Asamblea rechaza observaciones de Chaves y envía pensión anticipada del OIJ y reglamentación de leyes a Sala IV
- Resello requiere de mayoría calificada de 38 votos
- Magistrados cuenta con plazo de ley de un mes para emitir resolución por lo que el tema quedará para el próximo Congreso
La Asamblea Legislativa, por mayoría, envió a consulta a la Sala Constitucional los vetos totales interpuestos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, a los proyectos de pensión anticipada para agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la ley para garantizar la reglamentación de las leyes por parte del Poder Ejecutivo.
Esto se dio en medio de la protesta de la fracción oficialista, cuyos diputados pretendían que los textos se votaran hoy en el Plenario para definir si se resellaban o no, con la intensión de archivarlos.
Ambos textos cuentan con vetos totales por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad. Tras la aplicación de este recurso, los proyectos regresaron al Congreso y se remitieron, vía votación, a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que, a través de informes separados, recomendó al Plenario ignorar loas objesiones de inconstitucionalidad del Ejecutivo y someter los textos a consulta del órgano constitucional.
Se opusieron a consultar a la Sala IV el veto de reglamentación de leyes los oficialistas y el independiente Leslye Bojorges León. Mientras que para pensión anticipada rechazaron el envío del texto de pensión del OIJ también los oficialistas, Bojorges León y el independiente Gilberth Jiménez Siles.
Oficialismo apeló decisión
No obstante, los diputados oficialistas presentaron una apelación en el Plenario contra la decisión del presidente legislativo, Rodrigo Arias, de someter a votación el envío de los textos a consulta de constitucionalidad. Este recurso se rechazó.
El principal argumento de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, trató de que la comisión dictaminadora debía remitir los textos a consulta tras emitir el informe, y no el Plenario.
Según la exposición de Cisneros, en el Plenario se debía votar para resellar los proyectos —si se alcanzaban los 38 votos necesarios— o, en caso contrario, archivarlos si no se lograba la mayoría calificada.
La oficialista calificó las leyes como "adefesios" y cuestionó ambos proyectos. Sobre la pensión para el OIJ, señaló que no se explica cuántos agentes podrían jubilarse, mientras que criticó la disposición del otro texto que obliga a reglamentar las leyes en un plazo máximo de seis meses.
A la Sala IV
Sin embargo, Arias defendió la resolución de la presidencia del Congreso, al afirmar que la consulta debía ser conocida y votada por el Plenario. Además, recalcó que, al tratarse de un veto total por motivos de constitucionalidad, el expediente debe enviarse a la Sala IV antes de votar un eventual resello, con el fin de evitar vicios de procedimiento.
Con la aprobación de las consultas, los magistrados tendrán un plazo de un mes para emitir su resolución sobre ambos textos. Por ello, las iniciativas retornarían posteriormente al Congreso y quedarían en manos de los diputados entrantes.
A esto se suma que, a partir del 1.º de mayo, asumirá una nueva bancada oficialista de 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes de seguir la línea de Cisneros, se opondrían a ambas inicitivas.
Para el resellar una ley se requiere una mayoría calificada de 38 votos.
Los vetos
Pensión anticipada del OIJ
La Asamblea Legislativa ya había aprobado en segundo debate, con 40 votos a favor y 7 en contra, el expediente 22.817, que permite la pensión anticipada para agentes del OIJ a partir de los 55 años. Durante esa votación, la fracción oficialista se opuso a la iniciativa.
Posteriormente, el 6 de mayo de 2025, el presidente aplicó un veto total al proyecto por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
En diciembre de ese año, el Congreso aprobó una moción de plazo cuatrienal, que amplía por cuatro años el tiempo para discutir la iniciativa.
Sin embargo, esa votación evidenció que no existe respaldo suficiente para alcanzar los 38 votos necesarios para un eventual resello.
¿Qué establece el proyecto?
El texto permite que los agentes de alto riesgo y con portación de arma del OIJ:
- Se jubilen a partir de los 55 años, aunque no cumplan el tiempo total de servicio
- Reciban una pensión proporcional a su edad y años laborados
- Deben contar con al menos 10 años de servicio en el Poder Judicial
La reforma busca reconocer la naturaleza de riesgo y exigencia del trabajo de los agentes judiciales, brindando condiciones más flexibles para su retiro.
Reglamentación de leyes
El mandatario también vetó, el 28 de febrero de 2025, la Ley para Garantizar la Reglamentación de las Leyes por Parte del Poder Ejecutivo.
El proyecto establece sanciones para jerarcas que incumplan con la reglamentación de leyes, incluyendo la inhabilitación en el cargo de entre 1 y 4 años.
La iniciativa fue presentada por la diputada del PUSC, Daniela Rojas.
El Ejecutivo cuestionó que la propuesta no fue consultada a instituciones autónomas, municipalidades ni a la Corte Suprema de Justicia, pese a que contempla sanciones generales.
Esta ley se aprobó en segundo debate en febrero de 2025 con 39 votos a favor y 8 en contra. Los votos negativos fueron del oficialismo y la diputada socialcristiana Vanessa Castro.