Asesor de TSE subraya imposibilidad constitucional para voto digital propuesto por oficialismo
Andrei Cambronero Torres, asesor de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aseguró que el órgano electoral no podría "viabilizar" la implementación de un voto digital debido a que esta opción para los procesos electorales no está contemplada en la Constitución Política.
Cambronero coincidió y respaldó la posición expresada por los magistrados electorales con relación a la inconstitucionalidad de un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para obligar al TSE a implementar esta modalidad de voto en 2026.
A pesar de la advertencia de los magistrados la semana anterior, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso decidió dictaminar de manera afirmativa la propuesta de ley.
"La Constitución establece que el sufragio es un derecho que se ejerce ante las juntas electorales. Al decir ante las juntas, nosotros- el TSE- salvo reforma constitucional no podríamos viabilizar ningún tipo de mecanismo de votación que no sea ante una junta. Siempre, bajo el esquema constitucional actual, las personas deberán concurrir ante un grupo de ciudadanos que integran las juntas receptoras de votos para sufragar", dijo Cambronero.
El asesor del TSE añadió que desde el año 2002 realizando distintos análisis y ejercicios como la Papeleta Única Electrónica que buscan introducir la tecnología en las elecciones, pero que estos proyectos se han detenido por la situación fiscal del país.
El pasado 9 de abril los magistrados del TSE advirtieron a la Comisión de Jurídicos la inconstitucionalidad de este proyecto que impulsa el oficialista Alexander Barrantes. La iniciativa quiere reformar el artículo 169 del Código Electoral para establecer la obligación del TSE de implementar "medios digitales de votación confiables y seguros, además del uso de papeletas".
Barrantes propone que se inicie en las elecciones de 2026 con un plan piloto de votación digital para los electores empadronados en el extranjero. Posteriormente, se extendería luego a quienes se encuentran en el territorio nacional durante los siguientes comicios nacionales y municipales de 2028 y 2030, respectivamente.
Los magistrados explicaron a los diputados que el cambio que quieren hacer debe hacerse mediante reforma a la Constitución Política, y no mediante una vía de ley ordinaria.
El proyecto de ley se dictaminó de manera afirmativa con los votos de 2 diputados del oficialismo y uno de cada una de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra votaron 2 diputados del PLN, 1 de Nueva República (PNR) y 1 del Frente Amplio (FA).