con base en un criterio legal, según el cual tiene prohibición para suministrar datos confidenciales de las operaciones de las entidades supervisadas a terceros.

Como consecuencia, el BCCR denunció a la jerarca de la SUGEF, Rocío Aguilar, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.

El Banco Nacional reconoció que el BCCR le solicitó información con un alto nivel de detalle de sus operaciones crediticias y de sus clientes.

Entre los datos solicitados, estaban el número de identidad de los deudores y la identidad de todos los depositantes, ahorrantes y cuentacorrentistas, incluyendo todos los detalles de los depósitos y montos depositados.

El BN tampoco entregó la información al Central y su gerente general, Bernardo Alfaro Araya, también fue denunciado.

En el caso del Banco Popular, sí entregó información detallada en los meses de mayo, junio y julio.

El Banco Central pidió datos para fines como monto del crédito ubicado geográficamente en zonas con potencial de riesgo climático y de desastres naturales, activos financieros del sector hogares como porcentaje de su deuda, coeficiente de servicio de la deuda de los hogares, monto del crédito, según variables de estratificación (ubicación, actividad económica financiada, tasa de interés), riesgo financiero asociado con las variables de estratificación (pruebas de tensión) y activos de las sociedades privadas no financieras con el sistema financiero, según tipo de instrumento, entre otros.

El Banco de Costa Rica, por su parte, confirmó que el BCCR le solicitó información de sus clientes, pero no se sabe si la entregó o no y ha preferido no brindar detalles en razón de que el caso ya se encuentra en la esfera juridicial.

Mientras, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda entregó al Banco Central información sobre temas tributarios y la CCSS le suministró datos sobre "las transacciones de los trabajadores y las características de sus empleos".

Reacciones

Las reacciones generadas por el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central han estado marcadas por los cuestionamientos, dudas, sospechas, gestiones legales y judiciales, así como decisiones políticas de órganos de control.

• Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). Frenó la transferencia de datos personales de los deudores solicitada por el BCCR a la SUGEF, tras acoger una solicitud de medidas cautelares interpuesta por la Asociación para la Defensa de los Intereses y Derechos de Consumidores y Usuarios del Sector Financiero, Industrial, Energético, Inmobiliario y de la Administración en Costa Rica (Asodidcu).
• Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Presentó una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra el BCCR por pedir datos de deudores a la SUGEF. A la primera ya se le dio curso.
• Oficina del Consumidor Financiero (OFC). Interpuso otra acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central por exigirle a las entidades financieras datos sin anonimizar de sus clientes.
• Asamblea Legislativa. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos acordó llamar a comparecer a la Junta Directiva y Gerencia General del BCCR para que rinda explicaciones.
• Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Allanó oficinas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) por la solicitud del BCCR a la SUGEF.
• Cámara de Bancos e Instituciones Financieras. Hizo un llamado al Banco Central para que respete los derechos fundamentales a la intimidad y la autodeterminación informativa.
• Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep). Manifestó suma preocupación por los requerimientos del BCCR para tener información sensible de la SUGEF y de los bancos públicos.
• Expertos como Adalid Medrano, especialista en Derecho Informático, han dicho que el Banco Central no puede pedir información personal de deudores y que "se le está dando un poder informático necesario para construir un Estado vigilante orwelliano que busca el control totalitario del Estado sobre la vida de las personas."