Un administrativo por cada académico: el origen del ahogo financiero en la UNA

(CRHoy.com) Como si se tratara de una esfera que puede mostrar el futuro, un estudio actuarial elaborado para la Universidad Nacional (UNA) ya reveló que la situación financiera de esa casa de enseñanza no es sostenible si las cosas siguen como hasta ahora.

La advertencia la hizo pública el propio rector Alberto Salom a inicios de mes; sin embargo, el estudio que dio pie a sus revelaciones es más profundo, pues evidencia también cuál es origen de una situación que puede llegar a socavar la estabilidad de esa universidad.

CRHoy solicitó copia del documento a la Universidad. En el mismo se concluye que dados los parámetros y políticas de contratación, la Universidad se encamina a tener prácticamente un administrativo por cada docente.

La proporción es preocupante, pues el punto base a partir del cuál se comenzó el análisis, indicaba que la composición de administrativos sufriría una variación en el tiempo de un 37% en 2015 a un 50%.

Así lo detalla el estudio:

Se percibe un incremento rampante de la rama administrativa de la Universidad Nacional, lo cual puede ser producto del aumento en los recursos como consecuencia del mayor monto de FEES asignado a esta institución… Queda demostrado que el problema de sostenibilidad de la UNA (…)  es uno de crecimiento poblacional (…) El problema radica en el aumento desproporcionado de los administrativos, así como en la negativa de los empleados en edad de jubilación para acogerse a ese derecho.

Ese crecimiento tiene un peso directo sobre los gastos que ya enfrenta y que deberá hacer frente la institución en el futuro cercano.

Así lo indica el informe para cuatro rubros específicos: anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad y prohibición del ejercicio profesional.

De ellos, en el rubro de anualidades ya se llegó a un punto de quiebre en donde el personal administrativo empieza a representar más en gastos que el personal docente o académico.

El gasto total estimado para anualidades es de alrededor de ₡19 mil millones para este 2019.

Ese punto de quiebre lo alcanzará el plus de la dedicación hacia el 2024, mientras que en los pluses de disponibilidad y prohibición ya existe una brecha histórica que favorece al área administrativa.

"El estudio actuarial representa una importante herramienta de proyección siempre y cuando las variables que se utilicen en el análisis se comporten de manera predecible: cualquier  desviación entre el comportamiento real y lo esperado obligaría a hacer ajustes que, por razones metodológicas, implicarían la realización de un nuevo estudio actuarial. En el caso particular de la UNA, estamos ante un estudio con vigencia hasta el 2020, fecha en que se estará valorando la realización de nuevos análisis", indicó el rector Alberto Salom a CRHoy.

Edad de los trabajadores

Adicional al crecimiento de la planilla administrativa existe un segundo aspecto estructural que mina los recursos de la Universidad y que lo hará cada vez más.

Gran parte de ese personal administrativo está compuesto por funcionarios de muchos años en la entidad, algunos con edades superiores a los 50 años que antes que jubilarse prefieren extender su periodo de trabajo para no ver perjudicado su nivel de ingresos:

"Se muestra un incremento sustancial en la cantidad de personas trabajadoras que tienen más de 50 años de edad. Como este grupo de edad tiene probabilidades de entrada muy bajas se puede afirmar que lo que se está observando es una ‘acumulación' de personas mayores. Esto se puede deber al tipo de régimen al que pertenecen, puesto que las personas en este grupo de edad, por haber hecho carrera en esta institución, gozan de salarios elevados, lo que incide en su reticencia a la jubilación, tomando en cuenta que la pensión máxima a la que pueden aspirar sería bastante inferior al salario que perciben.

El informe actuarial detalla que existen tres regímenes de pensiones que benefician al trabajador de la UNA: el del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social; el de capitalización y el de reparto, estos dos últimos del Magisterio Nacional.

La mayoría pertenece al régimen del IVM. Según el informe, quienes pertenecen al régimen de capitalización tienen mayor disposición a jubilarse dado que pueden gozar de una pensión "más elevada";  en contraposición de los otros dos regímenes que "aumentan su cantidad de personas de manera galopante".

El estudio indica que esta menor predisposición a jubilarse para poder amarrar un poco más de ingresos elevará los gastos salariales "de manera exponencial", incluso cuadruplicándose en los próximos 25 años.

Mayor edad, implica también mayores gastos en pagos de pluses asociados a los años de trabajo, como por ejemplo anualidades.

En la actualidad, más del 50% de gastos pagados por anualidad se destinan a la población mayor de 50 años, cerca de un 30% a quienes tienen entre 40 y 50 años y el resto para los menores de 40.

El pago por dedicación también tiene su principal componente en este grupo poblacional como más del 50%.

Al respecto, el informe concluye:

Queda en evidencia que, exceptuando prohibición, el grupo de personas con más de 50 años son los que gozan de más pluses salariales, representando más del 50 % de lo gastado en la universidad por estos rubros. Ante una situación de este tipo, no es sostenible la acumulación de trabajadores en este grupo de edad, empero, es lo que está ocurriendo"

Alternativas

Ante esta situación el documento expuso algunas recomendaciones. Para el caso del desincentivo a jubilarse se recomendó considerar la creación de un rubro dentro del presupuesto que funcione como pago de complemento de la pensión.

La idea consistiría en obligar a los trabajadores a cotizar una parte de su salario para dar contenido al complemento.

Otra opción sería crear un fondo solidario con cargo al presupuesto universitario

"La idea sería lograr que los empleados que hoy tiene muchas anualidades y demás pluses, alcancen una pensión lo suficientemente elevada como para verse motivados a jubilarse", indica el documento.

También se propuso que el fondo de cesantías capitalice sus reservas, dado que actualmente se le devuelve a los empleados las ganancias por intereses, lo cual a largo plazo implica dejar el fondo sin ganancias o con pérdidas reales. Esto se traduce en una "pérdida" para la UNA equivalente a ₡1.200 millones anuales.

Según el Rector, este estudio "evidencia la dependencia que tiene la UNA de los ingresos del FEES, variable sobre la cual inciden múltiples factores, "la mayoría de ellos fuera del control de la institución, razón por la que el modelo de este estudio actuarial no pretende predecir el FEES futuro que tendrá la UNA; en su lugar este modelo realiza proyecciones para determinar el nivel del FEES necesario para que la universidad mantenga la condición de equilibrio".

La UNA, tanto a nivel docente como estudiantil, así como el resto de universidades estatales, se han unido los últimos días a protestas contra el Poder Ejecutivo debido a la forma en que se condicionó el uso de ₡70 mil millones del FEES del próximo año para obras de infraestructura. La comunidad universitaria alega que esto compromete la forma en que se financiarán su operación, aunque parte del acuerdo firmado con Hacienda para la distribución de esos recursos incluía esta obligación.