50 organizaciones piden a diputados no ampliar antigüedad de buses

(CRHoy.com) Más de 50 organizaciones y activistas que defienden  los derechos de las personas con discapacidad enviaron una carta a los 57 diputados donde les piden no aprobar una prórroga para que los autobuses puedan extender su vida útil de 15 a 20 años.

El pasado 27 de setiembre la mayoría de los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos dictaminó positivamente el expediente 22.530, una iniciativa que impulsó el exdiputado socialcristiano Erwen Masís, para beneficiar a los dueños de las líneas de autobuses en el marco de la pandemia.

La iniciativa reforma el artículo 46 bis de la Ley 7600 para permitir que los autobuses que brindan el transporte público puedan hacerlo hasta con 20 años de antigüedad, plazo que sería improrrogable.

Solo la bancada del Frente Amplio (FA), votó en contra de esta reforma en la comisión.

"Las organizaciones aquí firmantes consideramos que el proyecto de ley 22.530, propone una modificación jurídica que afecta directamente a la población con discapacidad de todo el país, mucha de la cual depende del servicio público de autobuses para acceder a servicios básicos y oportunidades", indica la misiva.

Recuerdan además que los diputados han obviado las disposiciones nacionales e internacionales que acuerpan a las personas con discapacidad, ya que no se ha realizado una consulta amplia y estrecha a las organizaciones de personas en situación de discapacidad por parte de quienes impulsan este proyecto.

Este vicio de procedimiento, advierten estas organizaciones, hará que gestionen acciones ante la Sala Constitucional y organismo internacionales.

Recuerdan que los diputados busca reformar la Ley 7600 dándole un tiempo más a los empresarios de autobuses para cumplir con normas de ley que tienen 26 años.

"El sector empresarial autobusero ha contado con 26 años para garantizar condiciones de accesibilidad adecuadas en los autobuses, sin embargo, a la fecha aún seguimos esperando que estas disposiciones se cumplan a cabalidad, por lo que solicitar una nueva prórroga en la vida útil de los autobuses sin verificar el estado actual de estas unidades atenta contra nuestros derechos", agrega la nota.

Si usted es persona usuaria de autobús, deje en este tweet fotos del estado de los autobuses que utiliza.

¡Evidenciemos el estado en el que están! ✊🏻#NoAlProyecto22530

— Nicole Mesén Sojo (@NicoMesenSojo) October 3, 2022

Incumplimiento

La activista de derechos humanos Nicole Mesén Sojo lamentó que dentro de los argumentos de los diputados que respaldan ampliar este plazo se hable del impacto de la pandemia, sin ningún estudio técnico.

"La Ley 7600 tiene 26 años de existencia, está vigente desde 1996 y en ese entonces no había pandemia. Y cuando se les dio la prórroga (a los autobuseros para que acondicionarán las unidades) primero de siete años y luego aprobaron extenderla a 15 años, no existía tampoco la pandemia, por lo que realmente el incumplimiento de la ley no se ha dado por el COVID", afirmó.

Mesén señala que con este aumento de cinco años más, se les dará el chance a los autobuseros para que sigan incumpliendo la norma.

Uno no puede apoyar un sector, violentando los derechos humanos de otro sector.

Lista de vicios del procedimiento según estas organizaciones:

1. El proyecto no señala ningún criterio técnico que asegure el buen funcionamiento de los autobuses por 5 años más, ya Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que la reforma no se basa en estudios técnicos que sustenten la modificación.
2. El proyecto de ley se fundamenta como medida de recuperación pospandemia en favor del empresariado de autobuses de ruta regular, sin embargo, la ley No.7600, está vigente desde el año 1996, año en el cual se prorrogó por primera vez mediante ley la vida útil de los autobuses, mucho antes de la pandemia.
3. El proyecto de ley 22.530 violenta los Art. N.º 22, N.º 33 y N.º 51 de la Constitución Política.
4. El proyecto de ley violenta el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
5. El proyecto de ley violenta el art. 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
6. El proyecto de ley violenta los Art. 4 punto 1. Inciso b), d), e), Art. 5, punto 1, 2 y 3, Art. 9, punto 1 y punto 2, inciso b); Art. 12, punto 2, Art. 14, punto 1, inciso a), Art. 20, inciso a), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley N.º 8661.
7. El proyecto de ley violenta los Art. 1.2, III.1, inciso a), b), y c) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, N.º 7948.
8. El proyecto de ley violenta los Arts. 1, 3, 4, incisos a), b), c), d); art. 5 y art. 45 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N.º 7600.
9. El proyecto de ley no ha sido consultado a las organizaciones y personas con discapacidad, tal y como lo establece el Art. N.º 4, punto 3 de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, N.º 8661 y el Art 13 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N.º 7600.

El proyecto está pendiente de los dos días de mociones antes de iniciar su discusión final en el plenario.