Avanza reforma que agilizaría resolución de denuncias por beligerancia política
Magistrados del TSE.
Este lunes se dictaminó por unanimidad el expediente 24.205, una reforma al Código Electoral que busca agilizar las denuncias que llegan al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por beligerancia política.
La propuesta que presentó la verdiblanca, Andrea Álvarez, pretende dar seguridad jurídica a la sección especializada a lo interno del TSE, que se encarga de resolver, en primera instancia, las denuncias por beligerancia política y las solicitudes de cancelación de credenciales contenciosas.
Ese órgano es integrado por jueces electorales distintos a los que evacuan otros asuntos, con lo que se posibilita la presentación de recursos de reconsideración que, a la vez, permitan un amplio reexamen de la cuestión por magistrados electorales diferentes a los que dictaron la primera sentencia, tal y como lo exige el bloque de convencionalidad.
La beligerancia política es el delito que se comete cuando un funcionario muestra parcialización a favor de un partido político en el ejercicio del cargo, o bien, cuando un funcionario con prohibición de participar en actividades políticas incurre en ellas.
Ese delito se castiga con la destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años.
En el caso de que la persona culpable sea un funcionario de mayor rango, como el presidente de la República, ministros, magistrados o la contralora, el TSE solo dará cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación
El TSE tiene más de 182 expedientes sobre casos de cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular y de beligerancia política pendientes de resolver.
Estos estaban detenidos luego que la Sala Constitucional, por segunda ocasión, suspendió el dictado de la resolución final, al admitir para su estudio una nueva acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los 4 artículos del Reglamento de la Sección Especializada del TSE.
Pero en agosto pasado, los magistrados constitucionales rechazaron la acción de inconstitucionalidad.
El objetivo del proyecto es evitar que acciones como estás impidan que el TSE resuelva, ya que muchos casos por beligerancia política incluso pierden notoriedad por el atraso en su conocimiento.
Chaves tiene dos denuncias
El presidente Rodrigo Chaves acumula dos denuncias por beligerancia política planteadas ante el TSE.
La más reciente trascendió en octubre de año pasado. La Secretaría General del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una denuncia por beligerancia política contra Chaves por parte de Miguel Guillén Salazar, secretario general de la agrupación política.
El dirigente se basó en las declaraciones a la prensa brindadas por Douglas Altamirano, quien intentó ser candidato a alcalde de San José por el partido Aquí Costa Rica Manda.
Altamirano señaló que el presidente Chaves estaría involucrado, junto con su asesor y amigo Federico Cruz Saravanja, conocido como "Choreco", en la formación y organización de ese partido político.
Altamirano apuntó que en una conversación previa con Cruz, este le habría pedido ayuda para buscar un partido político de cara a los comicios cantonales y que ese encargo se lo había hecho el presidente Chaves.
Según agregó, cuenta con las pruebas documentales para demostrar las conversaciones sostenidas en ese sentido.
Anterior a esta primera denuncia, se había presentado otra por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC) el 25 de agosto anterior, relacionada con supuestas manifestaciones del presidente en contra de acciones de algunos regidores municipales.
Dichas expresiones, las hizo el 4 de agosto mediante la red social "X" (antes Twitter), por su malestar con respecto a decisiones de regidores del PAC y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) por situaciones relacionadas con Circunvalación Norte, donde se requerían acciones municipales para avanzar en su culminación.
La comisión especial que ve reformas electorales dictaminó el proyecto que ahora pasa al plenario para el espacio de mociones del resto de diputados, antes de iniciar su trámite final de aprobación.