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Gobierno planea pagar menos del 2% de la deuda con la CCSS en 2026

El Gobierno le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de ₡4.4 billones

Por Ambar Segura | 22 de Oct. 2025 | 5:51 am

El Gobierno le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de ₡4.4 billones, pero para el 2026 presupuestaron pagar menos del 2% del monto adeudado.

Un informe de la Auditoría de la CCSS, reveló que para el 2026 el Ministerio de Hacienda solamente presupuestó ₡85 mil millones para atender la deuda, lo cual representa un 1,9% del total.

"Esta brecha presupuestaria plantea serias limitaciones para la recuperación efectiva de los recursos por parte de la CCSS, y adicionalmente repercutirá en el crecimiento de los saldos adeudados para el siguiente año", aseguró Olger Sánchez, auditor, en el informe.

Rodrigo Chaves y su exministro de Hacienda, Nogui Acosta, han demostrado el nulo interés en cancelar la deuda. De hecho, Chaves comparó a la CCSS con una estafa.

"La Caja es un canasto y una persona sabia no echa agua en un canasto (…) Nosotros no vemos darle más dinero a un sistema que actuarialmente está diseñado para que quiebre, porque no incorpora el hecho de que nos estamos haciendo más viejos, la tasa de fertilidad decayó y probablemente siga decayendo, y por lo tanto es un sistema Ponzi o un sistema pirámide", manifestó.

Otra de las excusas utilizadas por el Gobierno para no honrar la deuda son dudas con respecto al monto. Entre el monto registrado por la CCSS y el del Poder Ejecutivo existe una discrepancia de ₡3.24 billones debido a que utilizan metodologías distintas para calcularlo.

Por otro lado, el informe revela que el flujo de efectivo para el seguro de salud tiene "señales de alerta". La Dirección Financiero Contable  registró una disminución del 4,26% en las cuotas estatales y una caída del 16,82% en los ingresos por la atención a pensionados.

Como gestión de cobro, la CCSS ha iniciado procesos administrativos y judiciales para recuperar montos derivados de leyes como la del control del tabaco. Respecto a la Ley sobre sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y la del Control del Tabaco, el Estado adeuda ₡1.191 millones y ₡65.432 millones, pero el Ministerio de Salud ha solicitado revocatoria.

A pesar de las solicitudes de Salud, la Gerencia Financiera de la CCSS mantiene en firme el proceso judicial. Entre el 31 de mayo de 2024 y la misma fecha de 2025, la deuda creció ₡580 mil millones, es decir, un 15%.

Deuda y ERP-SAP

El informe también revela que la implementación del sistema informático ERP-SAP impide a la CCSS actualizar el monto de la deuda que mantiene el Estado con la institución.

Los últimos datos que tiene la institución son del 31 de mayo, ya que el ERP-SAP se implementó el pasado 2 de junio. De acuerdo con el órgano auditor, el sistema impide recopilar los datos necesarios para facturar la deuda estatal.

Para la CCSS es indispensable contar con la información para medir el comportamiento de la deuda, ya que representa una de las fuentes de ingresos para financiar los seguros de salud y pensiones.

La falta de datos limita la capacidad de la CCSS para responder a solicitudes planteadas por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República (CGR), Auditorías Externas, Superintendencia de Pensiones y otras entidades.

"La Gerencia Financiera se encuentra limitada de disponer de información confiable y oportuna para ejercer una gestión cobratoria eficaz de las obligaciones financieras que el Estado mantiene con la CCSS, aspecto que resulta de particular relevancia, en virtud de que dichas trasferencias servirán de insumos para obtener los recursos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios de salud y pensiones", estableció el auditor.

Para Sánchez, la CCSS debe adoptar, de manera impostergable, medidas que fortalezcan la trazabilidad contable. Además, en el informe del 7 de octubre dio un plazo de dos meses para atender la situación.

El sistema informático ha generado múltiples fallas en los sistemas de la CCSS, afectando aspectos como inventarios, pago de incapacidades, emisión de facturas, entre otros. Pese a las alertas de los entes técnicos, la Junta Directiva, presidida por Mónica Taylor, se opone a frenar el fallido sistema.

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