93,7% del presupuesto 2024 es para cubrir gastos ineludibles
Recursos para el servicio de la deuda pública y pensiones
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
(CRHoy.com) -El 93,7% de los recursos presupuestados por el Gobierno para el próximo año son para financiar gastos que no pueden evitarse en cumplimiento de mandatos legales.
Así lo determinó un informe del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2024, que se encuentra en estudio por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Entre otros, esos gastos, que por su naturaleza no pueden dejar de presupuestarse, corresponden a destinos definidos por la Constitución Política, como el financiamiento del Poder Judicial y el de la educación pública.
También incluye otro tipo de obligaciones ineludibles como el pago del Servicio de la Deuda Pública, que incluye intereses y amortizaciones, las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, el pago de las remuneraciones (salarios y contribuciones sociales) y los aportes del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, los recursos presupuestados deben financiar otros destinos específicos asociados a ingresos corrientes, como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y transferencias totales a las municipalidades y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Destinos constitucionales
Fotografía con fines ilustrativos. (Archivo/CRH).
Los montos presupuestados para financiar los gastos que corresponden a la educación pública y la administración judicial representan el 24,5% del total del presupuesto para el año entrante, según Análisis Presupuestario.
De esos destinos, la mayor asignación proviene del artículo 78 de la Constitución Política, que asigna el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación estatal, desde la enseñanza preescolar hasta la superior y que contempla el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
El financiamiento de la educación superior también se incluye en el artículo 85 de la Constitución, que establece la obligatoriedad de dotar de recursos a las universidades estatales.
Al Poder Judicial, según lo establece el artículo 177 de la Constitución Política, le corresponde, al menos, el 6% del total de ingresos corrientes u ordinarios.
Obligaciones ineludibles
Ministerio de Hacienda. (Archivo/CRH).
Este tipo de gastos consumen más de la mitad del presupuesto de la República (63,1%) y el principal es el Servicio de la Deuda Pública (pago de intereses y amortizaciones), que representa aproximadamente el 46,0% del plan de gastos.
Le siguen el pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional que consumen el 8,9% de los recursos para 2024.
También se incluyen el pago de todas las remuneraciones, que representan ¢843.119,0 millones y que equivalen al 6,7% de todo el presupuesto de 2024, excluyendo las que corresponden al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Poder Judicial.
Destinos legales
De acuerdo con el informe, para 2024 representan el 6,1% del total del presupuesto de la República.
De los montos asignados, destacan los recursos que van al Fodesaf, las asignaciones al Conavi provenientes del impuesto único a los combustibles y el impuesto a la propiedad de vehículos, los recursos para el PANI y dinero para las municipalidades proveniente del impuesto único a los combustibles, el impuesto al banano, y la ley de transferencia de competencias.
Otros destinos que se incluyen son el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), fondos migratorios, el Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), asociaciones de desarrollo y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Solo queda un 6,3%
Presentación del Presupuesto Nacional 2024. (Archivo/CRH).
El informe indica que el Gobierno dispone únicamente del 6,3% de los recursos presupuestados para el próximo año para cubrir necesidades relacionadas con la administración general.
La mayoría de esos gastos están comprendidos en la partida de servicios, específicamente el pago de alquileres, seguros, servicios generales y mantenimiento en general.
También están incluidos en la partida de Materiales y Suministros, que contempla el financiamiento de combustibles, lubricantes y repuestos para la flotilla de vehículos; además contiene recursos para la adquisición de textiles y vestuario de los cuerpos policiales y para la compra de materiales y productos minerales y asfálticos.
El análisis concluye que esa estructura de gastos dificulta la operatividad y las inversiones que requiere implementar el Gobierno Central y restringe la posibilidad de atender el déficit fiscal, así como las necesidades crecientes de la población asociadas a diversas áreas.