Archivan plan de oficialismo y fabricistas sobre prisión preventiva
Legisladores prefieren revisar planteamiento con autoridades judiciales y expertos en materia penal
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa decidieron rechazar y mandar a archivar un proyecto de la fracción oficialista y del partido Nueva República (PNR) para modificar los parámetros para que los jueces dicten la prisión preventiva contra menores de edad involucrados en el crimen.
Se trata del expediente legislativo 24.175, propuesto por los diputados oficialista y del PNR, Jorge Rojas López y Fabricio Alvarado Muñoz.
Actualmente, es posible para el juez penal juvenil dictar la detención como medida cautelar únicamente cuando surjan los siguientes supuestos:
- Cuando exista el riesgo razonable de que el menor de edad evada la acción de la justicia
- Cuando exista peligro de destrucción u obstaculización de la prueba
- Cuando exista un riesgo para la víctima, el denunciante o el testigo.
En el proyecto de ley se incorporaba el riesgo para "la comunidad, la seguridad ciudadana y la seguridad de la nación", como causal para dictar la detención provisional.
Sin embargo, los legisladores de la comisión decidieron rechazar la propuesta y discutir este tema con la Corte Suprema de Justicia, organizaciones que velan por el derecho de los menores de edad y expertos en el tema penal juvenil.
Por esta razón, los congresistas dictaminaron de manera negativa el expediente y ordenaron su archivo.
Este lunes los diputados de la Comisión de Seguridad dictaminaron de manera afirmativa otros 3 proyectos.
El primero para crear la figura de la persona mentora dentro del proceso penal juvenil Se trata del expediente 24.107, el cual busca que los menores de edad en medio de un proceso penal puedan contar con un mentor que los apoye en su proceso de reinserción social.
Un segundo para imponer una pena proporcional a las amenazas con arma de fuego a civiles y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta legislativa busca modificar el artículo 195 del Código Penal para que se pase de una pena de 15 a 60 días de prisión a una de 3 a 5 años cuando la amenaza se realice con un arma de fuego También, se modifica el artículo 316 para aumentar las penas por amenaza a un funcionario público.
También, dictaminaron de manera afirmativa el expediente que busca tipificar el delito de reclutamiento de menores para participar directa o indirectamente en la ejecución de cualquier delito. La iniciativa de ley establece penas entre 4 y 6 años por este nuevo delito.