Intromisión de la Presidencia en el Banco Nacional podría ser investigada por diputados

La Asamblea Legislativa buscaría investigar la intromisión de la Presidencia de la República en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), evidenciada en la destitución de la anterior junta directiva de esa entidad bancaria.

Así lo reconocieron los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la independiente Kattia Cambronero.

Lo primero que valorarán los legisladores serán las declaraciones que obtengan de los siete directivos cesados el pasado 28 de mayo por el primer vicepresidente, Stephan Brunner, en una próxima audiencia ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. En esa sesión, los exdirectores explicarán las razones por las cuales consideran que la Casa Presidencial los destituyó.

“En función de lo que ellos vayan declarando, nosotros estaremos obteniendo más elementos objetivos para poder tener una mayor solidez en una eventual convocatoria a una investigación completa con respecto al banco más importante que tienen los costarricenses”, explicó Nicolás, quien propuso llamar en audiencia a la junta directiva destituida.

Castro reiteró que, si de la audiencia surge la necesidad de abrir una investigación que conduzca a la elaboración de un informe, lo apoyaría.

La diputada Cambronero aseguró que la convocatoria a los miembros de la junta directiva cesada tiene como propósito “entender con más detalle las razones de la destitución” para determinar si se requiere una investigación más profunda y cuáles otros actores del Poder Ejecutivo deberían ser convocados para dar respuesta a las inquietudes.

La anterior junta directiva del BNCR fue destituida por la Presidencia de la República tras el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general de la entidad bancaria, efectuado el 3 de septiembre de 2024.

Distintos oficios enviados por la Secretaría del Consejo de Gobierno a la junta directiva destituida del Banco Nacional evidencian presiones de la Presidencia de la República en el proceso de selección del gerente general, especialmente en agosto de 2024.

Así se documenta en el segundo recurso de amparo interpuesto por el abogado Rodolfo Brenes ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y Brunner, por la destitución de los directivos.

¿En qué se centraría?

En caso de acordarse la apertura de una investigación, los congresistas coincidieron en que esta debería centrarse en la intromisión de la Presidencia en decisiones internas del BNCR, en la legalidad de las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo y en los riesgos que ello implica para ese banco comercial, el más grande de Costa Rica y el tercero de América Central por activos.

Castro señaló que es fundamental enfocar la investigación en la legalidad de la destitución de la anterior junta directiva, así como en el posterior nombramiento de los directivos temporales, anunciado y juramentado por el presidente Rodrigo Chaves ese mismo 28 de mayo.

Además, indicó que en ese escenario se debería prestar especial atención a los atestados de los nuevos directores y al cumplimiento de requisitos como el de idoneidad, que podrían haberse vulnerado en el proceso de nombramiento.

“Una junta directiva de un banco es sumamente importante y se requiere que llegue gente con vasta experiencia a tomar decisiones que afectan a miles de costarricenses que tienen sus créditos en los bancos y dependen de ellos para una serie de necesidades”, aseguró la socialcristiana.

Incluso, la diputada Montserrat Ruiz, del PLN, solicitó este lunes a la superintendente general de entidades financieras, Hazel Valverde, evaluar si los nuevos directores cumplen con el requisito de idoneidad fijado por la normativa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

“Ello evidencia que la actuación del Consejo de Gobierno constituye una desviación de poder al apartarse de los fines que la norma persigue, sin perjuicio de la eventual comisión de ilícitos como el abuso de autoridad o un posible prevaricato, cuya calificación jurídica, determinación de responsables y eventuales complicidades corresponde, en su caso, al Ministerio Público”, señaló Ruiz.

Para Nicolás, una eventual investigación sobre la injerencia de la Casa Presidencial en el Banco Nacional debe tener como uno de sus principales objetivos los riesgos que podría implicar una desestabilización en la gobernanza de la entidad.

“También es necesario determinar cómo, a través de un cambio de junta directiva y el nombramiento de nuevos directivos que no cumplen con los requisitos, se podría llegar hasta las juntas de crédito y, a partir de ahí, echar mano a los dineros de los ahorrantes costarricenses para dirigirlos a financiamientos de campañas políticas inseguras y sin mayor respaldo numérico de los partidos chavistas”, advirtió el liberacionista.

¿A quiénes pedirían explicaciones?

Los legisladores reconocieron que, si se abre la investigación, también se llamaría a rendir cuentas a los jerarcas del Gobierno involucrados en la intromisión en el Banco Nacional.

“Luego de recibir en audiencia a las funcionarias y funcionarios del Banco Nacional, desde la Gerencia hasta la actual Junta Directiva, sigue buscar a los responsables que provocaron esta destitución de la junta directiva anterior”, dijo Nicolás.

Castro reforzó que, en ese caso, se debería convocar en audiencia a los responsables.

“Habría que pensar en el Gobierno, a quién llamar específicamente, que no se convierta en un show político, pero que permita llegar a esclarecer la verdad real de los hechos”, agregó.